Los jueces piden medidas para que todos estos procedimientos no queden aparcados cuando en mayo se implanten los nuevos juicios rápidos civiles.
El destino de los más de 35.000 pleitos que tienen pendientes los juzgados civiles de la provincia, la mayoría relacionados con la crisis, preocupa a jueces, abogados y procuradores cuando el 5 de mayo entre en vigor la nueva reforma de la Justicia. A partir de esa fecha, deberán implantarse los juicios rápidos civiles y el personal de estos juzgados será drásticamente recortado para integrarse en servicios comunes que tratarán de agilizar los nuevos procedimientos. Todos los esfuerzos se volcarán en agilizar las últimas demandas, pero no hay nada previsto todavía sobre el papel para dar salida a todo lo que está aún pendiente, según han manifestado magistrados del Palacio de Justicia de Benalúa. El temor es que todos estos pleitos queden en un limbo y que se resuelvan en los ratos libres del personal.
Ni los sistemas informáticos para tramitar estos asuntos van a ser los mismos, ni los métodos de trabajo, ya que en los juzgados se quedarán sólo el juez y el secretario con un mínimo personal de apoyo. Buscar soluciones a este problema ha sido el objetivo de las reuniones que han celebrado los magistrados alicantinos con los responsables del Consejo General del Poder Judicial, así como con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ).
Según las proyecciones de los datos presentados en la última memoria del TSJ, en estos momentos los juzgados de toda la provincia tienen pendientes de resolver más de 35.000 asuntos civiles, en su mayoría pleitos relacionados con la crisis económica: reclamaciones de deudas, desahucios, embargos, etcétera. El hecho de que aún no se conozcan los planes de la Conselleria de Justicia para desarrollar la nueva oficina judicial, no ha hecho más que incrementar esta preocupación.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha presentado al TSJ un informe sobre las exigencias concretas que necesitarán los juzgados alicantinos para aplicar la reforma. Magro aboga por una aplicación escalonada de la nueva oficina, mientras se va dando salida a lo que aún está pendiente. "Tenemos el compromiso de que el sistema informático va a permitir seguir trabajando durante un tiempo con los dos sistemas", señaló. Asimismo, Magro ha propuesto nombrar jueces de refuerzo con el objeto de ir dando salida a todos los asuntos no resueltos.
El presidente de la Audiencia quiere establecer un tope diario de juicios rápidos por cada juzgado para evitar problemas de saturación, de manera que cuando se haya alcanzado ese límite el pleito salte directamente al juzgado siguiente. El objeto de los juicios rápidos serán los divorcios, reclamaciones de deudas y desahucios, asuntos que suponen el 50% de los pleitos civiles. Para sacarlos adelante se crearán oficinas de señalamientos inmediatos en Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm y Dénia. Magro pide en el informe que se ponga en cada una de estas oficinas a un mínimo de dos secretarios judiciales.
Ni los sistemas informáticos para tramitar estos asuntos van a ser los mismos, ni los métodos de trabajo, ya que en los juzgados se quedarán sólo el juez y el secretario con un mínimo personal de apoyo. Buscar soluciones a este problema ha sido el objetivo de las reuniones que han celebrado los magistrados alicantinos con los responsables del Consejo General del Poder Judicial, así como con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ).
Según las proyecciones de los datos presentados en la última memoria del TSJ, en estos momentos los juzgados de toda la provincia tienen pendientes de resolver más de 35.000 asuntos civiles, en su mayoría pleitos relacionados con la crisis económica: reclamaciones de deudas, desahucios, embargos, etcétera. El hecho de que aún no se conozcan los planes de la Conselleria de Justicia para desarrollar la nueva oficina judicial, no ha hecho más que incrementar esta preocupación.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha presentado al TSJ un informe sobre las exigencias concretas que necesitarán los juzgados alicantinos para aplicar la reforma. Magro aboga por una aplicación escalonada de la nueva oficina, mientras se va dando salida a lo que aún está pendiente. "Tenemos el compromiso de que el sistema informático va a permitir seguir trabajando durante un tiempo con los dos sistemas", señaló. Asimismo, Magro ha propuesto nombrar jueces de refuerzo con el objeto de ir dando salida a todos los asuntos no resueltos.
El presidente de la Audiencia quiere establecer un tope diario de juicios rápidos por cada juzgado para evitar problemas de saturación, de manera que cuando se haya alcanzado ese límite el pleito salte directamente al juzgado siguiente. El objeto de los juicios rápidos serán los divorcios, reclamaciones de deudas y desahucios, asuntos que suponen el 50% de los pleitos civiles. Para sacarlos adelante se crearán oficinas de señalamientos inmediatos en Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm y Dénia. Magro pide en el informe que se ponga en cada una de estas oficinas a un mínimo de dos secretarios judiciales.
Fuente: www.diarioinformacion.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario