Ofensiva de los procuradores para asumir la ejecución de las sentencias

 Un informe de la Cambra de Comerç y de la UB insta a que la Procura se haga cargo de esta competencia

Los procuradores de los tribunales llevan cerca de 20 años reclamando que se les permita asumir la ejecución de las sentencias judiciales. Nada nuevo ahí. Ahora, sin embargo, disponen de números y estadísticas que demuestran que esa tarea se realiza de manera ineficiente, ya que en Catalunya, por ejemplo, se recupera solo el 21,8% del importe económico pendiente de cobrar.
El jueves se inauguró en Barcelona el I Congreso sobre Economía y Justicia, que contó con la presencia del ministro del ramo, Rafael Catalá. El encuentro ha sido organizado por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya. Una de la ponencias, a cargo del catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Suriñach, ha expuesto "las repercusiones económicas de una ejecución civil ineficiente". El también director del Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab ha desgranado el contenido de un estudio que ha elaborado junto a la Cambra de Comerç y que arroja conclusiones inquietantes. Ahí va una: "El largo proceso hasta la ejecución efectiva de la sentencia genera un riesgo y unos costes adicionales que pueden ser muy importantes para las empresas y los particulares afectados".

LA PRIVATIZACIÓN CONTINUA: El Colegio de Procuradores explica a la Comunidad de Madrid su nuevo papel en el Servicio Común de Actos y Notificaciones

Reunión de su Vicedecana, Rocío Sampere,  con Ricardo Ruiz de la Serna, Director General de Justicia para ver cómo pueden colaborar en la agilización de la administración de justicia.

La próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobará en unos días en Consejo de Ministros otorgará  a los procuradores la puesta en marcha del Servicio Común de Actos y Comunicaciones con la consiguiente capacidad de certificación. Ya no hará falta que se presenten dos testigos para los emplazamientos, citaciones  o notificaciones. Esta actividad que aún depende de cada Secretario Judicial en los juzgados, a medio plazo irá cambiando de manos. En la mañana de ayer  el Director General de Justicia de la Comunidad de Madrid, Ricardo Ruiz de la Serna, acompañado de Alberto García Llover, Jefe de área personal laboral, y Alejandra Alonso, Jefa de servicio de modernización, han recibido a Rocío Sampere, Vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), el presidente de justicia gratuita Antonio Sánchez-Jáuregui, así como a Pedro Vila, Presidente del Servicio de Actos de Comunicación del ICPM, y María Luisa Montero, Presidenta del Instituto de Mediación del ICPM, y  Mariano Rodríguez, director del ICPM, quienes han explicado el alcance de esta reforma y el papel que los procuradores pueden tener en la misma.

El expolio del Registro Civil: Privatizar el registro civil es un proyecto ideológico de la política más casposa

Articulo de Francisco Delgado 
Privatizar el Registro Civil está dando ya enormes beneficios para empresas privadas y también para el cuerpo de registradores mercantiles.

Privatizar el Registro Civil está dando ya enormes beneficios para empresas privadas y, posteriormente, también, para el cuerpo de registradores mercantiles, en un alarde de presunta prevaricación por parte del actual Gobierno. Pero el problema es mucho más profundo y tiene que ver con un doble proyecto ideológico concreto. Por un lado la propuesta enfermiza de una determinada derecha casposa e insolidaria que pretende privatizarlo todo, por supuesto los beneficios, no los riesgos, ni las pérdidas. Pero el segundo aspecto de esta propuesta es, si cabe, de mucho mayor calado político ideológico.

