sábado, 27 de febrero de 2010

El colapso del registro civil de Dénia bloquea 250 expedientes

Los inmigrantes tras jurar la nacionalidad quedan en un limbo administrativo pues tardan dos años en tener DNI.

El registro civil de Dénia se enfrenta, por la falta de personal, a una situación de colapso sin precedentes. Fuentes del registro aseguraron ayer que más de 250 expedientes de nacionalidad se acumulan en las estanterías. También indicaron que numerosos inmigrantes, tras tres años de trámites, pueden jurar su nacionalidad, pero deben esperar otros dos años para obtener el DNI, pues ese es el tiempo que se tarda en inscribir la partida de nacimiento en el registro civil y enviar al domicilio la carta que certifica dicha inscripción. Durante ese tiempo, los inmigrantes están en un limbo administrativo.

Solo tres personas en plantilla
El colapso, según las mismas fuentes, responde a que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha reducido la plantilla del registro civil de Dénia, que ahora sólo dispone de tres personas. Esta menguada plantilla debe tramitar nacimientos, matrimonios, defunciones, certificados y nacionalidades de toda la comarca.
Fuente: www.levante-emv.com

El juzgado de Familia ultima los trámites para ofrecer de inmediato la mediación

Los abogados ratifican junto a la Generalitat y el Poder Judicial el borrador del proyecto que intenta reducir los casos que llegan a juicio.

El proyecto de mediación familiar que se llevará a cabo en el juzgado de Familia de Elche inicia ya su cuenta atrás para convertirse en realidad. Tras meses de espera y de búsqueda de alternativas económicas para poder llevarlo a cabo, el Colegio de Abogados de la ciudad, la Conselleria de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han firmado ya el borrador de esta medida.
La iniciativa, insistentemente demandada por los diferentes profesionales de la localidad, supone una medida complementaria a la vía judicial, en la que se pretende fomentar la vía del diálogo y el acuerdo entre las partes para evitar que los casos tengan que solucionarse en una sala de vistas.
El protocolo de actuación, que se activará en Elche de manera pionera en toda la Comunidad Valenciana, se ofrecerá para aquellos procedimientos relacionados con rupturas matrimoniales o con la situación en la que quedan los menores.

Servicio especializado
La decana del Colegio de Abogados de Elche, María del Carmen Pérez Cascales, explicó que el borrador de este plan de mediación se ratificó hace escasos días de manera conjunta por las tres instituciones, por lo que tras su aprobación por el pleno del Consejo su aplicación se llevará a cabo de forma inmediata, "por lo que contamos con que, de no haber ningún contratiempo, nada más se apruebe pueda comenzar a funcionar".
Para poder ofrecer este servicio, que se presta de manera voluntaria a las partes enfrentadas, Elche cuenta ya con una cantera de profesionales especializados en esta materia. El Colegio de Abogados de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche han impulsado una formación en esta parcela, que el pasado año graduó a su primera promoción -un total de 31 estudiantes- que recibieron su título académico en una ceremonia celebrada el pasado viernes en el salón de actos del colegio, con motivo de los actos en honor al patrón de los letrados San Raimundo de Peñafort.
De igual manera, este año se ha vuelto a ofrecer un segundo curso académico para continuar formando a profesionales en este apartado.
Este personal especializado será así el encargado de reunirse con las diferentes partes e intentar llegar a una solución conciliadora que evite, además, tensiones y confrontación en el seno de los propios hogares, así como evitar la "judicialización" de asuntos que podrían "llegar a buen puerto por otras vías", subrayaron.
Fuente: www.diarioinformacion.com

La crisis duplicó las peticiones de justicia gratuita en 2009

La crisis económica ha provocado que se dupliquen en 2009 el número de solicitudes de justicia gratuita, especialmente en el área de Civil, que experimentó un incremento del 48,57 por ciento al pasar de 4.560 peticiones en 2008 frente a las 6.775 del pasado año. Así lo indicó ayer el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Francisco Real, durante la presentación de la memoria colegial de 2009, donde también se aprobó una dotación presupuestaria extraordinaria por valor de 300.000 euros para su Fundación Asistencial.
Respecto a la justicia gratuita, Real explicó que "son muchas las personas que han tenido que solicitar un abogado de oficio para resolver sus problemas económicos en un año ciertamente duro".
Fuente: www.levante-emv.com

La reforma judicial deja en el aire más de 35.000 pleitos vinculados a la crisis

Los jueces piden medidas para que todos estos procedimientos no queden aparcados cuando en mayo se implanten los nuevos juicios rápidos civiles.

El destino de los más de 35.000 pleitos que tienen pendientes los juzgados civiles de la provincia, la mayoría relacionados con la crisis, preocupa a jueces, abogados y procuradores cuando el 5 de mayo entre en vigor la nueva reforma de la Justicia. A partir de esa fecha, deberán implantarse los juicios rápidos civiles y el personal de estos juzgados será drásticamente recortado para integrarse en servicios comunes que tratarán de agilizar los nuevos procedimientos. Todos los esfuerzos se volcarán en agilizar las últimas demandas, pero no hay nada previsto todavía sobre el papel para dar salida a todo lo que está aún pendiente, según han manifestado magistrados del Palacio de Justicia de Benalúa. El temor es que todos estos pleitos queden en un limbo y que se resuelvan en los ratos libres del personal.
Ni los sistemas informáticos para tramitar estos asuntos van a ser los mismos, ni los métodos de trabajo, ya que en los juzgados se quedarán sólo el juez y el secretario con un mínimo personal de apoyo. Buscar soluciones a este problema ha sido el objetivo de las reuniones que han celebrado los magistrados alicantinos con los responsables del Consejo General del Poder Judicial, así como con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ).
Según las proyecciones de los datos presentados en la última memoria del TSJ, en estos momentos los juzgados de toda la provincia tienen pendientes de resolver más de 35.000 asuntos civiles, en su mayoría pleitos relacionados con la crisis económica: reclamaciones de deudas, desahucios, embargos, etcétera. El hecho de que aún no se conozcan los planes de la Conselleria de Justicia para desarrollar la nueva oficina judicial, no ha hecho más que incrementar esta preocupación.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha presentado al TSJ un informe sobre las exigencias concretas que necesitarán los juzgados alicantinos para aplicar la reforma. Magro aboga por una aplicación escalonada de la nueva oficina, mientras se va dando salida a lo que aún está pendiente. "Tenemos el compromiso de que el sistema informático va a permitir seguir trabajando durante un tiempo con los dos sistemas", señaló. Asimismo, Magro ha propuesto nombrar jueces de refuerzo con el objeto de ir dando salida a todos los asuntos no resueltos.
El presidente de la Audiencia quiere establecer un tope diario de juicios rápidos por cada juzgado para evitar problemas de saturación, de manera que cuando se haya alcanzado ese límite el pleito salte directamente al juzgado siguiente. El objeto de los juicios rápidos serán los divorcios, reclamaciones de deudas y desahucios, asuntos que suponen el 50% de los pleitos civiles. Para sacarlos adelante se crearán oficinas de señalamientos inmediatos en Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm y Dénia. Magro pide en el informe que se ponga en cada una de estas oficinas a un mínimo de dos secretarios judiciales.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Alicante: Petición de servicios comarcales

Otro de los puntos que preocupa a los jueces alicantinos es qué va a pasar con los juzgados de pequeñas poblaciones que difícilmente van a poder asumir la creación de las grandes oficinas comunes que supondrá la nueva oficina judicial. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, ha abogado por la creación de servicios de carácter comarcal para suplir estas carencias. De esta manera, la oficina de Alicante abarcaría también a San Vicente; la de Benidorm a Villajoyosa; Alcoy a Ibi; y Elda a Novelda y Villena. Desde estas dependencias se controlaría los actos de comunicación de los juzgados, así como la ejecución de sus resoluciones. Para estos departamentos se propone también un sistema informático que permita controlar a los presos que se encuentren encarcelados de manera preventiva, los condenados y el control de las órdenes de busca y captura.
Otro aspecto en el que incide el presidente de la Audiencia es en la creación de sistemas de grabación en todas las salas de vistas. En este momento, sólo los juzgados civiles tienen cámaras. El resto de salas carecen de estos sistemas a pesar de que a partir del 5 de mayo su uso va a ser obligatorio. De lo contrario, los secretarios judiciales tendrán que seguir entrando a todos los juicios y no quedarán liberados para ocuparse de organizar la agenda del juzgado. Por último, Vicente Magro insiste en la necesidad de que se creen en todas las Audiencias oficinas dedicadas a controlar la ejecución de las penas alternativas a la prisión, como trabajos en beneficio de la comunidad o los cursos de reeducación.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Elche: El Mercantil inicia su rodaje

El juzgado cumple su primer mes de funcionamiento en Elche con la entrada de una veintena de asuntos y diversas carencias tecnológicas y de servicios.

