martes, 13 de septiembre de 2016

INTERSINDICAL JUSTICIA EXIGE LA PARALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL “PAPEL CERO” EN EL PARTIDO JUDICIAL DE GANDIA



LAS ACTUALES INSTALACIONES INFORMÁTICAS HACEN INVIABLE EL PROYECTO

A partir de este mes de septiembre, la Consellería de Justicia va a implantar paulatinamente en todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana una nueva versión del sistema de gestión procesal Cicerone, la aplicación informática que actualmente se utiliza en los Juzgados y Tribunales de la Comunitat.

Esta nueva versión está enfocada a permitir a los profesionales (Abogados y Procuradores) la presentación telemática de escritos y a los Juzgados notificarles las resoluciones a los profesionales personados y al Ministerio Fiscal. El próximo día 19 de septiembre está prevista su implantación en Gandía.

Intersindical Justicia considera poco realista la implantación de un sistema para el que no están preparadas las instalaciones ni equipos informáticos de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, y mucho menos los del partido judicial de Gandía, dado que el edificio que alberga la mayoría de los Juzgados no reúne las condiciones necesarias para un ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, ni mantener la seguridad de los trabajadores, dada las condiciones lamentables en las que se encuentran las actuales instalaciones.

España: la pesadilla de 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, ni se hablan

En España somos unos fieras en esto de la informática y la justicia. Como la Justicia ya no iba mal de por sí, la falta de planificación (o la sobra de avidez) ha dado lugar a que casi cada comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal distinto, atención al dato:
No me hablen ustedes de Steve Jobs, ni de Bill Gates ni de Richard Stallman, para tíos listos, nosotros.
¡Viva España!
Hemos gastado 10 veces lo que habría bastado gastar una sola vez, y todo para liar un carajal informático que ni Silicon Valley hubiese conseguido liar aunque pusiera todo su empeño en ello.
Como digo: “semos” los mejores.
Un niño de 11 años habría optado por copiar o usar en todas las Comunidades Autónomas el mismo sistema, en lugar de gastarse 10 veces el dinero para hacer algo que ya estaba  hecho; pero, claro, eso es porque los niños de 11 años no perciben los complejos problemas jurídico-financieros de la coyuntura política.
Ustedes ya me entienden.
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lunes, 1 de agosto de 2016

Bronca entre los jueces de lo Mercantil de Valencia por la propuesta de eliminar refuerzos

La jurisdicción de Lo Mercantil de Valencia está que arde. El último encontronazo entre magistrados se produjo, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, en la última Junta de Jueces, celebrada a mediados de este mes de julio.
Los magistrados Salvador Vilata, del Juzgado de lo Mercantil número 1, y Jacinto Talens, del juzgado número 2, presentaron a la Junta una petición para eliminar los refuerzos que actualmente tienen los tres juzgados. Para ambos, los tres magistrados de refuerzo ya no son necesarios, algo que choca con las estadísticas judiciales de la materia, que siguen considerando a Mercantil como una de las secciones más saturadas de la Justicia.
El momento de mayor tensión durante la Junta se produjo cuando a la hora de votar la propuesta, Salvador Vilata se negó a que los refuerzos tuvieran derecho a voto por no ser magistrados titulares. Según las mismas fuentes, la discusión fue "muy fuerte", ya que los magistrados de refuerzo se mostraron contrariados por no poder votar puesto que tienen todos una dilatada carrera y conocen perfectamente las necesidades de los juzgados de lo Mercantil.

Los casos de corrupción y delitos económicos colapsan los juzgados de Valencia

Los juzgados de Instrucción de Valencia tramitan 42 causas complejas, ante la proliferación de delitos de naturaleza económica y contra la Administración pública (relacionados con la corrupción), que "no tiene parangón en toda España" y que conlleva "un arduo e intenso trabajo judicial".
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, quien ha informado de que esta situación ha llevado a adoptar medidas para evitar el "colapso" de los juzgados, como el reparto "equitativo" de las causas complejas provenientes de la Fiscalía Anticorrupción, y jueces de refuerzo en los juzgados en los que coinciden varias causas.
En esta situación, ha indicado Viguer, se encuentran los juzgados de instrucción número 15, el número 18, el 21 y hasta hace unos meses el número 12.

El decano ha señalado asimismo que estos refuerzos van a continuar, para una mayor agilización de las causas y posibilitar al juez titular que dedique la mayor parte de su tiempo a la tramitación de estas causas complejas, y ha precisado que cabe la posibilidad de que nuevos juzgados soliciten también refuerzos.
Viguer ha trasladado también la demanda que reclaman más del 86 % de los jueces, particularmente los de Valencia, de la creación de un cuerpo de peritos contables, expertos económicos a disposición de los jueces, ya que "cada vez las causas son más complejas, son más los delitos relacionados con la corrupción y tramas complejas de delitos relacionados con la hacienda pública o la administración pública".
Los jueces, piden la ayuda de peritos expertos contables, "independientes y neutrales", integrados en un cuerpo a disposición de los jueces, "o cuando menos facilitar su designación" ante los problemas a la hora de designar peritos cualificados en materia económica.
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Valencia es el tercer partido judicial donde se dictan más fallos de España

La capital, con una media de 125 sentencias por juzgado, supera la cifra estatal, igual que Castelló y Elx

 Con una media de 125,34 sentencias por juzgado durante los tres primeros meses de 2016, el partido judicial de Valencia se encuentra entre los primeros de España en volumen de trabajo. Valencia es la tercera demarcación por su alta letigiosidad, por detrás de Ávila (150) y Segovia (127,8) y seguida por Logroño (124,8).

En algunos de los tribunales de Valencia, las cifras se disparan. Dentro de la jurisdicción civil, que es la que más trabajo genera, los juzgados de Familia computaron una media de 180,5 sentencias durante el primer trimestre, frente a los 164 de primera instancia y las 18 resoluciones en cada órgano por violencia machista, que en la vía de lo penal se elevan a los 23,5.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que solo contabilizan los juzgados titulares– revelan que los tribunales de lo civil dictaron 4.737 sentencias y los de lo penal, 1.906.

Además de en sentencias, la productividad judicial también se mide en otro tipo de resoluciones, como los autos judiciales. En la demarcación de Valencia se contabilizan 15.226, lo que marca una media de 287,2 en las 53 jurisdicciones de la zona. La cifra es especialmente elevada en la vía penal, donde se emitieron 10.025, el 65,8 % del total. El resto (4.607), pertenecen a Primera Instancia. Por otro lado, entre enero y marzo, los juzgados de Valencia notificaron más de 5.900 decretos judiciales.