Catalá mercantiliza el Registro Civil e impone pagos hasta por el Libro de Familia

Era una vez un país tan interesante que todo su interés había sido reducido a cifras. Hasta los recién nacidos eran inscritos por los registradores mercantiles. Sus nombres y apellidos valían dinero. Los gobernantes o sátrapas (en acepción de la antigua Grecia) legislaban y actuaban para que todo, desde las ruinas romanas conservadas con el dinero público hasta el Registro Civil de sus habitantes, sirviera para enriquecer a unas élites extractivas, siempre las mismas. Así podría comenzar el relato de la privatización de los datos registrales de los españoles por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, un registrador de la propiedad al fin y al cabo, si la oposición no consigue paralizar esa “reforma estructural” que el PP coló hace un año entre las “medidas de impulso económico”.

El diputado y portavoz de Justicia de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares estima que estamos ante “un pelotazo de 1.200 millones de euros” para los registradores mercantiles (120 en toda España). Es la cantidad que de un modo u otro tendrán que pagar directamente los ciudadanos por unos trámites que hasta ahora dependían del Ministerio de Justicia y eran gratuitos. Si la privatización de la gestión se consuma, hasta el Libro de Familia y la certificación de familia numerosa costarán la tasa que los seculares propietarios del arancel impongan con el visto bueno del Gobierno.

Los ciudadanos pagarán la nueva gestión del registro civil

El PP presenta enmiendas elaboradas por el colegio de registradores mercantiles

El Gobierno aseguró que sería gratuito

El Gobierno está negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que los ciudadanos deben pagar para compensarles por asumir la gestión del registro civil, según un documento interno del Ministerio de Justicia. El Gobierno busca la forma de retribuirles de forma encubierta a través de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que se tramita en este momento en el Congreso.
El anterior Gobierno promovió en 2011 un cambio legal que se aprobó en el Congreso por unanimidad para desjudicializar el registro civil. Dejó en el aire qué funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito.
Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios, pero sin salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones y, además, deben utilizar a más personal para hacerse cargo de la gestión del registro civil. Por eso, las enmiendas que estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en los borradores se establecen nuevos cometidos que sí costarán dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos, trámite que hasta ahora no era necesario y por el que cobrarán los registradores.

"Privatización de los servicios auxiliares de Justicia (funcionarios, secretarios judiciales y jueces)"

EEUU presiona para lograr la liberalización total de 14 servicios profesionales en Europa

El tratado TISA afecta a una amplia categoría de servicios profesionales, desde la justicia hasta la propiedad intelectual o las transacciones electrónicas

EEUU quiere que Europa permita la comercialización masiva del 'big data' y de información personal en Internet

Documentación obtenida a través de filtrala.org revela las pretensiones estadounidenses: en el ámbito del comercio electrónico, ningún Estado podrá "otorgar preferencia a bienes producidos en su territorio, o a la compra de bienes de personas en su territorio.

"Servicios jurídicos (abogados, procuradores notarios, registros) y servicios auxiliares de Justicia (funcionarios, secretarios judiciales y jueces); los servicios tecnológicos o de Internet, propiedad intelectual, transacciones electrónicas, firma digital, contabilidad, auditoría y teneduría de libros de cuentas, asesoría fiscal, arquitectura e ingeniería, consultoría en ciencia y técnicas de ensayos y análisis, servicios veterinarios y enseñanza.

Son las catorce grandes categorías de servicios cuya liberalización total ha propuesto Estados Unidos en el marco de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocia en secreto con la Unión Europea y una veintena de países, entre ellos Australia, Japón, México y Canadá.

DIMITE EL DIRECTOR GENERAL DE LOS REGISTROS Y NOTARIADO

 Catalá detiene la reforma de los registradores liderada por el hermano de Rajoy
El nuevo ministro de Justicia tiene el mandato de negociar con los registradores la reforma del Registro Civil que inició Gallardón. Como consecuencia del giro dimite Joaquín Rodríguez, director general del Registro y Notariado y amigo de Enrique Rajoy.

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha detenido la última fase de la reforma del Registro Civil que inició Gallardón y que había sido ideada por un grupo de registradores liderado por Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno.
Según diversas fuentes próximas al Ejecutivo, Catalá tiene ahora el mandato de negociar el detalle con el Colegio de Registradores, hasta hace unos días levantado en armas a cuento de esta reforma porque les obligaba a costear el mantenimiento del Registro Civil y les retiraba el control de todo el sistema informático registral.

