¿Donde estaran?: El ´tasazo´ judicial de Gallardón recauda 34,5 millones en la C. Valenciana

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, se plantea reformar la ley un año y medio después de su implantación y 512 millones recaudados.

Desde que entrara en vigor el «tasazo» judicial en diciembre de 2012, las arcas del estado español han recibido 34,5 millones de euros de los bolsillos de los valencianos que han tenido que lidiar con asuntos en los tribunales. Esta cifra representa un 6,7 % del total, ya que en año y medio la recaudación tributaria ha ascendido a 512 millones en el conjunto nacional.
Por comunidades autónomas, la madrileña es la que ostenta el primer puesto de esta clasificación. La tributación en esta región es de 139,5 millones desde que entrara en vigor la ley 10/2012 y hasta julio, según una respuesta parlamentaria enviada por el ejecutivo al Congreso a petición del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.
Esos datos muestran también que Cataluña es la segunda comunidad con más gasto, con 96,6 millones recaudados, seguida de Andalucía, donde se pagaron alrededor de 54 millones. Por lo tanto, la C. Valenciana no se encuentra entre las tres que más recaudan en este sentido. Tras la comunidad andaluza, los vascos abonaron hasta 40 millones por tasas judiciales. Los siguientes, con 34,5 millones de euros, los valencianos.
En la respuesta parlamentaria no se detalla si estas cifras se adaptan a las expectativas que albergaba el exministro Alberto Ruíz-Gallardón cuando impulsó esta polémica norma, criticada tanto por jueces, como por abogados, procuradores y usuarios. La intención era reducir la litigiosidad dentro del sistema judicial.
Lo cierto es que su sucesor en el ministerio, Rafael Catalá, ha anunciado que revisará «evaluará y analizará» la Ley de Tasas por si hubiera que hacer alguna mejora. Una norma que ha provocado una caída en el número total de casos abiertos Comunitat Valenciana, como ya publicó este periódico. Desde su aplicación y hasta mayo, se han reducido en un 5 % las aperturas de procesos, pasando de 1.011.194 asuntos a 964.405.
Hasta 2013, las tasas afectaban a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso administrativo. Con la ley que ahora queda en entredicho, se obliga al pago a todas las personas físicas y se incorpora al pago a la jurisdicción de lo social, la que trata los conflictos laborales, aunque el ministro Gallardón redujo el importe en este caso tras la polémica inicial.
Fuente: www.levante-emv.com