CONTINUA LA PRIVATIZACIÓN: Los notarios ofician 97 bodas y 350 divorcios en 2015 en la Comunidad

Los notarios de la Comunidad Valenciana han oficiado durante el último año un total de 350 divorcios (44 en Castellón) y 97 matrimonios (6 en Castellón), desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que les atribuye nuevas competencias como la escritura de celebración de matrimonio, separación o divorcio, así como la posibilidad de reclamación de deudas monetarias o la aceptación de herencia a beneficio de inventario.
Entre julio de 2015 y 2016 un total de 97 parejas de la Comunidad Valenciana han optado por esta nueva opción de boda (53 en la provincia de Alicante, 38 en Valencia y seis en Castellón), aun cuando los notarios todavía no pueden tramitar el expediente matrimonial inicial.
Paralelamente, otros 350 cónyuges valencianos han acordado en este tiempo su separación o divorcio ante notario, concretamente 158 en la provincia de Valencia, 148 en Alicante y 44 en Castellón. En este caso, un notario solo puede aplicar esta competencia cuando es de mutuo acuerdo entre ambas partes y no existen hijos menores de edad o con capacidad de movilidad reducida a su cargo.
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jueves, 21 de julio de 2016

CONCURSO DE TRASLADOS 2016, PUBLICACIÓN LISTADOS PROVISIONALES


Adjudicación provisional, relación de excluidos, relación de preferencias y Anexos III

12 de mayo de 2016
Adjudicación provisional, relación de excluidos, relación de preferencias y Anexos III correspondientes al concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril (BOE 12-5-2016)
Fecha de publicación prevista en BOE: 26-7-2016
Plazo de alegaciones: Desde el día 27-7-2016 hasta el 15-9-2016.
Puede descargar sus resultados.
Documentos asociados

viernes, 15 de julio de 2016

DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA


NOTA DE PRENSA 

DELEGADAS Y DELEGADO  DE PREVENCIÓN DENUNCIAN A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LAS ALTAS TEMPERATURA EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA
Los/as delegados de prevención de riesgos laborales de los Sindicatos CCOO, INTERSINDICAL, STAJ y UGT, han denunciado ante la inspección de trabajo las altas temperaturas alcanzadas en las últimas semanas en la ciudad de la Justicia de Valencia.
Estos hechos vienen repitiéndose año tras año y la Administración sigue sin dar soluciones a los problemas derivados de una mala gestión del edificio, que desde su inauguración no han funcionado los equipos de climatización y su mantenimiento ha sido nulo.
El pasado 8 de enero se requirió por parte de la inspección de trabajo para que subsanaran las deficiencias en la climatización del edificio y hasta la fecha los/as delegados de prevención no han tenido constancia de ninguna mejora en este aspecto.
En las últimas semanas en algunas dependencias del edificio han superando los 30º C. haciendo imposible la actividad, no solo de los trabajadores/as sino incluso de los ciudadanos y profesionales que acceden a las instalaciones.
Estas altas temperaturas no solo han sido constatadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, tambien viene padeciendose en otros partidos judiciales, como Nules y Gandia, donde han llegado a ofrecer un envio de ventiladores para poder paliar las altas temperaturas.

Los forenses realizan las autopsias a más de 30 grados

Los problemas de climatización de la Ciudad de la Justicia afectan especialmente al Instituto de Medicina Legal, aunque está garantizada la conservación de pruebas y análisis.

Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal trabajan con altas temperaturas en estos días, debido al deficiente sistema de climatización de la Ciudad de la Justicia, ya denunciado reiteradamente.
Según ha podido saber la Cadena SER, este lunes, día de mucho calor en Valencia, los forenses realizaron 15 autopsias con una temperatura muy elevada.
Sin embargo, desde fuentes de la Conselleria de Justicia, aseguran que se han tomado medidas para garantizar que las pruebas analíticas, de ADN y de laboratorio en general, así como en el depósito, se realizan en perfectas condiciones.
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“Se va a sustituir el DNI de la firma electrónica de los jueces por un número profesional”, según la secretaria de Estado de Justicia

“Vamos a sustituir el DNI que aparece en la firma electrónica de los jueces por un número profesional, que en Europa llaman certificado profesional. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lleva trabajando sobre ello desde hace varias semanas porque así se lo solicitamos”, afirma la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés. “Cuando esté, se aplicará a jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia, entre los que se incluyen los letrados. También se suprimirá el correo electrónico profesional”.
 “Ya estábamos en ello, por la sensibilidad que este Ministerio siempre ha tenido hacia esto tipo de asuntos, pero no hay nada irregular en el hecho de que figure el DNI en la firma electrónica de jueces y magistrados”, añade la número 2 del Ministerio de Justicia. 
Sánchez-Cortés sale así al paso de la denuncia que la Junta de Jueces de Guadalajara, con su decano –Jesús Villegas– a la cabeza, ha interpuesto contra el Ministerio de Justicia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una supuesta vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por incluir, la tarjeta de la firma electrónica, tanto el DNI como el correo electrónico profesional.
“El sistema que tenemos implantado rige con carácter general para toda las Administraciones Públicas. Nace de la Ley de 2003. Es el más estable porque incorpora todas las condiciones de interoperabilidad, y porque cumple con la normativa europea y los requisitos técnicos necesarios. Además, el DNI es un  dato que no está especialmente protegido, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 1999”, explica Sánchez Cortés.
Sobre la citada denuncia, la secretaria de Estado de Justicia opina que se ha dirigido ante un órgano que no es competente.
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Sala de Juicios de Sagunto: “Prohibido entrar con pantalón corto”

Los jueces de los cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Sagunto, Valencia, se han cansado de la total falta de formalidad en el vestir de los ciudadanos y han puesto un cartel en la puerta que da acceso a las Salas de Vistas: “Prohibido entrar con pantalón corto”.
 La cosa, al parecer, debido al calor, se había generalizado entre denunciantes, denunciados, demandantes, demandados y testigos en las citaciones que se hacen diariamente en el edificio que alberga a los cinco mixtos, en el 24 de la Avenida doctor Palós. Comenzaba a derivar en algo preocupante. De ahí el cartel.

Las Salas de Vistas de los juicios tienen un uso polivalente. Se utilizan indistintamente para los juicios y para las declaraciones e interrogatorios, tanto en civil como en penal. En la fase de instrucción ninguna de las partes, léase juez, abogados, fiscal o procurador, no llevan la toga; en las vistas orales, sí.
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lunes, 4 de julio de 2016

El juzgado ‘maldito’ del Castor

 En abril, el CGPJ prorrogó SEIS meses el refuerzo por la importante carga de trabajo

Un juez sustituto sigue al frente de la instrucción hasta que llegue el nuevo titular, previsto ahora para octubre. La cuarta instructora, nombrada en marzo, no tomó ni posesión, ganó otra plaza y la de Vinaròs está vacante.

Nadie quiere instruir la macrocausa del Castor. Vuelve a convocarse la plaza de juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs. Desde que en enero del 2015, este órgano judicial, siguiendo la denuncia de la Fiscalía de Castellón, abriera diligencias y citara a declarar a 18 investigados por las supuestas irregularidades en la concesión de la explotación del almacén subterráneo de gas situado frente a la costa de Vinaròs, han pasado tres instructores por la compleja causa. Y la cuarta, que fue nombrada en marzo y que no había tomado posesión todavía del cargo, ya no lo hará.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmaron que la jueza concursó y ganó otra plaza en un juzgado de Alcoi, de modo que la plaza de Instrucción 4 de Vinaròs vuelve a estar vacante, como salió publicado en el BOE del 28 de junio y la incorporación no se producirá previsiblemente hasta octubre.
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Justicia invierte 8,5 millones en la rehabilitación del Tribunal Superior y la Ciudad de la Justicia de Valencia

NOTA DE PRENSA 
La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado este jueves a las principales autoridades judiciales de la Comunitat Valenciana sendos proyectos de rehabilitación de los edificios que ocupan el Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de la Justicia de Valencia, con una inversión conjunta de 8,5 millones de euros.
Los dos proyectos serán financiados con fondos europeos procedentes de la Iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), un proyecto de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para dar apoyo financiero a proyectos de regeneración o desarrollo urbano.
Este apoyo financiero procede del Fondo FIDAE, cofinanciado por el FEDER y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y operado por el Banco Europeo de Inversiones para impulsar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o utilicen las energías renovables. El acceso a este fondo ha sido posible gracias a la intervención del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
"Estos proyectos de rehabilitación incluyen una serie de actuaciones integrales encaminadas todas ellas a garantizar la seguridad y el confort de los trabajadores, de los profesionales y de todo el público que accede a estas sedes judiciales", ha explicado la consellera durante la reunión con las autoridades judiciales, en la que ha estado acompañada por el secretario autonómico Ferrán Puchades.
La sede del Tribunal Superior de Justicia, un edificio del siglo XVIII pensado para sede de la Aduana Real de unos 14.000 metros cuadrados, adolece de importantes carencias en sus instalaciones que provocaba desde hace años las constantes quejas de sus ocupantes y usuarios.

El CGPJ quiere quitar al Gobierno el pago del salario de los jueces

Lesmes plantea elaborar un documento sobre cómo debe ser la Justicia del siglo XXI. El borrador incluye esa propuesta.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va a proponer este jueves al Pleno de la institución emplear los próximos 12 meses de trabajo en elaborar un Libro de la Justicia que analice el estado del Poder Judicial 38 años después de la Constitución y concrete qué debe cambiar para dar respuesta a las necesidades contemporáneas.
El trabajo, que implicará a los 20 vocales del Consejo (no sólo a la Comisión Permanente), pretende valorar todos los aspectos que inciden en el estatuto del juez y de su órgano de gobierno, de un lado, y en el funcionamiento y organización del sistema judicial, de otro.

Existe ya un documento-base de 133 páginas.........
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martes, 28 de junio de 2016

Elx: La antigüedad del sistema informático paraliza a diario el Registro Civil

Los ordenadores del servicio son los mismos que se utilizaban en el antiguo Palacio de Justicia y cuentan con tan sólo 500 megas de memoria 


Los ciudadanos asisten constantemente a interrupciones del servicio cuando los equipos se quedan bloqueados mientras realizan sus trámites.
Cuando no es por una cosa es por otra, pero lo cierto es que prestar servicio en el Registro Civil de Elche va camino de convertirse en poco más que una odisea. El servicio siempre ha acusado la falta de personal para atender a una población de más de 250.000 habitantes. Un problema que, a costa de quejas y quejas, se ha conseguido resolver con la contratación de refuerzos temporales, que se van renovando cada seis meses.
No obstante, este no es el único problema del servicio ilicitano, que día sí día también padece la antigüedad de un sistema informático que impide a los profesionales que trabajan en él prestar la atención que les gustaría. Y es que la gran mayoría de los ordenadores son los mismos que se utilizaban en el antiguo Palacio de Justicia, y cuentan con tan sólo 500 megas de memoria.
Los usuarios son los primeros conscientes de este problema. Una ciudadana destacaba a este diario que «cada dos por tres se paran los ordenadores, y tenemos que estar esperando a que vuelvan a funcionar». Fallos del sistema que, en ocasiones, han durado hasta dos horas, en los que la atención al público ha tenido que paralizarse por completo.

lunes, 20 de junio de 2016

CASTELLÓ: La avalancha de impagos de pensiones a los hijos satura al único juzgado de Familia

Soporta una carga de alrededor de 2.000 asuntos cada año, el doble de lo estipulado . Cada mes deben resolver hasta 900 casos de embargos de salarios y deudas

Una avalancha de asuntos matrimoniales de todo tipo está generando una situación de “saturación y sobrecarga excepcional” en el único juzgado de Familia que hay en Castellón. A esta conclusión es a la que han llegado los abogados expertos en esta materia, que, como indicaron a Mediterráneo, urgen la creación de otro órgano especializado de esta índole “para descongestionar al existente”, que soporta ya una carga de trabajo de alrededor de 2.000 asuntos cada año, el doble de lo estipulado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tal y como explica la letrada especialista en temas matrimoniales y vocal del Colegio de Abogados de Castellón, María Sebastiá, “esta situación ha empeorado por la crisis económica, ya que muchas personas divorciadas no pueden ahora mantener el mismo nivel de vida que antes, lo que ha desencadenado una oleada de revisión a la baja de medidas como las pensiones a los hijos o los impagos de las mismas e, incluso, de los colegios”.
Sebastiá añade que “estos procesos son muy importantes para la gente, se trata, en definitiva, de sus vidas y de las vidas de sus hijos, en la mayoría de situaciones menores, por lo que las decisiones deben tomarse rápido y la carga de trabajo en el juzgado está siendo ya brutal”, concreta.
Sebastiá matiza que entre las medidas previas unidas a las demandas que copan este órgano judicial a diario están los horarios de visitas de los hijos, el uso de la casa o la pensión alimenticia...
UN JUEZ SUSTITUTO // El letrado de la Administración de Justicia del juzgado de Familia de Castellón, Pedro Moya, confirma a Mediterráneo que la entrada de asuntos supone el doble de lo establecido. “A día de hoy llevamos ya 949, rozando el tope. El año pasado fueron 1.949 y el anterior la entrada de asuntos fue de 2.045”. Moya destaca que “gracias al esfuerzo de los nueve funcionarios que conforman este juzgado” están saliendo adelante, “pero como muchos otros, que se encuentran ya en estas circunstancias”.