¿OTRA PRIVATIZACIÓN MAS? Gallardón aprobará este mes los requisitos de los mediadores judiciales

• El Ejecutivo admite que estudia declarar la mediación obligatoria en determinados casos

• Justicia ve a las Cámaras de Comercio como uno de los principales mediadores entre empresas

España tramita al año nueve millones de asuntos judiciales, mientras que Francia, con 20 millones de habitantes más, registra 6,5 millones de procesos al año. Son datos aportados ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se quejó del “exceso de litigiosidad” en España y apeló a un mayor uso de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos –en concreto la mediación– para mitigar el constante recurso a los tribunales. El titular de Justicia, que intervino en la jornada La apuesta de las Cámaras europeas por el despegue económico, reclamó fundamentalmente el uso de la mediación por parte de las empresas.

La justicia sigue siendo un servicio público, pero más caro

• El copago llega con las tasas y la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad

• Pleitos y trámites antes gratuitos se pagarán

• Jueces, fiscales y abogados echan un pulso a la reforma de Gallardón

 
Las nuevas tasas judiciales y la anunciada reforma del Registro Civil, que en 2014 pasará de las manos de los jueces a las de los registradores de la propiedad —lo que implicará pagar por trámites que ahora son gratis—, han puesto la palabra sobre la mesa: “privatización”. Algunos colectivos sostienen que este nuevo copago es el primer paso para cambiar el modelo de servicio público de la justicia y favorecer el negocio de privados, y auguran que dejará a muchos ciudadanos de clase media sin posibilidad de defender sus derechos en los tribunales. El ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón replica: el ciudadano que hace uso de los juzgados ya paga a privados (los abogados y procuradores), simplemente va a pagar más que ahora “y eso va en beneficio del conjunto de la sociedad”, que es la que sostiene, con sus impuestos, el grueso del Estado de bienestar.
Será, así, una justicia más cara, aunque siga siendo un servicio público.

Justicia pone el Registro Civil en manos de los registradores de la propiedad

Inscribir nacimientos y defunciones seguirá siendo gratis; otras gestiones podrían pagar tasa

Jueces por la Democracia denuncia que el cambio supone una "privatización" del servicio

El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.
Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón garantizó que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente la inscripción del nacimiento y de la defunción— seguirán siendo gratuitos. Pero queda en el aire si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.

SIGUEN "PRIVATIZANDO" LA JUSTICIA

El Ministro de Justicia ha anunciado un nuevo plan para acabar con el retraso del tramite de 400.000 expedientes de nacionalidades pendientes, para lo cual no ha pensado en dotar de medios a la Administración de Justicia, sino de firmar un convenio con el colegio de registradores, el cual supondrá un gasto, según informa el ministerio de 1.101.000 €, modificar la legislación y tramites para que sea mas ágil.
El ministerio vuelve a dar muestras de lo que piensa de la Administración de Justicia que lejos de entenderlo como un servicio público lo ve como una oportunidad de negocio para ciertos colectivos privatizando el servicio.
Accede a la nota del Ministerio de Justicia.

No a la privatización de la Justicia

INTERSINDICAL en contra de la privatización de servicios en la Administración de Justicia

El anuncio del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardon de estudio de la participación de los procuradores en la ejecución de Sentencias es un paso más en el camino que ha tomado el Ministerio de pretender privatizar determinados servicios en la Administración de Justicia.

Este nuevo anuncio, hecho en su intervención en el Congreso nacional de Procuradores, se encuadra junto con los anunciados de dar competencias judiciales a los Notarios y la implantación de tasas a las personas físicas, lo cual solo conseguirá  impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Traductores y jueces exigen intérpretes cualificados por la falta de garantías procesales

Justicia subcontrata a empresas privadas las labores de interpretación
En la C. Valenciana sólo hay tres funcionarios titulados en la materia.

