El decano de Valencia y una magistrada de la sala de gobierno del TSJ están entre los promotores de la protesta, que crece día a día.
Ochenta jueces valencianos han firmado un durísimo manifiesto por la independencia y la despolitización judicial. Los magistrados se han revelado contra el "desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial". El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, y una miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, María Dolores Hernández Rueda, están entre los 43 magistrados de toda España que han puesto en marcha la protesta, que crece día a día. En todo el Estado ya se han sumado a la movilización 800 magistrados y los promotores confían en que antes del miércoles habrán superado el millar de firmas.
La plataforma utiliza el correo electrónico corporativo para comunicarse y sumar adhesiones. La mayoría de los firmantes valencianos son jueces jóvenes que no están adscritos a uno de los cinco colectivos profesionales de la magistratura. También hay jueces asociados como el propio Pedro Viguer, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
"Consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance", recoge el documento en su preámbulo. "Nos hemos propuesto como tarea urgente e indispensable impulsar un movimiento activo que articule de manera estable y con un mínimo de cohesión interna una organización estructurada y permanentemente operativa que sepa abrirse a la sociedad y poner en su conocimiento la gravedad de la situación judicial", exponen los magistrados.
En el manifiesto, los jueces critican los "nocivos" efectos del sistema de elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, que consideran una "invasión" política. También denuncian las reformas que otorgan a los secretarios judiciales funciones de dirección de los juzgados y la proyectada atribución a los fiscales de la instrucción penal que, dicen, arrojan "sombras muy inquietantes" sobre su independencia.
Mientras, añaden, los juzgados se mantienen con su "histórica" carencia de medios, ante los que el Gobierno ha respondido "tímidamente" con el Plan para la Modernización de la Justicia.
Esta situación ha sumido a los jueces en un estado de "desaliento, impotencia, y frustración personal y profesional", recalca el manifiesto. El documento destaca la necesidad de impulsar un gran pacto de Estado para restituir al Poder Judicial y a sus titulares "la independencia y dignidad" que les reconoce la Constitución.
La plataforma quiere que todos los órganos de gobierno del Poder Judicial se elijan por sufragio directo. La medida supondría que los magistrados escogerían democráticamente a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los doce vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ.
Además, apuestan por el mantenimiento en manos de los jueces de las funciones "estrictamente jurisdiccionales", la elaboración de una planta judicial conforme a la media europea de 20 magistrados por cada 100.000 habitantes, una inversión del 3,5% de los presupuestos en Justicia y una carga de trabajo "humana" para los miembros de la carrera.
Un gran número de los jueces valencianos que ha suscrito el documento ha estado al frente de otras protestas como las huelgas de 2009. Los magistrados más veteranos confesaron ayer estar "sorprendidos" por el empuje de sus compañeros.
La plataforma utiliza el correo electrónico corporativo para comunicarse y sumar adhesiones. La mayoría de los firmantes valencianos son jueces jóvenes que no están adscritos a uno de los cinco colectivos profesionales de la magistratura. También hay jueces asociados como el propio Pedro Viguer, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
"Consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance", recoge el documento en su preámbulo. "Nos hemos propuesto como tarea urgente e indispensable impulsar un movimiento activo que articule de manera estable y con un mínimo de cohesión interna una organización estructurada y permanentemente operativa que sepa abrirse a la sociedad y poner en su conocimiento la gravedad de la situación judicial", exponen los magistrados.
En el manifiesto, los jueces critican los "nocivos" efectos del sistema de elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, que consideran una "invasión" política. También denuncian las reformas que otorgan a los secretarios judiciales funciones de dirección de los juzgados y la proyectada atribución a los fiscales de la instrucción penal que, dicen, arrojan "sombras muy inquietantes" sobre su independencia.
Mientras, añaden, los juzgados se mantienen con su "histórica" carencia de medios, ante los que el Gobierno ha respondido "tímidamente" con el Plan para la Modernización de la Justicia.
Esta situación ha sumido a los jueces en un estado de "desaliento, impotencia, y frustración personal y profesional", recalca el manifiesto. El documento destaca la necesidad de impulsar un gran pacto de Estado para restituir al Poder Judicial y a sus titulares "la independencia y dignidad" que les reconoce la Constitución.
La plataforma quiere que todos los órganos de gobierno del Poder Judicial se elijan por sufragio directo. La medida supondría que los magistrados escogerían democráticamente a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los doce vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ.
Además, apuestan por el mantenimiento en manos de los jueces de las funciones "estrictamente jurisdiccionales", la elaboración de una planta judicial conforme a la media europea de 20 magistrados por cada 100.000 habitantes, una inversión del 3,5% de los presupuestos en Justicia y una carga de trabajo "humana" para los miembros de la carrera.
Un gran número de los jueces valencianos que ha suscrito el documento ha estado al frente de otras protestas como las huelgas de 2009. Los magistrados más veteranos confesaron ayer estar "sorprendidos" por el empuje de sus compañeros.
Fuente: www.levante-emv.com
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