El juzgado de lo Mercantil con sede en Elche ha cumplido su primer mes de funcionamiento en la ciudad con un total de veinticinco asuntos registrados, la mitad de ellos relacionados con procedimientos concursales pertenecientes al sector inmobiliario y a pequeñas y medianas empresas de la zona de Elche, Orihuela y Torrevieja. Una andadura no exenta de contratiempos motivados por los problemas informáticos y de comunicaciones, así como por las demoras arrastradas desde su inauguración en la incorporación del personal.

N. IGLESIAS En plena fase de asentamiento. El juzgado de lo Mercantil de Elche cumple su primer mes de rodaje en la ciudad con más de una veintena de asuntos registrados y diversas carencias de personal y medios técnicos pendientes de solución desde su apertura al público.
El nuevo juzgado, el número 3 de Alicante, con sede en Elche, ha comenzado así a prestar servicio con la recepción de 25 asuntos, la mitad aproximadamente relacionados con procedimientos concursales procedentes de sectores como el inmobiliario y la pequeña y mediana empresa. Un comienzo más sosegado del que se preveía en un principio, especialmente por el aumento de los concursos de acreedores como consecuencia de los efectos de la crisis, según fuentes del juzgado.
Pese a la radiografía actual, se espera que en los próximos meses las estimaciones de entrada de asuntos se vayan cumpliendo, ya que, hasta la fecha y ante la carencia de un órgano especializado en esta jurisdicción para la zona -que comprende Elche, Orihuela y Torrevieja-, las causas se estaban derivando a los dos mercantiles de Alicante, representando el 40% del total de casos abordados, cerca de 3.600 en 2009, según el balance de la Conselleria de Justicia.
El desconocimiento de la posibilidad de tramitar ya en Elche los procedimientos está teniendo, según las mismas fuentes, su efecto en el volumen de entradas y ha provocado hasta la fecha tres inhibiciones a favor del Mercantil de la ciudad por asuntos remitidos de manera errónea a los órganos alicantinos.
Junto a las cuestiones puramente jurídicas, el Mercantil capea desde su inauguración, el pasado mes de enero, con diferentes carencias de medios y servicios tecnológicos que están afectando al buen funcionamiento de las dependencias.
La ausencia desde su apertura de un funcionario de auxilio, cuya incorporación se materializó hace unos días, afectó de manera importante al funcionamiento de algunas parcelas. Tareas relacionadas con la recogida del correo y las notificaciones que se han visto perjudicadas, además, por los necesarios desplazamientos a la antigua sede judicial, donde se encuentra el Decanato y el Servicio Común de Notificaciones, ya que los juzgados de lo Mercantil y lo Contencioso se han desplazado con anterioridad al resto de órganos a la nueva sede del Palacio de Justicia. Para cubrir los trayectos se ha dispuesto de forma provisional de un vehículo tres días a la semana. Una medida que por las características de los asuntos que aborda el juzgado también está causando incidencias.
A la lista de asignaturas pendientes, se suma también la falta de materiales básicos para el trabajo, así como la ausencia de cursos específicos de formación para el equipo de este órgano de "especial complejidad". Una tarea de supervisión que están realizando los responsables del juzgado y que, según las mismas fuentes, se está subsanado gracias a la "gran capacidad de trabajo y de servicio de los funcionarios", para quienes esta parcela era completamente desconocida.

Problemas con la red
El nuevo juzgado de lo Mercantil de Elche no ha escapado a los problemas informáticos. Desde su apertura, los fallos en las conexiones telefónicas y con el servidor han dejado fuera de uso los equipos generando demoras en las consultas que tramitan los profesionales, al no poder acceder a las aplicaciones con las que se trabaja en la administración de Justicia.
En el caso de estas instalaciones, la situación presenta mayor complejidad, ya que, al estar en obras el edificio, las limitaciones para realizar las revisiones requieren más tiempo y permisos, según las fuentes consultadas. El Mercantil y el Contencioso comparten de manera provisional, hasta que finalice la construcción del Palacio de Justicia, el área destinada al juzgado de Guardia en la nueva sede judicial ubicada en el barrio de Los Palmerales.

Fuente: www.diarioinformacion.com

martes, 23 de febrero de 2010

STAS- Intersindical Valenciana inicia una serie de movilizaciones por la negociación de la Nueva Oficina Judicial



STAS-Intersindical Valenciana inicia una serie de movilizaciones para reclamar la voz que los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia han de tener en el proceso de reforma de la nueva oficina judicial.

POR LA UNIDAD DE ACCIÓN

Desde STAS-Intersindical Valenciana esperamos que el resto de organizaciones sindicales deje de un lado sus diferencias y se unan con un único objetivo: la defensa de las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de las continuas agresiones a nuestros derechos y la exigencia de participación en el proceso negociador.


PARTICIPA EN LAS CONCENTRACIONES:

Castellón: 4 de marzo

Valencia: 10 de marzo

Alicante: 24 de marzo

¡¡¡NO ESPEREMOS A QUE NOS LO DEN TODO HECHO Y PACTADO !!!

¡¡¡EXIGIMOS NUESTRA PARTICIPACIÓN !!!

¡¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS !!!



PARTICIPA EN LES CONCENTRACIONS:

Castelló: 4 de març

València: 10 de març

Alacant: 24 de març

NO ESPEREM A QUE ENS HO DONEN TOT FET I PACTAT !!!

EXIGIM LA NOSTRA PARTICIPACIÓ !!!

DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS !!!



viernes, 19 de febrero de 2010

STAS-Intersindical Valencian: por la mejora de la Justicia



LUNES 22 DE FEBRERO
DE 11 A 11´30
CONCENTRACIÓN EN LA PUERTA PRINCIPAL
En todas las capitales de provincia.


BOE: Comisión mixta Secretarios y Comunitat Valenciana, ¿ y los Funcionarios?


Comunitat Valenciana. Convenio
  • Resolución de 29 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia y la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, por el que se crea la "Comisión Mixta de Secretarios Judiciales y la Comunitat Valenciana".

Una avería deja sin calefacción varios juzgados de Benalúa en pleno temporal de frío


El "apagón ambiental" se ha venido produciendo en las zonas en las que se ha ido gastando el gas con el que se abastecía este sistema para regular la temperatura.