"No les interesa el personal cualificado, se mueven por cuestiones de rentabilidad económica", manifestó ayer Juan Miguel Ortega, traductor-intérprete jurado y judicial, además de profesor de la Universitat d'Alacant.
Ortega, junto a otros doce profesionales de la traducción e interpretación, ha firmado un manifiesto a través de la Red Comunica (Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos en España) por el que respaldan las denuncias planteadas por la magistrada del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Pilar de Luna Jiménez de Parga, con relación a "la falta de garantías procesales en los procedimientos judiciales mediados por intérprete debido a la mala calidad del servicio prestado por la empresa responsable de la provisión de traductores e intérpretes".
Ortega recordó que en el caso de la Comunitat Valenciana la privatización del servicio está fragmentada por zonas. La empresa que ha suscitado las quejas en Madrid también trabaja para los juzgados valencianos y para diferentes instituciones europeas y del Ministerio del Interior.
En toda la C. Valenciana sólo hay tres funcionarios intérpretes que provienen de cuando las competencias de justicia las tenía el Estado. Dos trabajan en el Palacio de Justicia de Benidorm y la tercera persona lo hace en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
"Mis alumnos van a observar juicios y vienen escandalizados", explicó Ortega. Su compañera de profesión en la Universitat Jaume I de Castelló, Dora Sales, quien también firmó el comunicado de protesta, señaló que "es una noticia importante que por fin una juez se pronuncie a favor de la calidad de la traducción e interpretación".

Condena por error
De esa profesionalización del servicio depende el futuro de muchos juicios y por extensión de imputados extranjeros. Ximo Bosch, coordinador de Jueces por la Democracia en las comarcas valencianas relató que muchas veces "no se tiene en cuenta si los intérpretes conocen bien el castellano o si tienen conocimientos jurídicos".
Esa situación es bastante habitual. El ciudadano que trabaja como intérprete para la empresa contratada por la administración de justicia habla bien la lengua extranjera pero no matiza correctamente la traducción, algo que resulta vital para el desarrollo de un juicio. "Se detecta que no son profesionales, lo que genera problemas de indefensión, ya que están en peligro los derechos esenciales del imputado. Te pueden condenar por un error en la traducción e interpretación" apostilló Bosch.

Fuente: www.levante-emv.com

¿Asesoramiento o privatización?: "Otros servicios de asesoramiento"

J. A. M. El Colegio de Abogados proyecta la creación de otro turno de oficio para el Registro Civil, que consistirá en asesoramiento al ciudadano sobre la documentación que necesitan para obtener certificados. La puesta en marcha de este servicio está todavía en negociaciones con la Conselleria de Justicia, pero ya se ha creado en Castellón y Valencia. La responsable del turno de oficio en el colegio alicantino, Lydia García Olcina, explicó que en estos momentos están a la espera de que la Conselleria de Justicia les remita un borrador del convenio en el que se concrete la puesta en marcha de este servicio. La idea es crear una lista para que todos los profesionales que estén interesados en participar en la iniciativa se apunten.
El personal de este turno de oficio realizaría una labor de apoyo al Registro Civil, ya que gran parte de las colas que se registran se debe a personas que sólo buscan información sobre los trámites que deben hacer para pedir este certificado. García Olcina explicó que de todas maneras el trabajo que iban a desempeñar no iba a invadir las competencias que ya tiene atribuidas el personal de estos juzgados.
La iniciativa se sumaría a otros nuevos servicios de turno de oficio que se han ido poniendo en marcha en los últimos meses, como es el turno en Contencioso-Administrativo y Laboral. La crisis económica ha disparado también la cifra de ciudadanos que se ven obligados a acudir a la justicia gratuita al no poder pagarse un abogado particular.
Fuente: diarioinformacion.com