‘Premiada’ por sexista una sentencia en la que la jueza preguntó a la víctima si había “cerrado bien las piernas” para evitar abusos

  • Los Premios Género y Justicia al Descubierto, impulsados por Women's Link Worldwide, vigilan al Poder Judicial para que no incurra en la discriminación de mujeres y niñas
  • Un total de seis setencias españolas fueron postuladas a los Premios Garrote de este año a las decisiones más discriminatorias
Una sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz ha sido declarada como una de las peores decisiones judiciales en la octava edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto. La jueza le preguntó a la víctima durante una declaración "si cerró bien las piernas para evitar los abusos sexuales por parte de su expareja" y, además, le negó una orden de protección. Estos premios están impulsados por Women's Link Worldwide, una iniciativa online en la que personas de todo el mundo pueden vigilar al Poder Judicial para que no incurra en la discriminación de mujeres y niñas.
La organización distingue dos tipos de galardones. Los Garrotes destacan los pronunciamientos más sexistas y los Malletes premian las decisiones que hayan tenido un efecto positivo sobre la equidad de género, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, la violencia o la discriminación. En la presente edición, han sido un total de siete las sentencias de tribunales españoles nominadas, seis de ellas postuladas a los Premios Garrote que más discriminan, y tan sólo una a los Premios Mallete a la cooperación con el avance de los derechos de mujeres y niñas. Según la abogada de la asociación y coordinadora de los Premios, Tania Sordo Ruz, esta no es la primera vez que España recibe un premio, "tambien los ha recibido años anteriores y en ambas categorías". Asimismo, Sordo insiste en que los Premios Garrote tienen, simplemente, caracter de denuncia social para "mostrar que hay cosas que no se están haciendo bien". 

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El TSJCV reclama la creación de 68 nuevas plazas de jueces para normalizar el trabajo de los tribunales


La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aprobó un informe en el que cifra en 68 las plazas judiciales nuevas que necesita la Comunidad Valenciana para normalizar la situación de los Juzgados unipersonales y tribunales colegiados del territorio.
El concreto, el alto tribunal Valenciano reclama 5 magistrados para el TSJ y 12 para las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. Además, considera necesario crear cuatro nuevos juzgados de lo Mercantil, una de las jurisdicciones que más ha visto incrementada su carga de trabajo en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.
Según el documento, que ha sido elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad necesita 15 jueces más en los juzgados mixtos (Primer Instancia e Instrucción) de las tres provincias, y 13 en los Primera Instancia de las tres capitales.
El TSJ pide, además, 9 jueces de lo Social, 7 de lo Penal, 1 de lo Contencioso, 1 de Instrucción y un Registro Civil exclusivo en Elche.

El TSJCV pide ‘comarcalizar’ los juzgados de Violencia sobre la Mujer y unir los de Catarroja y Torrent y derivar los casos de Mislata a Valencia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aprobado un informe en el que cifra en 68 las plazas judiciales nuevas que necesita la Comunitat Valenciana para normalizar la situación de los juzgados unipersonales y tribunales colegiados del territorio. Además, propone comarcalizar los juzgados de Violencia sobre la Mujer uniendo los de Catarroja y Torrent y derivando los casos correspondientes a Mislata a los juzgados de Valencia.
El concreto, el Alto Tribunal Valenciano reclama 5 magistrados para el TSJ y 12 para las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. Además, considera necesario crear cuatro nuevos juzgados de lo Mercantil, una de las jurisdicciones que más ha visto incrementada su carga de trabajo en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

El TSJ pide un juzgado comarcal de violencia de género en Vila-real

En su informe sobre las necesidades en la planta judicial de la Comunidad Valenciana, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a plantear la conveniencia de unificar los partidos judiciales de Nules y Vila-real.
Concretamente, la Sala de Gobierno ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial que, ante la situación actual que atraviesan estos dos partidos judiciales de la provincia de Castellón la solución más conveniente sería la unificación en un solo partido de los de Nules y Vila-real.
Esta reiterada apuesta, que se viene repitiendo desde hace varios años, da ahora un paso adelante y, en este sentido, propone que se mantengan las dos sedes judiciales actuales y se dividan los juzgados, instalando en una de ellas las competencias penales, es decir los Juzgados de Instrucción y en la otra las competencias civiles, es decir que albergue los Juzgados de Primera Instancia.
Así también, la Sala de Gobierno constata como una medida inaplazable la comarcalización del Juzgado de Violencia de Género que existe en el partido de Vila-real, con el objetivo de que su competencia territorial abarque la demarcación territorial de los partidos judiciales de Nules y Vila-real.

lunes, 13 de junio de 2016

Abogados y jueces temen una avalancha de recursos contra las 'causas complejas'

 El 6 de junio de 1944, 150.000 soldados desembarcaron en las playas de Normandia, el 6 de junio del 44 cambió la historia del mundo. Otro 6 de junio, el de 2016, 72 años después del “Día D y la Hora H”, el particular desembarco judicial llega a las costas de los juzgados. Las embarcaciones, en este caso hechas peticiones de causas complejas, desembarcan en los cientos de juzgados de toda España. En Valencia en 21 de ellos.
Sin embargo, si en 1944 supuso un antes y un después dentro de la II Guerra Mundial, no es está tan claro que los aliados, en este caso la Fiscalía, puedan cambiar en 2016 el curso de la historia… de la Justicia.
Este 6 de junio se cumplía el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que fija en seis meses el plazo máximo de instrucción de una causa, salvo que esta sea declarada "compleja", en cuyo caso se amplía a 18 meses. Así, los jueces, previa opinión del fiscal, tenían seis meses para tomar una decisión sobre las más de 300.000 causas que instruían en España: archivar, dictar apertura de juicio oral o declarar causa compleja. Cualquier decisión que tome es recurrible.
Según ha podido saber Valencia Plaza tras hablar con los letrados que frecuentan la Ciudad de la Justicia, la mayoría de ellos piensan recurrir aquellas resoluciones de causa compleja que vengan determinadas por “peticiones realizadas con un modelo sin motivar” por parte de la Fiscalía.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, autorizó a finales de mayo a sus subordinados a que realizaran “dictámenes uniformes” para pedir la causa compleja debido a una situación que calificó de “transitoria y extraordinaria”. Así, según Madrigal, se evitaría el archivo de miles de causas. 