En plena ola de frío, varios juzgados y los despachos de la Fiscalía del Palacio de Justicia de Benalúa se han quedado sin calefacción, según denunciaron varios trabajadores del edificio. El "apagón ambiental" se ha venido produciendo en las zonas en las que se ha ido gastando el gas con el que se abastecía este sistema para regular la temperatura.
El personal ya empieza a ver con recelos la situación y comienza a pensar que el suministro del gas es otro de los innumerables proveedores a quien todavía no ha pagado la Conselleria de Justicia. Sin embargo, otras fuentes señalaron que el problema es de mayor gravedad, ya que el sistema ambiental se ha quedado obsoleto y requiere una inversión para ser renovado en su totalidad. Las deficiencias están motivando que se vaya la luz cada vez que se intenta poner en marcha la instalación que distribuye el aire caliente.
Como consecuencia de esta situación, algunos funcionarios han optado por llevarse desde casa algunos calefactores a fin de hacer más llevadera la temperatura. "Esto no es algo que se vaya a arreglar rápido, así que sólo podemos esperar que mejore el tiempo rápido", aseguraron ayer desde fuentes del Palacio de Justicia. Otros ironizaban con el hecho de que en verano lo que falla es el aire acondicionado. En el destacamento de la Fiscalía en el edificio todas las puertas estaban cerradas a cal y canto, pero no porque se estuvieran tratando asuntos del máximo secreto, sino para evitar que se fuera el calor que generaban las estufas que el personal se ha traído desde casa.
Por el momento, desde la Conselleria de Justicia ayer se comprometieron a que a partir de hoy se iban a repartir calefactores en las zonas donde más se necesitaran del edificio.
Fuente: www.diarioinformacion.com

El papel de la Justicia


El 95% del trabajo judicial se sigue haciendo en papel pese a que en mayo entra en vigor la reforma que prevé la informatización total.

Las virtudes de la nueva era digital no han llegado a la Administración de Justicia donde el 95% del trabajo que se hace sigue utilizando el papel. Todo ello a pesar de que el 5 de mayo entra en vigor la reforma que pretende modernizar la Justicia y reemplazar los folios por documentos informáticos. Sin embargo, los obsoletos servidores impiden aplicar la medida.

En plena era de la revolución tecnológica y del iPad, el papel sigue siendo el principal método de trabajo de los juzgados de la provincia. Un 95% de las labores que se hacen siguen requiriendo el papel. El dato no es anecdótico porque el próximo 5 de mayo entra en vigor la reforma que implantará el nuevo modelo de la oficina judicial, cambio que persigue la modernización de la Justicia. Entre otras cosas, la medida supondrá la desaparición del uso del papel que será reemplazado por soportes informáticos. Sin embargo existe inquietud entre jueces y secretarios judiciales porque los sistemas informáticos no están preparados para aplicar la reforma, ni se conocen los planes de la Conselleria para modernizar la red. "Si tenemos problemas para que traigan estanterías, ¿no va a pasar lo mismo para ampliar todos los servidores?", se pregunta un secretario judicial.
Esta situación no sólo genera problemas de espacio en los juzgados, que diariamente se ven devorados por montañas de papeles, sino también impiden que la Administración de Justicia pueda beneficiarse de la aplicación de las nuevas tecnologías en sus métodos de trabajo.
Desde hace unos meses, ha comenzado a funcionar de manera experimental un sistema informático para que los procuradores puedan recibir las notificaciones de los juzgados a través de internet, así como presentar escritos. Primero comenzó funcionando en los juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil. Según las fuentes del Palacio de Justicia, este periodo de pruebas se ha encontrado con el problema de que los servidores se bloqueaban ante el gran volumen de información manejada. Desde el pasado mes de diciembre, la experiencia se ha ampliado también a la Audiencia Provincial.
Sin embargo, los métodos de funcionamiento interno de los juzgados siguen basándose en el papel. La situación es tan paradójica que se da el caso de que las personas a las que los jueces acuerdan ingresarlos en una residencia por problemas mentales se notifica la resolución por internet al procurador y a la Fiscalía en papel. El ministerio público tiene en la Audiencia una sala totalmente atestada de expedientes por estos casos y está buscando sitio donde seguir almacenándolos, ya que se trata de documentos que se usan muy frecuentemente.
Tampoco hay una interconexión entre las bases de datos de la Audiencia y los juzgados de Benalúa. Cuando una sentencia de un juzgado de lo Penal se apela a la Audiencia, el juez no tiene acceso a la resolución en su ordenador. Debe consultar el expediente completo en papel. Los magistrados reconocen que aunque todo lo que escriben se queda almacenado en sus equipos, en el fondo son simples carpetas en el interior del disco duro, que no pueden recuperarse para las bases de datos.
Otro de los aspectos más importantes de la nueva oficina judicial es que da más competencias a los secretarios para descargar de trabajo a los jueces, de tal manera que éstos puedan dedicarse a celebrar juicios y dictar sentencias. Uno de los hechos con lo que se quiere hacerlo posible es colocando cámaras para grabar los juicios, de manera que el secretario no tenga que estar presente durante toda la vista. Así podrá dedicarse a organizar los procedimientos y agilizar la agenda. El problema es que las salas de vistas todavía carecen de estos equipos de grabación. Tampoco el sistema informático permite que el secretario pueda levantar acta certificando que toda la grabación es correcta, lo que supondrá que va a tener que seguir asistiendo a los juicios.
También tiene preocupados a los responsables judiciales de Benalúa y la Audiencia la duda de si el sistema informático tendrá la suficiente capacidad para almacenar las vistas.
El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, señaló que el edificio de Pardo Gimeno va a ser el que menos problemas tendrá a la hora de adaptarse a la nueva situación, ya que es más moderno. Otra cosa son las dependencias de enfrente donde van a ser necesarias reformas para poder llevar a la práctica a estos cambios. Además de modernizar la red, hay que buscar espacio para tres grandes salas que van a albergar servicios comunes para todos los juzgados con el objetivo de agilizar el trabajo. El juez y el secretario se quedarán con un mínimo personal de apoyo para sacar adelante los procedimientos judiciales.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Audiencia de Alicante: De sorpresa en sorpresa

Muebles y enseres se apilan en los pasillos de la Audiencia Provincial ante la falta de espacio para habilitar despachos a los nuevos magistrados.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, criticaba la semana pasada que las instalaciones de la Audiencia de Alicante eran insalubres e indignas. Estas palabras tuvieron la inmediata respuesta del secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, quien dijo que se sentía "sorprendido" por esas declaraciones. A su vez, pocos días después, la portavoz del CGPJ le contestaba diciendo que "me sorprende que se sorprenda", habida cuenta de que Cabré ha sido fiscal en Alicante y conoce perfectamente cuál es la situación del edificio de la Audiencia. Y así, de sorpresa en sorpresa, es lo que podría resultar de un recorrido por las instalaciones de esta sede judicial.
Mobiliario acumulado en mitad de un pasillo, cuartos de baño de funcionarios usados para almacenar aparatos de aire acondicionado en desuso, material de oficina gastado apilado en la escalera de salida de incendios. Una situación que se denuncia desde hace años y que cuanto más se demora el proyecto para ejecutar la Ciudad de la Justicia, más pone de manifiesto las carencias del viejo edificio.
Los últimos problemas de espacio han venido tras el nombramiento de dos magistrados más para la Audiencia a finales del pasado 2009 y es que en el edificio no había espacio físico donde ponerles despacho. Finalmente se les ha hecho hueco en las instalaciones donde se reúnen los jurados para deliberar. Estos muebles se han apilado en la última planta del edificio, junto a la salida de los ascensores de uso interno de la Audiencia. Se trata de una zona apartada de las áreas de atención al público, aunque perfectamente accesibles para cualquier visitante ya que se encuentra frente al Tribunal de Marcas, un juzgado que se suponía que iba a ser emblemático por ser el único con competencias en toda España para juzgar pleitos con conflictos de marcas comunitarias. No son accesibles al público los cuartos de baño destinados a los funcionarios, motivo por el que estos habitáculos son también lugar donde apilar el material que no se sabe qué hacer con él, como los viejos aparatos de aire acondicionado.
La Audiencia también tiene problemas hasta para que se lleven al archivo provincial las sentencias y resoluciones de casos ya cerrados. Las cajas llevan más de un año apilándose en las dependencias sin que sepan cuándo se las van a llevar porque en el archivo se han quedado sin estanterías.
La nota para el optimismo la pone el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, que recientemente se ha entrevistado con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para interesarse sobre la marcha del proyecto de la Ciudad de la Justicia. Magro aseguró que la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Justicia para la cesión del suelo es inminente, por lo que las obras podrían comenzar antes del verano.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Traductores y jueces exigen intérpretes cualificados por la falta de garantías procesales

Justicia subcontrata a empresas privadas las labores de interpretación
En la C. Valenciana sólo hay tres funcionarios titulados en la materia.

