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lunes, 15 de julio de 2013

Los pleitos civiles en la Audiencia de Alicante se desploman tras las tasas de Gallardón

El número de apelaciones ha descendido un 33% en la primera mitad del año y todo apunta a que el número de asuntos será a finales de 2013 el más bajo desde que estalló la crisis
El lavado de cara que hizo el Gobierno el pasado mes de marzo a la Ley de Tasas Judiciales no ha impedido que el número de pleitos civiles siga en caída libre en la Audiencia de Alicante, según la estadística a la que ha tenido acceso este diario. La caída de asuntos en el primer semestre del año ha sido del 33% y de mantenerse esta tendencia todo apunta a que 2013 podría cerrarse con un total de 2.462 asuntos civiles registrados frente a los 3.114 del año anterior, una de las cifras más bajas desde 2008, el año en que comenzó la crisis. Fuentes de la Audiencia Provincial señalaron que tanto las ejecuciones hipotecarias, como los asuntos de familia son los que han evitado que el descenso sea todavía mayor. En esta relación están excluidos los pleitos laborales, ya que estas apelaciones no las resuelve la Audiencia, sino el Tribunal Superior de Justicia.
La amplia contestación que generó entre jueces, fiscales y abogados la Ley de Tasas que aprobó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, provocó que el Ejecutivo diera marcha atrás e hiciera un lavado de cara a algunos de los tributos. Sin embargo, se dejaban intactas las cantidades que se debían pagar en el caso en el que se fuera a recurrir la sentencia. Para una apelación ante la Audiencia Provincial, la tasa que se debe pagar es de 800 euros; y en el caso de que sea ante el Supremo, la cantidad se dispara a los 1.200. Antes de la reforma, el dinero reclamado era tan sólo de 50 euros. El temor de todos estos colectivos es la situación de desprotección en la que se deja al ciudadano que desista de seguir pleiteando por no poder hacer frente al pago de la tasa.

Durante el primer trimestre del año, el número de asuntos ya experimentó una caída del 30% al pasar de 862 a 610. Los datos en aquella ocasión se cogieron con pinzas porque todavía era muy pronto y el Gobierno acababa de modificar a la baja la Ley de Tasas. Sin embargo, al cierre del mes de junio esta tendencia no ha variado y tan sólo se ha incrementado en 600 asuntos más. Algo más de 1.200 frente a los cerca de 1.600 del año anterior. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, señaló que todo apunta a que conforme vaya avanzando el año esta brecha podría ir agrandándose todavía más y podría llegar hasta el 40 por ciento.
Paradójicamente, cuando la crisis parece estar atravesando uno de sus momentos más duros a causas de las políticas de recortes de derechos sociales, la actividad judicial ha caído a niveles que se daban antes que ésta estallara. El año 2008, el primero desde que estalló la burbuja inmobiliaria, fue cerrado por la Audiencia con un total de 2.523 asuntos civiles. La cifra se ha ido incrementando conforme ha ido recrudeciéndose la situación económica; 2720 en 2009; 2.762 en 2010; 3.167 en 2011; y un ligero descenso en 2012, con 3.114. Todo apunta a que, de mantenerse el actual volumen de recursos, se cerrará 2013 con 2.462 apelaciones civiles. El temor es que hay ciudadanos que han desistido de pleitear al no poder hacer frente al pago de las tasas judiciales. Aunque las fuentes consultadas no facilitaron las cifras en la jurisdicción penal, éstas señalaron que allí se mantienen e incluso hay un ligero incremento. En materia penal, no hay que pagar tasas y algunos están presentando denuncias por delito de materias que son de índole civil.
El Tribunal Constitucional admitió el viernes a trámite el recurso que presentó el PSOE contra el lavado de cara de las tasas judiciales que hizo Gallardón. Para algunos colectivos, como la Defensora del Pueblo, este descenso fue motivo suficiente para no acudir a la vía del Constitucional. El de los socialistas fue el primer recurso presentado contra la polémica Ley ante este órgano.
Por su parte, el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, ya presentó un informe ante el propio Ministerio de Justicia alertando de que la cuantía de las tasas podría ser inconstitucional, al impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Los abogados denunciaron que la bajada de tasas aprobada por el Gobierno, no solucionaba los problemas de fondo y que apenas iban a incidir en el ciudadano.
Esta semana se ha presentado un informe de la actividad de los juzgados de Valencia, en el que se refleja que el número de asuntos repartidos entre los juzgados de Primera Instancia, que resuelven pleitos civiles, fue del 14,24%; mientras que en Contencioso-Administrativo, que son los recursos que presentan los ciudadanos frente a las decisiones de la administración, la caída fue del 25 por ciento; en Mercantil, un 8,13%. Los juzgados de Benalúa tienen pendiente el hacer público el informe sobre la actividad judicial registrada en este partido judicial durante la primera mitad del año.

Fuente: www.diarioinformacion.com 

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