Intersindical firma el acuerdo de legislatura de la Mesa General

Todas las organizaciones sindicales, a excepción de CSI·F, hemos valorado positivamente este acuerdo marco que contempla toda una serie de materias que han de ser objeto de negociación en la Mesa General y en las respectivas Sectoriales, así como el calendario de trabajo que se concentra, básicamente, en 2016 y 2017. Entre estos temas, cada uno de ellos con sus especificidades, destacamos: la ordenación de la negociación colectiva, la planificación de las ofertas de empleo de 2016 a 2019 con el objetivo de reducir la temporalidad al 10%, la recuperación del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicos, desrrollo de los planes de igualdad y de violencia de género, conciliación de la vida personal y laboral, mejora de la salud laboral, la formación vinculada a las necesitades reales de una administración moderna y la redacción de una nueva ley de la función pública.
Para Intersindical Valenciana, la importancia de este Acuerdo radica en que constituye una apuesta decidida por los servicios públicos de gestión directa, por valorar el trabajo del personal empleado público y por ofrecer a la ciudadanía unos servicios de calidad que suponen una mejora en su estado de bienestar. En este contexto, la firma del Acuerdo supone una herramienta de trabajo fundamental, en tanto que existe una planificación ordenada de la negociación y se establecen unos objetivos concretos, que permitirán, en los próximos años, desplegar su contenido.

INTRUCCIÓ DE VACANCES, PERMISOS I LLICÈNCIES

TRAMITACIÓN TURNO LIBRE: RELACIÓN DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS, FECHA EXAMEN


Orden JUS/923/2016, de 2 de junio, por la que se aprueba la relación defiitiva de admitidos y excluidos y se convoca a la realización del primer ejercicio para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre.

13 de junio de 2016
Orden JUS/923/2016, de 2 de junio, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se convoca la realización del primer ejercicio.Este enlace se abre en una nueva pantalla

martes, 7 de junio de 2016

Jueces, fiscales y secretarios desconocen los datos de Justicia sobre revisión de las causas

Asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia restan importancia al anuncio realizado este lunes por el ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento del plazo que daba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la clasificación de las causas penales en complejas o no complejas. Afirman que no se les ha informado de estos datos y que el problema de fondo sobre la lentitud de la justicia es la falta de medios.
Desde la Asociación de Fiscales, Emilio Frías ha señalado a Europa Press que si hace una semana le hubieran dicho que se cumpliría el plazo de revisión -fundamental para establecer si un juez dispone de 6 o 18 meses para instruir un procedimiento-, hubiera desconfiado, si bien la cuestión cambió cuando desde la Fiscalía General se dio una instrucción el miércoles pasado para realizar esta labor en bloque, “manera rápida, no precisa y con menor detalle”.

El problema de la ley es que fue un parche, cuando lo que se tenía que haber hecho es dar la instrucción a los fiscales, porque quien no controla el proceso no debería controlar los plazos”, señala Frías.
La asociación mantiene la cautela respecto a los datos ofrecidos por el Ministro porque los vencimientos se siguen produciendo, ya que otras causas deberán ser clasificadas antes de hoy día 7, del 8 o del 9 de junio y lo que hay que mejorar son los instrumentos digitales con los que se cuenta para realizar esta labor.

Justícia i l'AVL col·laboren per incentivar l'ús del valencià al món judicial

L’objectiu de l’acord és garantir els drets lingüístics de la ciutadania amb la posada en marxa d'iniciatives conjuntes que incentiven la presència de la llengua pròpia en aquest àmbit.

 El secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Ferran Puchades, i el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, han acordat, aquest divendres, “establir mecanismes de col·laboració per promoure l'ús del valencià a l'Administració de Justícia i garantir els drets lingüístics de la ciutadania amb la posada en marxa d'iniciatives conjuntes per a l'establiment de ferramentes que incentiven la presència de la llengua pròpia en aquest àmbit”.

Presència del valencià “pràcticament inexistent”

Ramon Ferrer ha agraït “l’interès mostrat per la Conselleria per potenciar el valencià a l'Administració de Justícia” i ha acceptat el “repte” plantejat per Ferran Puchades respecte de la importància d'impulsar la dinamització lingüística al món judicial, “on, fins ara, la presència del valencià és pràcticament inexistent”.

El abismo del 6 del 6 de 2016

La declaración de causa compleja obedece a una cuestión de prevenir antes que curar Critican la nueva normativa, a la que tachan de «deficiente».

El sentir común es que se ha puesto en marcha una iniciativa sin dotarla de medios.

No se trata de declarar las causas de especial complejidad por sistema pero casi. Es más una cuestión de salvar los muebles, de evitar prescripciones y de acelerar la práctica de pruebas para sortear los efectos que el 6 del 6 de 2016 está dejando en las fiscalías de la Comunidad Valenciana. Es, en definitiva, un más vale prevenir que curar.
El tiempo apremia y el próximo lunes expira el plazo para que la Fiscalía revise todas las causas penales iniciadas después del 6 de diciembre cuya instrucción se ha limitado a seis meses. Que se prologuen un año más, depende de de que lo solicite el Ministerio Público alegando especial complejidad. Y para eso se han tenido que revisar una a una.
Está siendo un trabajo de chinos que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) ha criticado poniendo sobre la mesa su poca confianza en que se revise la complejidad de las causas en plazo. Considera que no va a dar tiempo.
De no pedir una prórroga, las instrucciones terminarán estén como estén. Y el Ministerio Público va a contrarreloj. La nueva ley le ha obligado a improvisar mucho en un terreno desconocido. Y hay una premisa no escrita: la petición casi automática de declaración de causa compleja a las diligencias que no dé tiempo a revisar para pedir o no esta prórroga.
En el fondo es lo de siempre. El anuncio a bombo y platillo de una nueva normativa cuyo mensaje teórico es una declaración de intenciones -la de limitar el tiempo del juez para evitar que las instrucciones se eternizaran como por ejemplo el caso Fabra, que duró nueve años- pero que en la práctica no se cierra. En las formas también: las mismas manos de siempre. Es la cara b de la nueva Ley de Enjuciamiento Criminal.

Los fiscales sortean la orden de Catalá de examinar cientos de miles de sumarios en siete días

La Fiscalía General del Estado ordena a los fiscales declarar "complejas" todas las causas sin analizarlas ante la imposibilidad de revisar todos los procesos penales en una semana
El Ministerio de Justicia trató in extremis de salvar su reforma legal para acortar los plazos de la instrucción judicial.