"No les interesa el personal cualificado, se mueven por cuestiones de rentabilidad económica", manifestó ayer Juan Miguel Ortega, traductor-intérprete jurado y judicial, además de profesor de la Universitat d'Alacant.
Ortega, junto a otros doce profesionales de la traducción e interpretación, ha firmado un manifiesto a través de la Red Comunica (Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos en España) por el que respaldan las denuncias planteadas por la magistrada del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Pilar de Luna Jiménez de Parga, con relación a "la falta de garantías procesales en los procedimientos judiciales mediados por intérprete debido a la mala calidad del servicio prestado por la empresa responsable de la provisión de traductores e intérpretes".
Ortega recordó que en el caso de la Comunitat Valenciana la privatización del servicio está fragmentada por zonas. La empresa que ha suscitado las quejas en Madrid también trabaja para los juzgados valencianos y para diferentes instituciones europeas y del Ministerio del Interior.
En toda la C. Valenciana sólo hay tres funcionarios intérpretes que provienen de cuando las competencias de justicia las tenía el Estado. Dos trabajan en el Palacio de Justicia de Benidorm y la tercera persona lo hace en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
"Mis alumnos van a observar juicios y vienen escandalizados", explicó Ortega. Su compañera de profesión en la Universitat Jaume I de Castelló, Dora Sales, quien también firmó el comunicado de protesta, señaló que "es una noticia importante que por fin una juez se pronuncie a favor de la calidad de la traducción e interpretación".

Condena por error
De esa profesionalización del servicio depende el futuro de muchos juicios y por extensión de imputados extranjeros. Ximo Bosch, coordinador de Jueces por la Democracia en las comarcas valencianas relató que muchas veces "no se tiene en cuenta si los intérpretes conocen bien el castellano o si tienen conocimientos jurídicos".
Esa situación es bastante habitual. El ciudadano que trabaja como intérprete para la empresa contratada por la administración de justicia habla bien la lengua extranjera pero no matiza correctamente la traducción, algo que resulta vital para el desarrollo de un juicio. "Se detecta que no son profesionales, lo que genera problemas de indefensión, ya que están en peligro los derechos esenciales del imputado. Te pueden condenar por un error en la traducción e interpretación" apostilló Bosch.
Fuente: www.levante-emv.com

Pedro Viguer: ´La lucha política se ha trasladado al poder judicial durante los últimos 25 años´

Su última batalla es la "Plataforma por la despolitización y la independencia judicial". Pedro Viguer lidera en la red un movimiento de base y joven, con una buena dosis de valentía. El 25% de los jueces españoles ya han firmado su manifiesto.

De nuevo el espíritu del Movimiento 8 de Octubre, impulsor de la histórica huelga de la judicatura, se ha hecho fuerte en la red. En este caso, a través de un manifiesto firmado ya por casi mil jueces a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se reclama la resurrección de Montesquieu, la efectiva separación de poderes y la independencia tanto económica como orgánica del Poder Judicial respecto del Gobierno. «La Plataforma por la despolitización y la independencia judicial» se ha puesto en marcha promovida por un joven juez valenciano en la sombra y con el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, como cabeza visible.
Parece un coletazo del Movimiento 8 de Octubre…
No sólo. De 3.700 jueces en España, el 25% de la carrera ya lo ha firmado. Se incide en recuperar nuestro espacio y alejarnos de la influencia política y de los órganos gubernativos.
¿Los jueces están en contra del sistema?
No es un sistema democrático. Entre 1980 y 1985, el sistema establecido por la Constitución española para la elección del órgano de gobierno de los jueces era de ocho miembros por parte del Congreso y el Senado, y doce miembros elegidos por los jueces de forma directa. La reforma en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cambió el sistema y todos los miembros del Consejo los elige el Parlamento. Hubo un recurso de inconstitucionalidad que no prosperó, pero el Tribunal Constitucional advirtió que «hay que tener cuidado porque el nuevo sistema presenta el riesgo de politización del sistema judicial».
¿Cuáles han sido las consecuencias?
En estos 25 años con ese sistema, la lucha política se ha trasladado miméticamente del Congreso y del Senado al Poder Judicial, al órgano de gobierno de los jueces, y las decisiones en el CGPJ se adoptan en clave política, especialmente en cuanto a nombramientos discrecionales.
¿Es lo que ocurrió en el último pleno del Consejo, en el que quedaron vacantes tres presidencias de Tribunales Superiores, incluida la de Valencia?
Se trata de una opinión generalizada y el último pleno del CGPJ fue un claro ejemplo de ello.
Los compañeros están perplejos y hartos, porque se habla sin reparo de jueces de derechas y de izquierdas. Queremos recuperar el sistema originario para evitar la politización judicial. Hay textos del Consejo de Europa que así lo avalan. En concreto, la Carta Magna del Poder Judicial firmada en 2008, que aconseja que todos los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos al menos la mitad por los propios jueces. Creo que somos los únicos en toda Europa que no lo hacemos así en este momento. Por ello, es bueno que se abra un debate nacional.
¿Es un reproche al Gobierno?
Es obvio que hace falta revisar el sistema. Pedimos autonomía presupuestaria del Poder Judicial. No podemos ser económico-dependientes de otro poder. Por ello, también demandamos que se modifique la LOPJ. No nos gusta el sistema que tenemos.
Como en la revolución feminista, ¿la independencia económica es la clave?
Si yo dependo económicamente del Poder Ejecutivo, estaré pendiente de lo que quiera ofrecerme en cuanto a plantillas de funcionarios, el número de juzgados que es necesario crear, el sistema de trabajo o de organización de la Oficina Judicial…?Sin medios no podemos crear al ciudadano confianza en la justicia.
¿Justicia como Poder o como servicio público?
La Justicia es un servicio público esencial. Un mal pleito puede hundir una empresa. Pero, para ello, necesitamos elevar la planta judicial con la creación de más juzgados y más jueces, además de incrementar el presupuesto.
¿Se han cargado a Montesquieu?
Ya lo dijo un insigne político, Alfonso Guerra, y precisamente cuando se aprobó la LOPJ con esta reforma: «Montesquieu ha muerto». Siempre me cayó bien. Pero es que no pedimos nada que no esté escrito. Nuestra propia Constitución lo contempla, importado de la italiana, que garantiza una buena dosis de independencia.
Fuente: www.levante-emv.com

La broma de la consellera a los funcionarios de justicia de Quart

La consellera de Administración Pública y Justicia, Paula Sánchez de León —no se sabe bien si quiso hacer una broma o no— les comentó ayer a los funcionarios de los juzgados de Quart de Poblet que ahora que va a montarse Ikea en Paterna podría hacer un convenio con la empresa sueca para que suministrara el mobiliario. La consellera olvidó en ese momento que estaba en un juzgado y que los muebles de Ikea hay que montarlos en casa después de comprarlos.
Fuente: www.levante-emv.com

Gabriela Bravo: Sorprendida por la "sorpresa" de Cabré

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo ayer, en respuesta a una de las preguntas planteadas por el público, que era ella quien estaba sorprendida por las palabras del secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, que el lunes se mostró "sorprendido" por el hecho de que Bravo considerara insalubres las instalaciones de la Audiencia Provincial.
"No ha sido la primera vez ni tampoco será la última que critique las condiciones en las que están trabajando los jueces, fiscales y funcionarios de ese edificio, ya que no reúnen ni un mínimo de dignidad, ni de salubridad", aseguró, por lo que añadió que "me sorprende su sorpresa".
Bravo había reclamado el traslado urgente de la Audiencia a una sede provisional mientras se ejecuta el proyecto para hacer la Ciudad de la Justicia. Cabré, que fue fiscal en Alicante, replicó que esa solución era un parcheo y que lo urgente era hacer cuanto antes el edificio.
Para la portavoz del CGPJ, las transferencias a la comunidades autónomas de las competencias en materia de Justicia ha generado distorsiones y desigualdades entre distintos territorios. "No todos los gobiernos han tenido la misma implicación y sensibilidad en sus inversiones en Justicia, aunque el ministerio tampoco ha usado la misma velocidad en las zonas donde aún conserva las competencias", aseguró. Bravo recordó que ni siquiera los juzgados de las distintas comunidades están conectados informáticamente entre sí. De todas maneras, aseveró que le consta que todos están haciendo grandes esfuerzos para tratar de corregir estas situaciones.
Bravo recordó que el CGPJ no tiene capacidad legislativa, ni presupuesto para reformar la Justicia. "Se necesita mucha imaginación presupuestaria y optimizar los recursos para ir superando los numerosos obstáculos que nos vamos encontrando en el camino", aseveró.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Gandia se queda sin juzgado de lo Penal por el recorte del Ministerio

Gandia tendrá este año un juzgado de Primera Instancia, pero no de lo Penal. La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, aseguró ayer que la capital de la Safor se ha visto afectada por el recorte realizado por el Ministerio de Justicia y no tendrá la Sala de lo Penal solicitada «porque por orden estricto de carga de trabajo ha quedado fuera». Sánchez de León explicó que desde la Conselleria se había pedido al Ministerio un total de 25 unidades judiciales para este año, "pero finalmente y como cada ocurre cada año nos recortan y nos han autorizado 22». No obstante, la consellera dijo que como "los problemas que presenta el actual juzgado de lo penal de Gandia son más por pendencia que por volumen de entrada de asuntos, solicitaremos por escrito al Ministerio de Justicia y al CGPJ que destinen un juez de refuerzo para solventar esta situación coyuntural". Según las estadísticas el volumen de entrada de asuntos en el penal de Gandia es de 688 al año, y está en el puesto número 20 de un total de 34 juzgados penales en la Comunitat.
La Generalitat sí pondrá en marcha una nueva sala en Gandia de Primera Instancia «para hacer frente al aumento de casos derivado de la crisis». Sin embargo, la consellera no citó ninguna fecha para su apertura.
"Lamentablemente la fecha de entrada en funcionamiento no es competencia de la administración autonómica, sino del Gobierno central y por el momento aún no sabemos nada a este respecto", subrayó.
Para el Consell este juzgado es "absolutamente prioritario porque responde a la necesidad de hacer frente a las consecuencias que la crisis económica está teniendo sobre la Justicia", insistió.
Este será el cuarto órgano judicial que se pondrá en marcha en este partido judicial en los últimos cinco años, "lo que demuestra que el Consell ha hecho un esfuerzo especial e indudable por esta demarcación", destacó la consellera de Administraciones Públicas.
Fuente: www.lasprovincias.es

jueves, 11 de febrero de 2010

Los jueces exigen al Consell su plan para aplicar la ley que moderniza la Justicia

La reforma, que entra en vigor el 5 de mayo, crea servicios comunes y amplía la función de los secretarios para que los magistrados se centren en juzgar y sentenciar
El 5 de mayo es la fecha límite para la entrada en vigor de la nueva oficina judicial en todos los juzgados, una reforma que pretende modernizar el funcionamiento de estos órganos. Jueces de toda la provincia analizaron ayer cuáles son las necesidades del territorio y exigieron a la Conselleria de Justicia que dé a conocer cuáles son sus propuestas para aplicar la nueva oficina judicial, ya que aún no se conoce ninguna de sus previsiones.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y la portavoz, Gabriela Bravo, se reunieron con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, y los jueces decanos para analizar la entrada en funcionamiento de la reforma.
La nueva oficina judicial pretende optimizar los recursos de los juzgados, liberando de trabajo a los jueces ampliando las competencias de los secretarios judiciales. Se crean también oficinas comunes que se encargarán de aspectos como las citaciones judiciales o controlar la ejecución de las sentencias. La medida supone también la implantación de los juicios rápidos civiles y que todos los juicios penales van a ser grabados, lo que permitirá que el secretario no tenga que estar presente en las vistas y dedicarse a otras labores del juzgado. Sin embargo, aún no se conoce cuáles son las previsiones de la Conselleria para aplicar estas medidas. Por ejemplo, una de las grandes incógnitas es dónde se van a ubicar todas esas macrosecciones comunes previstas en la reforma en las hacinadas dependencias del Palacio de Justicia de Benalúa.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, reconoció que "hay preocupación y escepticismo entre los jueces de la provincia por la falta de propuestas de la Conselleria. Sólo el País Vasco y Cataluña han realizado estudios sobre la implantación de la medida. "Nos consta que están trabajando en ello la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias", dijo Fernando De Rosa.En este sentido, el nuevo secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, aseguró ayer a Efe que el programa de la Conselleria estaba muy "avanzado" y que se dará a conocer tan pronto esté terminado, momento en el que se repartirá entre jueces, secretarios y funcionarios para que den su opinión.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, presentó en la reunión un estudio con sus propuestas para la implantación de la oficina. Magro abogó con que los juzgados mantengan el 80% del personal y el 20% se destinen a las oficinas comunes. Asimismo también reclamó servicios de carácter comarcal en las zonas que hagan falta y crear más plazas de secretarios judiciales. De Rosa calificó el estudio como un "trabajo de gran interés" y que podrá agilizar los pasos para la implantación de la oficina. El CGPJ se ha ofrecido para formar a los jueces en la reforma.
Fuente: www.diarioinformacion.com

PSPV y Bloc exigen al Consell que retome las obras del Palacio de Justicia de Vila-real

Culpan a la conselleria de retrasar las obras por falta de pago lo que colapsa las instalaciones actuales.
Los grupos socialista y del Bloc en el Ayuntamiento de Vila-real censuraron ayer el retraso que acumula el proyecto de Palacio de Justicia de la ciudad. Ambos partidos hacen suyas las críticas por la precariedad de las actuales dependencias, formuladas recientemente por la responsable de estas, que denuncia incomodidades, masificación y defectos estructurales.El socialista Xavier Serralvo denuncia el retraso en la construcción del Palacio de Justicia, "un lugar donde nadie trabaja en este momento y sobre el que no pretende enterarse para saber qué ocurre la consellera de Justicia, portavoz del gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que se burla de Vila-real". Recuerda que el 26 de octubre del pasado 2009 pidieron una comisión para analizar la situación de proyectos financiados por el Consell, se aprobó la creación, "pero nada más se supo". Añade que "se dijo que el problema de la construcción del Palacio de Justicia era de complicaciones en la financiación de la constructora. Lo seguro es que la Generalitat no paga a sus proveedores y depara estas situaciones".La nacionalista, Maria Gràcia Molés, lamenta que se llegue al estado actual de las dependencias de los juzgados, mientras las del nuevo palacio están paradas. Por ello, instará al pleno de la diputación a trasladar a las Cortes la necesidad de que el Consell garantice la conclusión de los trabajos para permitir salvar las malas condiciones de salubridad del centro de justicia actual.
Fuente: www.levante-emv.com

