La polvoreda levantada por el Ministerio de Justicia tras la aprobación del pago de tasas para acceder a la Justicia por parte de los ciudadanos no ha debido de ser suficiente para el jefe del Departamento, Alberto Ruiz Gallardón. Ahora, al titular de Justicia se le ha ocurrido otra brillante idea: incluir la gestión de las tasas judiciales en el plus de productividad que cobran los secretarios judiciales, de tal forma que se utilice como aliciente para aumentar la recaudación del Estado. El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), por su parte, ha denunciado esta práctica y ha pedido a los empleados renunciar a este complemento salarial por "dignidad profesional". "No se puede premiar a nadie para intentar expulsar al ciudadano de la Justicia", ha advertido en declaraciones a Europa Press, el portavoz sindical, Rafael Lafuente.
Según indica el propio SISEJ, el Ministerio que dirige el exalcalde de Madrid ha difundido en el Portal de la Administración de Justicia la Resolución del Secretario General de 1 julio 2014 por la que se regula este complemento. Uno de los indicadores que se incluye para la nueva productividad es "el número de modelos 696 de Hacienda gestionados por el secretario judicial", es decir, la conocida como productividad por tasas judiciales.
Dicha resolución sustituye a la hasta ahora vigente de 2010, y regirá para la productividad devengada durante el segundo semestre de 2014, cuya liquidación tendrá lugar en el primer mes de 2015."El Ministerio impone así un nuevo menosprecio profesional al Cuerpo de Secretarios Judiciales, utilizando la asignación presupuestaria que debería medir la dedicación especial a las funciones primordiales que hacen rendir la oficina judicial, para en su lugar potenciar el efecto disuasorio de las tasas judiciales de la Ley 10/2012 contra los ciudadanos como usuarios del servicio", denuncia el sindicato.
Según el Ministerio, resulta de "especial interés" actualizar los criterios de productividad a la vista de la experiencia acumulada desde la aplicación de la anterior resolución de 2010. Igual que también resultaba de "interés especial" cobrar tasas judiciales para garantizar el acceso a la "justicia gratuita" y desahogar los juzgados puesto que los ciudadanos se pensarían más recurrir a la justicia en ciertos casos. Es más, tal y como anunció el ministerio en el Congreso de los Diputados, la implantación de las tasas judiciales aportó unos recursos al Estado de 316 millones de euros en su primer año de aplicación.
No obstante, ninguno de los argumentos empleados por Gallardón parece haber convencido. El ministerio de Justicia ha conseguido tener a todos los sectores en contra. Las asociaciones de jueces, fiscales y de abogados de la más variada ideología han criticado, de una u otra manera, las medidas del Gobierno. Y por ello, el Consejo de Abogados de Madrid y los abogados del Turno de Oficio han anunciado la convocatoria de dos días de huelga, la primera este 30 de julio y la segunda el 10 de septiembre. Además han denunciado en Bruselas la posible ilegalidad de la reforma que acaba con la justicia gratuita y han pedido la intervención de la Comisión Europea.
Aunque las críticas no sólo han procedido del sector jurídico, dentro del Partido Popular tampoco han faltado. De hecho, el último enfadado a este respecto es el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que lleva varios días reclamando a Gallardón que cumpla la conocida como ley de Tasas (Ley 10/2012 de 20 de noviembre) para que lo recaudado por esas tasas judiciales revierta en la financiación de la Justicia gratuita. Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional consideran que no se está cumpliendo parte de esa ley y es, por tanto, la Comunidad quien está asumiendo ese coste del servicio.
Fuente: www.estrelladigital.es
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