La reforma, que entra en vigor el 5 de mayo, crea servicios comunes y amplía la función de los secretarios para que los magistrados se centren en juzgar y sentenciar
El 5 de mayo es la fecha límite para la entrada en vigor de la nueva oficina judicial en todos los juzgados, una reforma que pretende modernizar el funcionamiento de estos órganos. Jueces de toda la provincia analizaron ayer cuáles son las necesidades del territorio y exigieron a la Conselleria de Justicia que dé a conocer cuáles son sus propuestas para aplicar la nueva oficina judicial, ya que aún no se conoce ninguna de sus previsiones.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y la portavoz, Gabriela Bravo, se reunieron con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, y los jueces decanos para analizar la entrada en funcionamiento de la reforma.
La nueva oficina judicial pretende optimizar los recursos de los juzgados, liberando de trabajo a los jueces ampliando las competencias de los secretarios judiciales. Se crean también oficinas comunes que se encargarán de aspectos como las citaciones judiciales o controlar la ejecución de las sentencias. La medida supone también la implantación de los juicios rápidos civiles y que todos los juicios penales van a ser grabados, lo que permitirá que el secretario no tenga que estar presente en las vistas y dedicarse a otras labores del juzgado. Sin embargo, aún no se conoce cuáles son las previsiones de la Conselleria para aplicar estas medidas. Por ejemplo, una de las grandes incógnitas es dónde se van a ubicar todas esas macrosecciones comunes previstas en la reforma en las hacinadas dependencias del Palacio de Justicia de Benalúa.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, reconoció que "hay preocupación y escepticismo entre los jueces de la provincia por la falta de propuestas de la Conselleria. Sólo el País Vasco y Cataluña han realizado estudios sobre la implantación de la medida. "Nos consta que están trabajando en ello la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias", dijo Fernando De Rosa.En este sentido, el nuevo secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, aseguró ayer a Efe que el programa de la Conselleria estaba muy "avanzado" y que se dará a conocer tan pronto esté terminado, momento en el que se repartirá entre jueces, secretarios y funcionarios para que den su opinión.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, presentó en la reunión un estudio con sus propuestas para la implantación de la oficina. Magro abogó con que los juzgados mantengan el 80% del personal y el 20% se destinen a las oficinas comunes. Asimismo también reclamó servicios de carácter comarcal en las zonas que hagan falta y crear más plazas de secretarios judiciales. De Rosa calificó el estudio como un "trabajo de gran interés" y que podrá agilizar los pasos para la implantación de la oficina. El CGPJ se ha ofrecido para formar a los jueces en la reforma.
Fuente: www.diarioinformacion.com
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