La reforma legal del Ministerio de Justicia para acortar los plazos de la instrucción de los sumarios penales ha derivado en una monumental chapuza, a falta de una semana para que entre en vigor. El cambio que introdujo la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretendía que el 6 de junio todos los jugados españoles tuviesen calificados todas las causas judiciales en la vía penal como simples o complejas. Las primeras dispondrían de un plazo máximo de instrucción de seis meses. Para las complejas, ese periodo podría ampliarse un año más.
Cuando faltan siete días para que llegue la fecha, nadie, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Ministerio de Justicia, ni el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) conocen el número exacto de los sumarios pendientes. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio dos cifras distintas hace semana y media: aseguró primero que los sumarios a clasificar desde diciembre eran 346.000 y tres días después elevó sus números a 460.000.
Este lunes, en una reunión con el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios de juzgados, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés reclamó a los letrados que remitiesen las causas pendientes a las distintas fiscalías para que puedan ser analizadas. En horas, algunas fiscalías empezaron a recibir miles de causas pendientes, apiladas en cajas.

Los portavoces de los partidos políticos ven necesario un Pacto por la Justicia

El futuro Gobierno que tome las riendas del país deberá afrontar los numerosos retos que plantea la Administración de Justicia. Los cuatro portavoces de este ámbito de los partidos políticos han abordado esta cuestión en un debate centrado en la independencia judicial.

Almudena Vigil Hochleitner.- La Justicia es uno de los temas más delicados que encontrará sobre la mesa el Gobierno que finalmente tome las riendas del país. La persona que resulte responsable del departamento de Justicia tendrá ante sí toda una serie de frentes abiertos a los que deberá dar respuesta estableciendo las líneas de actuación para resolver los problemas que afronta este ámbito de la Administración. Todo un reto para una cartera cargada de asuntos clave para el buen funcionamiento de la Justicia.
En este contexto, los portavoces de Justicia de los principales partidos políticos, (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) parecen tener claro que la solución para mejorar el sistema actual pasa por un gran pacto o acuerdo de Estado y por el "consenso". Esa fue la palabra más repetida durante el debate que han mantenido este jueves los cuatro representantes políticos, en un encuentro informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press.
La apertura del acto corrió a cargo de Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer España y Portugal, quien destacó que “un sistema judicial solvente requiere una dotación presupuestaria que permita a la Administración de Justicia contar a largo plazo con el talento de los mejores profesionales”.
A continuación, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, abrió el debate entre los portavoces políticos, señalando que el primer paso es el diagnóstico de la situación actual, y apostó por dar un salto cualitativo en un Pacto de Estado por la Justicia.

La Comunitat Valenciana espera la creación de 15 juzgados previstos desde hace seis años

La consellera Bravo exigió a la Generalitat la puesta en marcha cuando era portavoz del CGPJ y ahora achaca la demora al ministerio.

Unos por otros, y la casa sin barrer. Con esta frase recoge el refranero español la situación en la que ninguno asume el trabajo y achaca su incumplimiento a otro. Máxima que podría ser aplicable a la fallida puesta en marcha de una quincena de nuevos juzgados en la Comunitat, previstos desde hace seis años, y que podrían haber paliado la actual situación de congestión que sufre la Administración de Justicia valenciana.
En 2010, el Gobierno central autorizó la creación de 21 nuevos juzgados en la Comunitat, aunque sólo se pusieron en marcha seis. El resto quedó en el aire por la falta de recursos económicos de la Generalitat, que debe dotar a los órganos de medios materiales y funcionarios. El Consell pidió un año de plazo para ponerse al día, pero al ejercicio siguiente el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que dejaba sin efecto la constitución de estos nuevos juzgados.
En aquel momento (mediados de 2011), la por entonces portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, responsabilizó directamente a la Generalitat del retraso en la puesta en marcha de estos órganos.
Cinco años después, y ya con Bravo al frente de la Conselleria de Justicia, la Generalitat entiende que «la creación de aquellos juzgados nunca ha sido derogada y, por lo tanto, sigue en vigor», según concretaron desde la propia delegación. Por contra, el ministerio sí que da por derogado el decreto en lo que afecta a la Comunitat «desde el mismo momento en el que el Consell comunicó su negativa a ponerlos en marcha», añadieron desde la conselleria, donde se encuentran a la espera de un informe de los servicios jurídicos ministeriales que aclare el asunto.

jueves, 26 de mayo de 2016

El número de opositores de Justicia desborda las previsiones y provoca un retraso en los exámenes

Se han presentado más de 110.000 instancias para 1.128 plazas de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial

La avalancha de aspirantes a las oposiciones que el Ministerio de Justicia ha convocado para trabajar como funcionarios en tribunales de toda España ha provocado un retraso de último minuto en la fecha de las pruebas. Así, más de 45.400 personas que van a competir por 376 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal (los antiguos auxiliares de justicia) se examinarán el próximo 3 de julio en vez del día inicialmente previsto, el 5 de junio; y los 64.400 opositores para 752 plazas de Auxilio Judicial (antiguos agentes judiciales), en lugar del 3 de julio habrán de esperar a la última semana de septiembre, según informa el ministerio, que insiste en que, a pesar de que ya estaban establecidas aquellas fechas de junio y julio, la convocatoria oficial aún no estaba publicada.
Los opositores se quejan de que la convocatoria de 2015, anunciada en el BOE en marzo de ese año, ya se hizo de rogar y no llegó hasta diciembre, a la espera de incluir los cambios que se aprobaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes de enjuiciamiento civil y criminal. “Eso ya fue un trastorno cuando ya teníamos mucho avanzado, porque estas son oposiciones de memoria y, si te cambian un plazo o algo que hacía el juez ahora lo hace el letrado, te lo tienes que volver a estudiar”, se queja Belén Muñoz, de 41 años, que habla de “faena”, de “desmadre” y de “falta de respeto”, pues recuerda que las primeras fechas que se manejaron para los exámenes fueron mayo y junio.
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Valencia reclama un nuevo Juzgado de Familia para agilizar divorcios y custodias

Las demandas han crecido un 26% en cinco años y uno de los juzgados recibió 1.900 asuntos el pasado año
Los jueces de Primera Instancia de Valencia, especializados en asuntos de Familia, han reclamado la creación de un nuevo órgano judicial para agilizar la tramitación y resolución de separaciones, divorcios y custodias, ya que los cuatro juzgados de esta índole con los que en la actualidad cuenta Valencia "se han revelado insuficientes" para dar salida a los asuntos entrantes, en constante progresión en los últimos 10 años.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado en un comunicado que en este periodo se ha registrado un incremento del 26%, pasando de 6.082 demandas en 2010 a las 7.594 contabilizadas en 2015.
Los magistrados de Valencia fundamentan su petición en las "materias especialmente sensibles" que tratan y en las estadísticas del pasado año, según las cuales cada uno de los Juzgados de Familia recibió 1.900 asuntos, una carga de trabajo que duplica la recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, ha explicado que "la entrada media en los cuatro Juzgado de Familia de Valencia es de 1.899 asuntos al año, cuando debería ser de 998 demandas. Esto supone un 190% de los módulos del CGPJ. Prácticamente --ha manifestado-- duplica la entrada adecuada para este tipo de juzgados especializados".
En este sentido, ha apuntado que "las cifras evidencian que es necesario incrementar la plantilla de jueces de Familia en la ciudad de Valencia", al tiempo que ha recordado que el último Juzgado especializado en esta materia se creó en 2008.
La Sala de Gobierno del TSJCV ha hecho suya la reclamación de los jueces de Familia y apoya la petición del quinto órgano especializado en separaciones, divorcios y custodias. Entretanto, ha abogado por mantener el refuerzo con el que ahora cuentan los cuatro magistrados de Familia, que están siendo ayudados por un Juez de Adscripción Territorial (JAT).
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ALCOI: El traslado del Palacio de Justicia a Mare de Déu se hará en agosto