El CGPJ denuncia la insalubridad de la sede la Audiencia de Alicante

Pide al Consell una sede provisional hasta que se construya el nuevo edificio
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado a la Consejería de Justicia el traslado provisional de la Audiencia Provincial de Alicante a otra sede porque el edificio actual "no reúne las condiciones de salubridad mínimas". La propuesta la formuló ayer Gabriela Bravo, portavoz del órgano de gobierno de los jueces. Bravo visitó Alicante para participar en una reunión con los decanos de los partidos judiciales de la provincia para analizar la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial, cuyas reformas procesales entrarán en vigor el 5 de mayo. Al encuentro asistieron además el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, y Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ.
Bravo señaló que la petición sobre la necesidad de una sede alternativa para la Audiencia ha sido trasladada a la consejería en las reuniones de ambos órganos y ha añadido que el Consell valenciano les ha trasladado su voluntad de "encontrar soluciones" a este problema "grave". Según Bravo, "sólo hay que darse un paseo por la sede de la Audiencia Provincial" para observar que se trata de un inmueble "que no reúne las condiciones de salubridad mínimas para que, como personas, los magistrados y fiscales deban desarrollar sus funciones".
"Yo siempre he pedido que, aunque sea de forma provisional y teniendo en cuenta las limitaciones y crisis económicas, se encuentre un sitio digno para que magistrados, fiscales, funcionarios y secretarios judiciales puedan desempeñar con dignidad sus funciones", reiteró Bravo.
Las apreciaciones de la portavoz del CGPJ coinciden con la petición expresada desde hace tiempo por el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, y los últimos fiscales jefe provinciales, José Antonio Romero y Juan Carlos López Coig, entre otros. Bravo ha subrayado que este tipo de problemas en cuanto a falta de infraestructuras y existencia de "edificios poco salubres no es un problema único y exclusivo de la Comunidad Valenciana".
La Consejería de Justicia planteó hace una década el proyecto para una nueva ciudad de la Justicia donde se ubicaría la Audiencia. El edificio se levantará en el barrio de Benalúa, junto a los actuales juzgados. No obstante, el proyecto acumula retraso sobre retraso.
Fuente: www.elpais.com

Villena: Un juzgado sigue utilizando un aseo como archivo por falta de estanterías

Justicia aseguró en octubre que el problema estaría resuelto en enero pero los expedientes de Vigilancia Penitenciaria continúan en el váter.

El único aseo del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del Palacio de Justicia de Villena sigue siendo utilizado como archivo de expedientes por falta de espacio y de inversión por parte del Gobierno valenciano. Así lleva más de tres meses tal y como este diario adelantó en octubre. En aquel momento la secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, aseguró que en los primeros días de 2010 se instalarían en todos los Juzgados de Villena las estanterías que los funcionarios vienen reclamando desde hace años sin éxito. De este modo la plantilla del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya no tendría que seguir apilando los expedientes de los presos en el cuarto de baño, tal y como viene haciendo hasta la fecha hasta alcanzar la actual cifra de 5.000. Sin embargo el compromiso no se ha cumplido y las razones se desconocen porque la Conselleria no ofreció ayer ninguna explicación tras ser preguntada por este diario. Una circunstancia en la que ha podido influir el hecho de que la secretaria autonómica de Justicia dejara el cargo en enero, a petición propia, tras lograr una plaza de magistrada del orden jurisdiccional civil en las oposiciones convocadas por el Consejo General del Poder Judicial.
Lo único que se sabe, según indicaban ayer fuentes del propio Juzgado de Villena, es que al mantenedor del edificio judicial se le ha asegurado desde Valencia que las estanterías prometidas ya han sido adquiridas por la Conselleria. Éstas deberán ser colocadas en el garaje del Palacio de Justicia de Villena. Un espacio que meses atrás ya fue vaciado y acondicionado para tal fin. Sin embargo oficialmente no hay constancia de nada y este silencio aumenta el malestar de la plantilla. Una plantilla que lleva muchos años reclamando una "mínima atención" de la Administración autonómica para poder acabar con la "histórica" falta de medios técnicos, materiales y personales que colapsan el servicio que prestan.
"Obras grandiosas"
Los funcionarios consultados no quieren "obras grandiosas" y mucho menos en tiempos de crisis. Son partidarios de destinar una pequeña inversión económica para realizar mejoras en las actuales y céntricas instalaciones. De este modo dejan clara su posición contraria a la construcción del nuevo Palacio de Justicia que el Consell aprobó en febrero de 2008 y al que tiene previsto destinar una inversión de 7,6 millones de euros. También abogados y procuradores del partido judicial de Villena comparten la misma opinión.
Fuente: www.diarioinformacion.com

AUXILIO JUDICIAL. Orden Jus/3337/2008, de 10 de noviembre.


Acuerdo del Tribunal por el que se publica la valoración definitiva de méritos, la relación de aprobados de las fases de oposición y de concurso y se les convoca a la celebración de la evaluación del conocimiento de idioma y derecho foral.
10 de febrero de 2010
Documentos asociados
Acuerdo de 8 de febrero. (PDF. 83KB) (versión HTML)
Anexo I. Relación definitiva de valoración de méritos. Turno General. (PDF. 205KB) (versión HTML)
Anexo I. Relación definitiva de valoración de méritos. Turno R. Discapacitados. (PDF. 34KB) (versión HTML)
Anexo II. Relación alfabética de aprobados, con valoración definitiva de las fases de oposición y de concurso. (PDF. 271KB) (versión HTML)
Anexo II. Relación de aprobados, por orden de puntuación, con valoración definitiva de las fases de oposición y de concurso. (PDF. 219KB) (versión HTML)
Anexo III. Impreso de solicitud de exención de realización de la práctica tutelada. (PDF. 54KB) (versión HTML)

BOE: Oferta de plazas Tramitación promoción interna


COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.
PDF (BOE-A-2010-2218 - 6 págs. - 316 KB)
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domingo, 7 de febrero de 2010

STAS-Intersindical Valenciana: ¿Habéis cobrado menos en enero?




