Su última batalla es la "Plataforma por la despolitización y la independencia judicial". Pedro Viguer lidera en la red un movimiento de base y joven, con una buena dosis de valentía. El 25% de los jueces españoles ya han firmado su manifiesto.
De nuevo el espíritu del Movimiento 8 de Octubre, impulsor de la histórica huelga de la judicatura, se ha hecho fuerte en la red. En este caso, a través de un manifiesto firmado ya por casi mil jueces a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se reclama la resurrección de Montesquieu, la efectiva separación de poderes y la independencia tanto económica como orgánica del Poder Judicial respecto del Gobierno. «La Plataforma por la despolitización y la independencia judicial» se ha puesto en marcha promovida por un joven juez valenciano en la sombra y con el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, como cabeza visible.
Parece un coletazo del Movimiento 8 de Octubre…
No sólo. De 3.700 jueces en España, el 25% de la carrera ya lo ha firmado. Se incide en recuperar nuestro espacio y alejarnos de la influencia política y de los órganos gubernativos.
¿Los jueces están en contra del sistema?
No es un sistema democrático. Entre 1980 y 1985, el sistema establecido por la Constitución española para la elección del órgano de gobierno de los jueces era de ocho miembros por parte del Congreso y el Senado, y doce miembros elegidos por los jueces de forma directa. La reforma en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cambió el sistema y todos los miembros del Consejo los elige el Parlamento. Hubo un recurso de inconstitucionalidad que no prosperó, pero el Tribunal Constitucional advirtió que «hay que tener cuidado porque el nuevo sistema presenta el riesgo de politización del sistema judicial».
¿Cuáles han sido las consecuencias?
En estos 25 años con ese sistema, la lucha política se ha trasladado miméticamente del Congreso y del Senado al Poder Judicial, al órgano de gobierno de los jueces, y las decisiones en el CGPJ se adoptan en clave política, especialmente en cuanto a nombramientos discrecionales.
¿Es lo que ocurrió en el último pleno del Consejo, en el que quedaron vacantes tres presidencias de Tribunales Superiores, incluida la de Valencia?
Se trata de una opinión generalizada y el último pleno del CGPJ fue un claro ejemplo de ello.
Los compañeros están perplejos y hartos, porque se habla sin reparo de jueces de derechas y de izquierdas. Queremos recuperar el sistema originario para evitar la politización judicial. Hay textos del Consejo de Europa que así lo avalan. En concreto, la Carta Magna del Poder Judicial firmada en 2008, que aconseja que todos los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos al menos la mitad por los propios jueces. Creo que somos los únicos en toda Europa que no lo hacemos así en este momento. Por ello, es bueno que se abra un debate nacional.
¿Es un reproche al Gobierno?
Es obvio que hace falta revisar el sistema. Pedimos autonomía presupuestaria del Poder Judicial. No podemos ser económico-dependientes de otro poder. Por ello, también demandamos que se modifique la LOPJ. No nos gusta el sistema que tenemos.
Como en la revolución feminista, ¿la independencia económica es la clave?
Si yo dependo económicamente del Poder Ejecutivo, estaré pendiente de lo que quiera ofrecerme en cuanto a plantillas de funcionarios, el número de juzgados que es necesario crear, el sistema de trabajo o de organización de la Oficina Judicial…?Sin medios no podemos crear al ciudadano confianza en la justicia.
¿Justicia como Poder o como servicio público?
La Justicia es un servicio público esencial. Un mal pleito puede hundir una empresa. Pero, para ello, necesitamos elevar la planta judicial con la creación de más juzgados y más jueces, además de incrementar el presupuesto.
¿Se han cargado a Montesquieu?
Ya lo dijo un insigne político, Alfonso Guerra, y precisamente cuando se aprobó la LOPJ con esta reforma: «Montesquieu ha muerto». Siempre me cayó bien. Pero es que no pedimos nada que no esté escrito. Nuestra propia Constitución lo contempla, importado de la italiana, que garantiza una buena dosis de independencia.
Parece un coletazo del Movimiento 8 de Octubre…
No sólo. De 3.700 jueces en España, el 25% de la carrera ya lo ha firmado. Se incide en recuperar nuestro espacio y alejarnos de la influencia política y de los órganos gubernativos.
¿Los jueces están en contra del sistema?
No es un sistema democrático. Entre 1980 y 1985, el sistema establecido por la Constitución española para la elección del órgano de gobierno de los jueces era de ocho miembros por parte del Congreso y el Senado, y doce miembros elegidos por los jueces de forma directa. La reforma en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cambió el sistema y todos los miembros del Consejo los elige el Parlamento. Hubo un recurso de inconstitucionalidad que no prosperó, pero el Tribunal Constitucional advirtió que «hay que tener cuidado porque el nuevo sistema presenta el riesgo de politización del sistema judicial».
¿Cuáles han sido las consecuencias?
En estos 25 años con ese sistema, la lucha política se ha trasladado miméticamente del Congreso y del Senado al Poder Judicial, al órgano de gobierno de los jueces, y las decisiones en el CGPJ se adoptan en clave política, especialmente en cuanto a nombramientos discrecionales.
¿Es lo que ocurrió en el último pleno del Consejo, en el que quedaron vacantes tres presidencias de Tribunales Superiores, incluida la de Valencia?
Se trata de una opinión generalizada y el último pleno del CGPJ fue un claro ejemplo de ello.
Los compañeros están perplejos y hartos, porque se habla sin reparo de jueces de derechas y de izquierdas. Queremos recuperar el sistema originario para evitar la politización judicial. Hay textos del Consejo de Europa que así lo avalan. En concreto, la Carta Magna del Poder Judicial firmada en 2008, que aconseja que todos los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos al menos la mitad por los propios jueces. Creo que somos los únicos en toda Europa que no lo hacemos así en este momento. Por ello, es bueno que se abra un debate nacional.
¿Es un reproche al Gobierno?
Es obvio que hace falta revisar el sistema. Pedimos autonomía presupuestaria del Poder Judicial. No podemos ser económico-dependientes de otro poder. Por ello, también demandamos que se modifique la LOPJ. No nos gusta el sistema que tenemos.
Como en la revolución feminista, ¿la independencia económica es la clave?
Si yo dependo económicamente del Poder Ejecutivo, estaré pendiente de lo que quiera ofrecerme en cuanto a plantillas de funcionarios, el número de juzgados que es necesario crear, el sistema de trabajo o de organización de la Oficina Judicial…?Sin medios no podemos crear al ciudadano confianza en la justicia.
¿Justicia como Poder o como servicio público?
La Justicia es un servicio público esencial. Un mal pleito puede hundir una empresa. Pero, para ello, necesitamos elevar la planta judicial con la creación de más juzgados y más jueces, además de incrementar el presupuesto.
¿Se han cargado a Montesquieu?
Ya lo dijo un insigne político, Alfonso Guerra, y precisamente cuando se aprobó la LOPJ con esta reforma: «Montesquieu ha muerto». Siempre me cayó bien. Pero es que no pedimos nada que no esté escrito. Nuestra propia Constitución lo contempla, importado de la italiana, que garantiza una buena dosis de independencia.
Fuente: www.levante-emv.com
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