El actual ministro de Justicia, Rafael
Catalá, se plantea reformar la ley un año y medio después de su
implantación y 512 millones recaudados.
Desde que entrara en vigor el «tasazo» judicial en diciembre de 2012,
las arcas del estado español han recibido 34,5 millones de euros de los
bolsillos de los valencianos que han tenido que lidiar con asuntos en
los tribunales. Esta cifra representa un 6,7 % del total, ya que en año y
medio la recaudación tributaria ha ascendido a 512 millones en el
conjunto nacional.
Por comunidades autónomas, la madrileña es la
que ostenta el primer puesto de esta clasificación. La tributación en
esta región es de 139,5 millones desde que entrara en vigor la ley
10/2012 y hasta julio, según una respuesta parlamentaria enviada por el
ejecutivo al Congreso a petición del diputado socialista Miguel Ángel
Heredia.
Esos datos muestran también que Cataluña es la segunda
comunidad con más gasto, con 96,6 millones recaudados, seguida de
Andalucía, donde se pagaron alrededor de 54 millones. Por lo tanto, la
C. Valenciana no se encuentra entre las tres que más recaudan en este
sentido. Tras la comunidad andaluza, los vascos abonaron hasta 40
millones por tasas judiciales. Los siguientes, con 34,5 millones de
euros, los valencianos.
En la respuesta parlamentaria no se
detalla si estas cifras se adaptan a las expectativas que albergaba el
exministro Alberto Ruíz-Gallardón cuando impulsó esta polémica norma,
criticada tanto por jueces, como por abogados, procuradores y usuarios.
La intención era reducir la litigiosidad dentro del sistema judicial.
Lo
cierto es que su sucesor en el ministerio, Rafael Catalá, ha anunciado
que revisará «evaluará y analizará» la Ley de Tasas por si hubiera que
hacer alguna mejora. Una norma que ha provocado una caída en el número
total de casos abiertos Comunitat Valenciana, como ya publicó este
periódico. Desde su aplicación y hasta mayo, se han reducido en un 5 %
las aperturas de procesos, pasando de 1.011.194 asuntos a 964.405.
Hasta
2013, las tasas afectaban a las personas jurídicas y a las
jurisdicciones civil y contencioso administrativo. Con la ley que ahora
queda en entredicho, se obliga al pago a todas las personas físicas y se
incorpora al pago a la jurisdicción de lo social, la que trata los
conflictos laborales, aunque el ministro Gallardón redujo el importe en
este caso tras la polémica inicial.
Fuente:
www.levante-emv.com
Esta es la contestación que ha recibido por escrito el diputado Joan Baldovi por parte del Gobierno, en la cual, reconoce el Ministerio de Justicia que no lo sabe, ni el ni el organismo encargado de la recepción, la Agencia Tributaria, la cual manifiesta que solo es la entidad encargada de recaudar.