STAS- Intersindical Valenciana: previsible oferta empleo público 2010



El CGPJ reconoce que Nules trabaja al 50% por encima de su capacidad

Fernando De Rosa insta al Ministerio a crear el nuevo juzgado «lo antes posible» y no esperar a finales de año para su puesta en marcha
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, reconoció ayer que los juzgados de Nules trabajan por encima de sus posibilidades. Bravo habló de la «gran carga de trabajo que soportan» los juzgados de Nules, «un 50 por ciento por encima de su capacidad», aunque destacó su buen funcionamiento, ya que, dijo, «tienen un rendimiento 155 por ciento sobre los módulos fijados».
Bravo realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa que ofreció en Nules , junto al vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, tras la reunión que mantuvieron ambos con los jueces de este partido judicial para informarse sobre su funcionamiento y apoyarles en la petición de más medios materiales y humanos.
Asimismo, Bravo reiteró que «el CGPJ y el Gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana ya han solicitado al Gobierno de España la creación del quinto juzgado para Nules y que depende del Estado su creación». Según afirmó, «la situación judicial de Nules está mejorando», pero recordó que «para la creación del cuarto juzgado el Gobierno se demoró más de 17 años».
Bravo explicó que el CGPJ también apoyará a Nules en la comarcalización del juzgado de violencia de género, para descender la carga de trabajo que soporta el juzgado número 3, de este mismo partido judicial, y en la petición de aumento de la plantilla judicial.
Los jueces de Nules han puesto de manifiesto la necesidad de crear no sólo un quinto juzgado, sino también un sexto para garantizar el buen funcionamiento de este organismo, según apuntó.
Por su parte, Fernando de Rosa afirmó que «esperamos que la creación de un nuevo juzgado para Nules se acometa lo antes posible y que el Gobierno no espere a finales de año, como ha ocurrido en otras ocasiones».
Asimismo, el vicepresidente del CGPJ añadió que «creo que cederán a su creación, pero, por el momento, el Ministerio de Justicia aún no ha confirmado nada». No obstante, aclaró que «el Ministerio está negociando 22 órganos y 5 jueces de apoyo, es decir 27 plazas, para la Comunitat Valenciana».
Además, De Rosa halagó el trabajo de los jueces de Nules «que han mostrado muy buenos resultados en los informes de inspección», y aseguró que «tenemos una Justicia que se esfuerza por atender las necesidades de los ciudadanos».
La portavoz del CGPJ manifestó «la necesidad de reestructurar las plantas judiciales de Nules y Vila-real». Por su parte, el Ministerio de Justicia está ultimando el informe de reestructuración de estos partidos judiciales que no se revisaban desde el 1988.
Respecto a este asunto, De Rosa destacó que «es imprescindible que se determine cuál puede ser la plantilla máxima de este juzgado y que se negocie el reparto de municipios entre el partido judicial de Nules y el de Vila-real». No obstante, dijo, «aunque se modifique el partido judicial de Nules, se debería mantener la misma plantilla de refuerzo que existe en la actualidad».
Deficiencias en el juzgado
Además de la necesidad de dotar a este juzgado con más recursos humanos, ya que requiere de más jueces y funcionarios, Bravo también incidió en la falta de recursos materiales. En este sentido, informó que el CGPJ negociará con la Generalitat para que se facilite una nueva sala de vistas para el juzgado de Nules y se subsanen las deficiencias estructurales del edificio.
En otro orden de cosas, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, afirmó que «la crisis económica ha provocado que la entrada de asunto penales y civiles en el juzgado de Nules llegue a ser «asfixiante». «Y esto no es más que un reflejo de la sociedad actual», añadió.
Ante la pregunta de los medios sobre si una mayor estabilidad del juzgado de Nules podría subsanar los problemas de retrasos en los procedimientos, Fernando De Rosa, contestó que «para poder dotar de mayor estabilidad al juzgado y poder otorgarle plazas de magistrados se necesita contar con un mínimo de siete juzgados, por lo que casi se debería duplicar el número de juzgados con los que cuenta Nules en la actualidad que son cuatro».
Fuente:www.lasprovincias.es

La nueva decana asume la reorganización de los juzgados en San Vicente

La titular del Juzgado número 4, Rosario Puig, toma posesión del cargo en sustitución de Carlos San Martín

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Vicente del Raspeig, María del Rosario Puig López, será la responsable de dirigir la implantación del nuevo modelo de oficina judicial en los Juzgados de esta localidad, tras tomar posesión ayer del cargo de decana.
Puig, de treinta y ocho años de edad y nacida en Alicante, sustituye a Carlos San Martín Gómiz, quien ha ascendido a magistrado y se ha trasladado a Orihuela. La nueva responsable de los juzgados inició la carrera judicial en el año 2003 y ejerció varios años en Alcoy, hasta que fue trasladada a San Vicente en 2008.
La decana explicó ayer que el principal reto que se plantea en este cargo es la implantación y puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial, que comenzará a aplicarse a nivel estatal el próximo 5 de mayo.
Aunque permanece pendiente de mantener una reunión el próximo lunes en el TSJ con los otros decanos y el presidente de la Audiencia Provincial, Puig López avanzó que la oficina judicial supone una redistribución del trabajo en lo que respecta tanto a los juzgados como a los funcionarios. La medida afectará "a nivel de procedimiento y de distribución física". El fin que se persigue es "una transformación destinada a optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia", apuntó.
Actualmente existen en San Vicente cuatro juzgados y hay espacio para albergar al menos uno más. Sin embargo, de momento no está previsto ponerlo en marcha.
Fuente: diarioinformacion.com

Ochenta jueces valencianos exigen independencia y la despolitización de la justicia

El decano de Valencia y una magistrada de la sala de gobierno del TSJ están entre los promotores de la protesta, que crece día a día.

Ochenta jueces valencianos han firmado un durísimo manifiesto por la independencia y la despolitización judicial. Los magistrados se han revelado contra el "desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial". El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, y una miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, María Dolores Hernández Rueda, están entre los 43 magistrados de toda España que han puesto en marcha la protesta, que crece día a día. En todo el Estado ya se han sumado a la movilización 800 magistrados y los promotores confían en que antes del miércoles habrán superado el millar de firmas.
La plataforma utiliza el correo electrónico corporativo para comunicarse y sumar adhesiones. La mayoría de los firmantes valencianos son jueces jóvenes que no están adscritos a uno de los cinco colectivos profesionales de la magistratura. También hay jueces asociados como el propio Pedro Viguer, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
"Consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance", recoge el documento en su preámbulo. "Nos hemos propuesto como tarea urgente e indispensable impulsar un movimiento activo que articule de manera estable y con un mínimo de cohesión interna una organización estructurada y permanentemente operativa que sepa abrirse a la sociedad y poner en su conocimiento la gravedad de la situación judicial", exponen los magistrados.
En el manifiesto, los jueces critican los "nocivos" efectos del sistema de elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, que consideran una "invasión" política. También denuncian las reformas que otorgan a los secretarios judiciales funciones de dirección de los juzgados y la proyectada atribución a los fiscales de la instrucción penal que, dicen, arrojan "sombras muy inquietantes" sobre su independencia.
Mientras, añaden, los juzgados se mantienen con su "histórica" carencia de medios, ante los que el Gobierno ha respondido "tímidamente" con el Plan para la Modernización de la Justicia.
Esta situación ha sumido a los jueces en un estado de "desaliento, impotencia, y frustración personal y profesional", recalca el manifiesto. El documento destaca la necesidad de impulsar un gran pacto de Estado para restituir al Poder Judicial y a sus titulares "la independencia y dignidad" que les reconoce la Constitución.
La plataforma quiere que todos los órganos de gobierno del Poder Judicial se elijan por sufragio directo. La medida supondría que los magistrados escogerían democráticamente a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los doce vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ.
Además, apuestan por el mantenimiento en manos de los jueces de las funciones "estrictamente jurisdiccionales", la elaboración de una planta judicial conforme a la media europea de 20 magistrados por cada 100.000 habitantes, una inversión del 3,5% de los presupuestos en Justicia y una carga de trabajo "humana" para los miembros de la carrera.
Un gran número de los jueces valencianos que ha suscrito el documento ha estado al frente de otras protestas como las huelgas de 2009. Los magistrados más veteranos confesaron ayer estar "sorprendidos" por el empuje de sus compañeros.
Fuente: www.levante-emv.com

Visita a Gandia, De Rosa: 'La crisis aumenta un 200% el trabajo de algunos juzgados de lo civil'

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha manifestado hoy en Gandia (Valencia) que la crisis económica está afectando de una forma "impresionante" a los juzgados civiles, que superan en algunos casos el 200 por ciento del módulo ordinario que se exige a los jueces.

De Rosa se ha reunido, junto a la vocal portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, con los magistrados del partido judicial de Gandia, dentro de un plan de visitas de este organismo para conocer de primera mano la situación de los juzgados en la Comunidad Valenciana.

Sólo en la circunscripción judicial de Gandia, los juzgados de lo Civil han duplicado los asuntos y han pasado de 6.900 en el año 2006 a más de 13.000 en 2009, mientras que el trabajo de los jueces supera en un 153 por ciento el módulo previsto por el consejo, ha informado De Rosa.

A partir del 1 de abril entrará en funcionamiento la división de las jurisdicciones en las especializaciones de Civil y Penal, y en el caso de Gandia el CGPJ reclamó al Ministerio la creación de un juzgado número dos de lo Penal, que ya ha sido aprobado.

Asimismo, el CGPJ pedirá que se dote al partido judicial de Gandia de un nuevo juzgado de instrucción y primera instancia, preferentemente de lo Civil, "aunque lo adecuado serían dos", ha señalado Gabriela Bravo.

El Consejo demandará al Ministerio que "agilice" la aprobación del nuevo juzgado de lo Penal para que pueda inaugurarse antes de finales de abril, y que el nuevo juzgado de primera instancia sea incluido en los planes ministeriales para el primer semestre de este año.

Mientras llegan estos nuevos juzgados, reclamarán la instalación de un nuevo juzgado de refuerzo que ayude, "provisionalmente", a descongestionar la actividad actual de la circunscripción gandiense.

Los jueces han reivindicado también ante los representantes del CGPJ la necesidad de que la Conselleria de Justicia, con carácter inmediato, dote de más material y personal a este partido judicial, ante la falta de funcionarios en juzgados como el de lo Penal.

También han puesto de manifiesto las carencias del actual edificio judicial, con "falta de espacio, deficiencias estructurales y dispersión", que es además un "obstáculo" para la implantación de la nueva oficina judicial.

De Rosa y Bravo se han comprometido a mediar y "hacer de puente" entre los magistrados y la Generalitat, y trasladar a la Conselleria de Justicia y el Ministerio sus reivindicaciones.

El decano de los juzgados de Gandia, Juan Antonio Navarro, ha manifestado que los jueces se encuentran "desbordados" ante el aumento de la actividad, sobre todo en temas civiles por impagos de préstamos, embargos y asuntos mercantiles.

Según datos proporcionados por la portavoz del CGPJ, en 2006 los juzgados de Gandia superaban en un 23 por ciento los módulos previstos por este organismo para determinar la carga de trabajo de cada juzgado, y en 2009 el porcentaje se incrementó a un 187 por ciento, "con una sobrecarga del 53 por ciento más que la media".

Fuente: www.elmundo.es

ATASCO JUDICIAL : Citas a la carta


Los juzgados recurren a citaciones por correo que antes llevaban funcionarios para aliviar el colapso en el Servicio de Notificaciones
Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Esta es la filosofía que ha puesto en marcha el Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Palacio de Justicia de Benalúa para intentar desatascar el embudo que sufre este área debido a la proliferación de los asuntos derivados de la crisis económica, tales como embargos y deshaucios.
Los funcionarios de este servicio no dan abasto ante el elevado número de notificaciones que tienen que realizar a pie de calle. En 2009, sólo notificando embargos realizaron más de 12.400 salidas a viviendas y empresas. Las diligencias se multiplican, pero la plantilla no crece. Por ello esta semana el Servicio de Notificaciones ha puesto en marcha el envío por correo de cédulas de notificación en forma de tarjeta que harán las veces de un funcionario, permitiendo dar salida a las diligencias estancadas.
Cada día se comunican cerca de 700 embargos, citaciones u otras notificaciones. Ahora, la dinámica se mantiene pero se refuerza con esta modalidad, que consiste en que sea el interesado el que acuda a las dependencias del Servicio Común de Notificaciones -y no al revés- y que una vez allí se le comunique para qué se le requiere en el juzgado.
A modo experimental se ha decidido enviar 75 citaciones al día para que sea el interesado el que se acerque al juzgado. Este sistema equivale a la salida del funcionario que se acerca hasta el domicilio y cuenta como un primer aviso al particular, por lo que tiene la misma consideración que si la notificación la realiza un agente judicial en mano.
"Le damos la vuelta a la tortilla intentando ganar eficacia y haciendo que sean los particulares los que acudan a nuestras dependencias", explicó el secretario judicial del servicio de este departamento, Pedro Luis Sánchez. Este servicio de citación previa equivale al trabajo de dos funcionarios en la calle, que cada día comunican 30 notificaciones. Las tarjetas se habían utilizado puntualmente, pero desde esta semana serán habituales en el servicio de comunicaciones.

Adelanto de trabajo
El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, indicó ayer que la medida "puede ser resolutiva" a la hora de atajar el colapso. "Somos conscientes del atasco y con estas citaciones "adelantaremos trabajo de calle", manifestó Cerón.
Fuente: www.diarioinformacion.com

El decano de los jueces de Valencia pinta un retrato en negro de la Justicia

Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, hizo ayer un retrato trágico de la situación de la Justicia valenciana. Dijo que el trabajo de los órganos judiciales es inabarcable por la insuficiente cantidad de las plantillas; incomprensible la falta de recursos en cuestiones tan elementales como el sistema informático e inaceptable la perspectiva de colapso. El decano tildó de "negro" el panorama de la Justicia en Valencia, reclamó recursos y responsabilidad política y aseguró que con un incremento presupuestario anual de un 9% en diez años se habría doblado la dedicación económica a un servicio al que, afirmó, los políticos no prestan atención. "Ni siquiera en época de crisis se han adoptado medidas paliativas".

Las cifras que ofreció respaldaron el escenario descrito. Los juzgados de Lo Social, de Lo Mercantil y de Lo Contencioso-administrativo, que son de ámbito provincial, han sufrido incrementos que en algunas materias superan el 200%. La crisis económica ha supuesto la inundación de causas por despidos, desempleo, invalidez, conflictos colectivos y reclamaciones. Un ejemplo del volumen que se maneja: en 2006, se registraron 301 casos de ejecuciones hipotecarias; en 2009, han sido 1.753.

Viguer reclamó responsabilidad y medidas urgentes para agilizar la justicia. Él, y los jueces decanos de España, elaboraron ya hace dos meses un documento con 70 propuestas, de las que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha asumido varias. Insistió en la importancia de despenalizar algunas faltas, limitar algunos recursos, imponer costes a otros, agilizar notificaciones y extender la mediación y el arbitraje.Las causas por despido crecieron en los juzgados de Lo Social de Valencia, de ámbito provincial, un 154,44 %. Ese fue uno de los datos que ayer ofreció el decano Pedro Viguer y que relacionó con el impacto directo que la crisis tiene en la actividad judicial. El incremento ha sido también importante en los juzgados de Lo Mercantil: un 34%. En 2009, hubo 200 concursos de acreedores más que en el ejercicio anterior. También han sido casi el doble las acciones de reintegración y las ejecuciones de sentencia firme 150 más. Asimismo, los juicios por impagados han crecido en todas sus franjas de cantidad.

La actividad también aumenta en Lo Contencioso-administrativo: un 29,3%. Han sido muy superiores los asuntos sobre personal estatutario, un 318% de incremento respecto a 2008.

Los asuntos en materia penal, desde instrucción a violencia sobre la mujer a los específicos de Instrucción han tenido un volumen igual o inferior al año anterior. Ello se explica por el incremento de oficinas judiciales, también en Valencia, y la existencia de todos ellos en muchos de los partidos judiciales.

La sobrecarga de los juzgados no ha sido abordada, y así lo dijo ayer Viguer, como correspondía para aliviar los juzgados y afrontar una mayor eficacia. Una de las razones aludidas ayer por Viguer fue el retraso de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, que se aprobó en 2003 y cuyos primeros pasos se darán, en el mejor de los pronósticos, a finales de este año. Viguer criticó la inexistencia de interconexión informática. "Es una entelequia", afirmó. ¿Por qué? Porque cada autonomía tiene un sistema y no son compatibles entre sí ni con el del Ministerio de Justicia.

Viguer advirtió de la necesidad de modificar la tipología de las plantillas, el 80% de las cuales, dijo, son, en los juzgados de nueva creación, interinos. Además de criticar y exigir, reflexionó sobre las medidas de presión para concienciar a los poderes públicos. Y afirmó: "No me gustaría ser el instigador de movimientos de ese tipo pero estamos muy preocupados por la situación actual".

Fuente: www.elpais.com