El Pleno del Consell ratifica el convenio de cesión con el Ayuntamiento y se empezará a negociar un acuerdo 
El gobierno local aprueba renovar la climatización que fue sustraída, con cargo al seguro.


El pleno del Consell aprobó ayer el convenio mediante el cual el Ayuntamiento de Alcoy cederá a la Generalitat el uso de un inmueble municipal para el nuevo Palacio de Justicia, donde se ubicarán los juzgados y la fiscalía del partido judicial y otros servicios para la Administración de Justicia, según informó la vicepresidenta Mónica Oltra. El inmueble, de 3.197 metros cuadrados, está situado en el número 2 de la Placeta Mare de Déu y en él se instalarán los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción con los que cuenta el partido judicial, así como la sección territorial de la Fiscalía, el Decanato y el Servicio de Comunicación de Notificaciones y Embargos. El alcalde Antonio Francés ha expresado su confianza en que el traslado pueda consumarse en agosto.
La nueva sede de la Administración de Justicia también contará con una clínica médico-forense, espacios para los miembros de los Colegios de Abogados y Procuradores, así como una sección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. Las instalaciones se completarán con los calabozos para los detenidos, la entrada de vehículos policiales y las dependencias para los efectivos de la Guardia Civil encargados de la guarda y custodia del edificio.
El nuevo Palacio de Justicia sustituirá a las actuales y desvencijadas dependencias que estaban repartidas entre la plaza de Al-Azraq número 3, donde estaban tres juzgados, y el local alquilado de la calle Gabriel Miró, donde estaba ubicado el juzgado número 4.
En el nuevo edificio, además de los cuatro magistrados y los correspondientes letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), trabajarán cuarenta funcionarios de la Generalitat entre gestores, tramitadores judiciales y personal auxiliar.
El convenio establece que el Ayuntamiento hará efectiva la cesión gratuita del edificio por un año, tiempo durante el cual el Consell y el consistorio alcoyano se comprometen a iniciar las gestiones para acordar la forma jurídica más conveniente para que la Generalitat adquiera el uso del inmueble de manera definitiva.
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viernes, 13 de mayo de 2016

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS 2016

Hoy, 12 de mayo, se ha publicado la Orden JUS/704/2016, de 25 de abril, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

El plazo para la presentación de instancias es de 10 días naturales, entre el 13 y el 23 de Mayo, ambos inclusive.
El número máximo de órganos judiciales que se pueden solicitar entre plazas vacantes y resultas, no podra superar los 200 números de orden, entendiendo que cada número de orden comprende todas las vacantes anunciadas y posibles resultas, en su caso, del órgano judicial de que se trate.
No se admitirá ninguna modificación ni renuncia a participar en el concurso una vez haya terminado el plazo de presentación de solicitudes.
Podrá admitirse la renuncia a la participación en el concurso, teniendo como plazo hasta el último día de presentación de alegaciones a la resolución provisional, en aquellos casos debidamente justificados.
Para los funcionarios que participen en el presente concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, a nivel nacional, existe la posibilidad de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en la dirección https://ainoa.justicia.es 
Los concursantes que opten por esta modalidad deberán presentar el modelo de instancia en el impreso definitivo generado por el asistente informático, no el borrador, ya que éste no tendría validez. Dicha presentación se realizará por el sistema ordinario, de acuerdo con lo especificado en los puntos 1 al 7 de la presente base

miércoles, 11 de mayo de 2016

El Supremo recuerda al CGPJ que debe cumplir la igualdad en la designación de cargos discrecionales

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un revolcón al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sentencia –cuyo fallo ya se conocía- por la que ha anulado el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por no cumplir, entre otras cosas, su propia política de igualdad, al haber nombrado a un hombre en vez de a una mujer.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Mariano del Oro Pulido, establece 9 parámetros de valoración, en 4 de los cuales gana la candidata frente a 1 en el que se impone el elegido; en tres empatan. El noveno es subjetivo y no es de fácil valorarlo ya que se refiere al programa de actuación.
 El Pleno de esta Sala recuerda al CGPJ su propio Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el órgano de gobierno de los jueces el 14 de febrero de 2013.
Y de forma específica, uno de los once ejes de actuación, el de la “promoción de la carrera judicial”.
Este contempla el objetivo de “promover la remoción del déficit de presencia equilibrada de mujeres en los cargos de nombramiento discrecional realizados por el Consejo”.
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martes, 10 de mayo de 2016

El expediente judicial electrónico se implantará en 25 partidos judiciales antes de julio

La secretaria de Estado de Justicia en funciones, Carmen Sánchez-Cortés, ha avanzado que el expediente digital electrónico se implantará en 25 partidos judiciales en el primer semestre del año, entre ellos Segovia, Salamanca y Palencia, y ya funciona en Burgos, además de en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Así lo ha asegurado Sánchez-Cortés en un encuentro con periodistas con motivo del XIV Congreso Nacional de Procuradores, que se ha celebrado en Bilbao.
Según ha explicado, “el objetivo que tenemos es que en este primer semestre Justicia Digital sea un hecho en 25 partidos judiciales, básicamente en capitales de provincia, y en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo“.
 Hasta la fecha, el expediente electrónico funciona con total normalidad en varios partidos judiciales como Cáceres, Burgos, Ibiza y pronto lo hará en Segovia, Salamanca y Palencia.
La secretaria de Estado de Justicia ha querido dejar claro que el expediente digital es un mandato legal para todas las comunidades autónomas y “aunque cada uno lleva un ritmo”, el objetivo final es extender su funcionamiento a todas las sedes judiciales a lo largo de este año.
Y ha recordado que la implantación del expediente electrónico se enmarca en el proyecto de Justicia Digital desarrollado por el Ministerio de Justicia, en virtud del mandato que recoge la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia aprobada en 2011 y que establece como fecha límite el próximo 7 de julio.
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La falta de medios colapsa los juzgados de La Vila Joiosa

Se acumulan retrasos de tres años por el exceso de litigios y el cambio de funcionarios.

La Unidad de Atención Ciudadana del Consejo del Poder Judicial ha tramitado en lo que va de año quince quejas por retrasos ocurridos en los juzgados de La Vila Joiosa, algunos de ellos de más de tres años para resoluciones tan sencillas como el cálculo de los intereses de una deuda hipotecaria debido a un cambio legislativo producido en 2013. Todas las quejas han sido archivadas porque el retraso, según el Poder Judicial, no es imputable al juez —el CGPJ solo tiene competencia disciplinaria sobre jueces y magistrados—. Lo reseñable es que el Consejo admite que las quejas son archivadas “porque el retraso en los juzgados de Vila Joiosa obedece a causas estructurales: se trata de órganos judiciales con un volumen muy alto de entrada de asuntos y con personal a menudo insuficiente”. Esta escasez de personal se ve agravada por la constante movilidad. La enorme carga de trabajo incide en una frecuente solicitud de traslados, por lo que las plazas suelen estar cubiertas por funcionarios interinos.
Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta es que los tres juzgados de La Vila Joiosa son mixtos —de Primera Instancia e Instrucción—, es decir, que llevan tanto asuntos penales como civiles. A ello deben añadirse las guardias y las competencias en Registro Civil y en Violencia sobre la Mujer. Según los datos correspondientes a los partidos judiciales de la provincia de Alicante, cerrados a 31 de diciembre de 2015, la media de asuntos ingresados por cada Juzgado en La Vila Joiosa el año pasado fue de 3.146, frente a los 2.791 de Dénia o los 2.614 de Elda. De hecho, en el último informe del servicio de inspección del Ministerio de Justicia sobre órganos judiciales que superaban el 150 % de los indicadores de carga de trabajo, figuran los tres Juzgados mixtos de La Vila.

Greu cas de discriminació lingüística als jutjats valencians

Denúncia d'una lletrada a qui li va ser requerida la traducció d'un escrit de recurs escrit en valencià.

 Els jutjats de Sagunt han sigut l'escenari d'un nou cas de discriminació lingüística patit per voler fer un ús normal de la nostra llengua a l'Administració. Aquest cas és especialment greu pel requeriment de traduir un escrit de recurs per part del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sagunt, que haurien de conèixer quina és la normativa actual al respecte. L'advocada afectada ens fa arribar un escrit en què explica perfectament el cas i fa una repassada exhaustiva a la normativa que regula els drets lingüístics de tots els valencians:
"El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sagunt va requerir ahir l’advocada Mercè Teodoro, qui actua en nom d’un ciutadà particular en un afer civil, a traduir al castellà un escrit de recurs presentat en valencià, abans de resoldre’l.

"Aquesta petició és inadmissible d’acord amb la legislació internacional, estatal i autonòmica i suposa un nou cas de desconeixement de la llei en matèria lingüística i una vulneració flagrant dels drets lingüístics elementals dels valencians.

"Demanar a una de les parts en un procediment judicial la traducció d’un document que s’ha presentat en una de les llengües oficials del territori és un acte contrari a l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, aplicable a tot l’Estat, el qual estableix que les parts i els seus representants, així com els testimonis i perits podran utilitzar la llengua que siga també oficial en la comunitat autònoma en el territori de la qual tinguen lloc les actuacions judicials, tant en manifestacions orals com escrites i que les actuacions judicials realitzades i els documents presentats en aquesta llengua tindran “sense necessitat de traducció al castellà plena validesa i eficàcia”.

El jutjat pot ordenar, d’ofici la seua traducció només quan els escrits hagen de tenir efecte en òrgans judicials radicats en altres territoris que no compartesquen la llengua cooficial o a instància de part, quan alguna de les personades en el procediment (mai el mateix jutjat) al·legue –i demostre- indefensió. Però en cap cas la traducció ha d’anar per compte de qui ha presentat l’escrit o document, no pot implicar inadmissió del tràmit, cap sobrecost a la part o l’endarreriment en el procediment. En eixe cas, constituiria també un acte de discriminació.

"En el mateix sentit s’expressa l’article 12 de la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià en afirmar que “tots els ciutadans tenen el dret de poder adreçar-se a l'Administració de Justícia en la llengua oficial que creguen convenient d'usar, sense que se'ls puga exigir cap mena de traducció i sense que se'n puga seguir retard o demora en la tramitació de llurs pretensions” i que “Totes les actuacions, documents i escrits, realitzats o redactats en valencià davant els Tribunals de Justícia i les que aquests duguen a terme en la mateixa llengua, tenen plena validesa i eficàcia”.

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Valencia, interesada en programa informático de gestión procesal de Canarias

La consejera de Justicia de la Generalitat valenciana, Gabriela Bravo, se ha interesado hoy por el sistema informático de gestión procesal de Canarias Atlante II y sus funcionalidades, ante la posibilidad de adaptar la plataforma a la organización judicial de su comunidad.
Según ha informado hoy la Consejería de Justicia del Gobierno canario en un comunicado, Bravo ha mantenido una reunión con su homólogo canario, Aarón Afonso, con quien abordó también la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.
Tanto Afonso como Bravo han coincidido en que la implantación del nuevo modelo organizativo es "un reto imprescindible" para la modernización de la Justicia y la mejora del servicio público que presta.
La consejera valenciana de Justicia se ha interesado también por conocer los diferentes proyectos de modernización tecnológica que está desarrollando la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, especialmente el de grabación de salas de vistas, señala la nota.
La titular del departamento de Justicia de la Generalitat Valenciana ha impartido además una conferencia en el marco del Foro Derechos Humanos e Inmigración, que se ha clausurado hoy en la capital grancanaria, una ponencia titulada "El paradigma de la frontera".
Fuente: www.lavanguardia.com

El TS limita a 25 folios la extensión de los recursos contenciosos ante el aumento de la carga de trabajo prevista

La magistrada Margarita Robles advierte de afectación al derecho de defensa y pide "estar a la altura" tras la reforma de la casación
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado unas normas que limitan a "50.000 caracteres con espacio" -el equivalente a 25 folios- la extensión de los recursos que desde el próximo 22 de julio deberán presentar los abogados que recurran ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano.
Las pautas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se enmarcan en las novedades que se introducen en la casación tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , en cuyo artículo 87 se faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".
La extensión aprobada, según el acuerdo de la Sala de Gobierno, incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse , y obliga a utilizar como fuente 'times new roman' con un tamaño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. También fijan los espacios de interlineado y márgenes de los escritos, así como la forma de numerar los papeles.
Fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.
NOVEDAD EN EL ORDENAMIENTO
El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos.