La Dirección General de Justicia
nos ha dado traslado de la Resolución en la que se establecen los cinco días de jornada reducida de 9.00 a 14.00 horas durante las
fiestas de la Magdalena en la ciudad de Castellón o aquellos municipios
de la provincia donde se celebren.
Serán los días: 10, 11, 12, 13 y 16 de marzo.
Dentro
de dicho periodo de jornada reducida se podrá acumular, de forma
individual por cada empleado público la reducción horaria de tres días
en un día completo.
El órgano judicial establecerá un turno que sera comunicado por el responsable funcional a la Unidad Administrativa correspondiente, a efectos organizativos, a fin de que las necesidades del servicio queden cubiertas.
Accede a la resolución.
miércoles, 25 de febrero de 2015
martes, 24 de febrero de 2015
Los registradores redactaron las enmiendas del PP por las que se quedan con el Registro
PRENSA:
¿Y quién ha elaborado las enmiendas? Pues ni más ni menos que los propios beneficiarios: el Colegio de Registradores, tal y como acredita un texto conocido por El Confidencial. Lo paradójico es que esas enmiendas aparecen bajo un documento oficial del Ministerio de Justicia. En concreto, la Secretaría General Técnica, que es quien ha hecho llegar al Grupo Parlamentario popular las enmiendas presentadas por el Colegio de Registradores, y que ha asumido el Gobierno de la a la z.
Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada
El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con
la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague
retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales,
secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que
estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que
permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas
que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a
Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100 % pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100 % pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
jueves, 19 de febrero de 2015
Catalá defiende la reforma del registro civil, porque genera el 50% de las quejas sobre la justicia
Desde Intersindical pedimos al Ministro que deje de mentir a la ciudadania sobre la PRIVATIZACIÓN del Registro Civil, pues los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no son funcionarios públicos, sus retribuciones no son establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, el personal es contratado por los propios registradores e incluso forman parte de la CEOE.
Sobre las quejas que generan los registros, siendo el responsable del Ministerio de Justicia, el Sr Catalá, del cual depende el funcionamiento del Registro Civil, lo tiene muy fácil: DIMITA!,
y con posterioridad a esta dimisión, podremos empezar a discutir o negociar las soluciones para que el Registro Civil (PUBLICO) tenga las mejores garantía para convertirse en un servicio público de calidad y útil al ciudadano, y no un mero negocio para un lobby que ha visto mermado sus ingresos debido al derrumbe del negocio inmobiliario y que pretende aumentar y garantizarse sus retribuciones a costa de todos los ciudadanos.
También nos gustaría que informara con que organizaciones sindicales han pactado la reforma del Registro Civil al afirmar: "Nuestra propuesta está pactada con sindicatos para el mantenimiento empleo, con las comunidades autónomas, y para garantizar que entre todos el servicio va a funcionar con calidad". y sino es así, que se retracte de estas afirmaciones.
Y ya para colmo, no sabemos si es por ignorancia del estado de los Juzgados o peor aun, de intentar engañar a la ciudadania se permite afirmar que "solo un 10% de los Juzgados están colapsados", no sabemos que órganos judiciales ha analizado, pero solo tendría que darse una vuelta por cualquier partido judicial para ver que esa afirmación es falsa de solemnidad.
Accede a las noticias:
Sobre las quejas que generan los registros, siendo el responsable del Ministerio de Justicia, el Sr Catalá, del cual depende el funcionamiento del Registro Civil, lo tiene muy fácil: DIMITA!,
y con posterioridad a esta dimisión, podremos empezar a discutir o negociar las soluciones para que el Registro Civil (PUBLICO) tenga las mejores garantía para convertirse en un servicio público de calidad y útil al ciudadano, y no un mero negocio para un lobby que ha visto mermado sus ingresos debido al derrumbe del negocio inmobiliario y que pretende aumentar y garantizarse sus retribuciones a costa de todos los ciudadanos.
También nos gustaría que informara con que organizaciones sindicales han pactado la reforma del Registro Civil al afirmar: "Nuestra propuesta está pactada con sindicatos para el mantenimiento empleo, con las comunidades autónomas, y para garantizar que entre todos el servicio va a funcionar con calidad". y sino es así, que se retracte de estas afirmaciones.
Y ya para colmo, no sabemos si es por ignorancia del estado de los Juzgados o peor aun, de intentar engañar a la ciudadania se permite afirmar que "solo un 10% de los Juzgados están colapsados", no sabemos que órganos judiciales ha analizado, pero solo tendría que darse una vuelta por cualquier partido judicial para ver que esa afirmación es falsa de solemnidad.
Accede a las noticias:
Catalá asegura que no tiene "absolutamente ninguna intención" de privatizar el Registro Civil
Sorprendentes declaraciones del Ministro Catalá que habla únicamente de un 10 por ciento de juzgados colapsados
Catalá defiende la reforma del registro civil, porque genera el 50% de las quejas sobre la justicia
MUGEJU: CONVOCATORIAS DE AYUDAS PROGRAMA PLAN DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Ayudas
-
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Mutualidad General
Judicial, por la que se convocan ayudas del programa del plan de
atención socio-sanitaria.
lunes, 16 de febrero de 2015
Frenazo en los grandes casos judiciales por falta de medios
Las discusiones sobre competencia contribuyen a dejar varados procesos como el del Palau de les Arts, Cooperación, Ràdio Televisió Valenciana y Gürtel
Varios de los grandes procesos judiciales valencianos en marcha, como la investigación en torno al Palau de les Arts, los casos Gürtel, Cooperación, Ràdio Televisió Valenciana y otros se encuentran varados y sin perspectiva de reanudarse a corto plazo. Los motivos son distintos, pero según fuentes judiciales, la explicación fundamental del frenazo es la falta de medios, y más en concreto de magistrados, así como los problemas para determinar la competencia sobre la instrucción de los procedimientos, que resulta especialmente compleja en el caso Gürtel.La investigación del caso Cooperación ha sufrido un nuevo parón tras haberse quedado el juzgado número 21 sin el juez de refuerzo. Por distintos motivos, las dos piezas que siguen abiertas en esta causa que indaga el desvío de ayudas al desarrollo al Tercer Mundo llevan paradas un año. En la primera pieza separada fue condenado a ocho años de cárcel en mayo el exconsejero Rafael Blasco. El magistrado Vicente Ríos, instructor del caso Palau de les Arts, por su parte, pidió una baja médica que ya tenía prevista con anterioridad días después de lanzar la gran operación policial para registrar la ópera por supuestas irregularidades. Su reemplazo debe ahora ponerse al día en ese y todos los demás asuntos que llevaba Ríos, lo que implicará otro retraso. Una situación similar a la que se ha producido en el juzgado de Vinaròs que investiga la construcción del almacén de gas Castor, cuyo nuevo titular fue nombrado hace poco.
Han desaparecido refuerzos en otros juzgados, como los destinados a hacer frente al alto número de demandas por la comercialización de preferentes en Valencia. Una sobrecarga que los magistrados creen que empeorará en las próximas semanas con la lluvia de reclamaciones que esperan por la compra de acciones de Bankia.
Alicante: Los jueces de lo Penal estallan por el «abandono» del Consell
El desbordamiento de asuntos obliga al partido judicial de Alicante a señalar para el próximo verano juicios atascados desde 2012, sin que se adopten medidas para solucionar el problema.
Juicios pendientes desde 2012 que se señalan para este verano, plantillas insuficientes integradas casi en su totalidad por interinos o juzgados que no pueden asumir las ejecuciones de sentencias. Estos son algunos de los problemas endémicos que los juzgados de lo Penal de Alicante no están dispuestos a soportar por mucho más tiempo. Así se desprende del escrito formulado por los jueces de los ocho órganos judiciales como respaldo al remitido por los secretarios a finales del año pasado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo.Los titulares de los penales alicantinos advierten del desbordamiento generado, en gran parte, por «abandono y el olvido», -como reza el escrito-, al que la Generalitat «tiene sometida a la provincia en materia de Justicia». Estas duras acusaciones cuentan con el aval de las cifras, ya que los penales registran en los últimos años hasta 579 asuntos, cuando el Poder Judicial estima entre 328 y 392 lo adecuado. El balance resulta escandaloso: actualmente los juzgados de la ciudad en materia penal tienen 9.002 juicios pendientes por señalar y 7.546 ejecuciones de condena pendientes.
Actualización situación bolsas de trabajo
Listados a fecha 16 de febrero de 2015.
- Alicante
- Castellón
- Valencia
viernes, 13 de febrero de 2015
Justicia reconoce que no sabe dónde han ido a parar los 500 millones recaudados con las tasas judiciales
Esta es la contestación que ha recibido por escrito el diputado Joan Baldovi por parte del Gobierno, en la cual, reconoce el Ministerio de Justicia que no lo sabe, ni el ni el organismo encargado de la recepción, la Agencia Tributaria, la cual manifiesta que solo es la entidad encargada de recaudar.Además, a pesar de reconocer que existe vinculación entre la recaudación de esta tasa y la Justicia Gratuita, informa que no existe obligación legal presupuestaria.
Con lo cual queda muy claro que las Tasas Judiciales tienen un fin meramente recaudatorio y además imposibilita el acceso a la Justicia de miles de ciudadanos, no implicando una mejora en la propia administración de justicia que se cataloga no como un derecho, sino que queda subordinado a la capacidad económica del ciudadano.
La única vía posible para erradicar este ataque a los derechos fundamentales es la derogación de esta ley de tasas.
jueves, 12 de febrero de 2015
INTERSINDICAL PIDE AL JUZGADO LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPIDE EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LA EXTRA DE 2012
Intersindical
pide al juzgado la nulidad de la resolución del Director General de
Justicia que ordena el pago de los 44 días de la paga extra de 2012
En
el juicio señalado el pasado día 4 de febrero del procedimiento que se
tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Castellón, sobre la demanda presentada por la reclamación de la paga
íntegra de 2012, los servicios jurídicos de Intersindical han
presentado una ampliación de la demanda pidiendo la nulidad de la
resolución dictada por el Director General de Justicia (publicada el 20
de enero) por entender que esa resolución afecta también a dicho
procedimiento.
Por
su parte, la abogada de la Generalitat pidió la suspensión del juicio
para contestar a la solicitud de ampliación presentada.
El
juzgado admitió tanto la ampliación de la demanda presentada como la
solicitud de suspensión, informando que en breve se volverá a señalar
fecha para juicio.
Para Intersindical es
muy importante que se haya admitido a trámite nuestra solicitud, ya que
de estimarse dicha petición, automáticamente quedaría anulada la
resolución que ordena el pago de los 44 días de la extra, abriendo de
ese modo el camino para que la Consellería pague de oficio, y sin más
demora, a todo el personal de la administración de justicia.
martes, 10 de febrero de 2015
Justicia enviará a los ciudadanos notificaciones por sms o mensajería instantánea antes de que acabe 2015
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado que dentro del objetivo de conformar un sistema judicial sin papeles, está previsto que antes de que finalice 2015 se puedan enviar a los ciudadanos las notificaciones relativas a su departamento por mensajes de texto o por sistemas de mensajería instantánea, con la intención de que la comunicación sea "más natural, más abierta y más cercana".
Ha avanzado además que "en los próximos días" se implantará el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional y también en los juzgados de lo Civil en Cuenca, con la intención de avanzar en el objetivo de una Administración de Justicia de "papel cero".
Durante un desayuno informativo organizado por el Grupo Promecal en Albacete y presentado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que se está trabajando desde el Ministerio en "convertir la Administración de la Justicia en una administración sin papeles, como han hecho ya la Seguridad Social o la Agencia Tributaria".
"Vamos a implantar el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional o en los juzgados de lo Civil de Cuenca en los próximos días", ha anunciado, a lo que ha añadido que habrá una comunicación electrónica entre todos los profesionales del Derecho y con todos los colaboradores de la justicia, con el objetivo de que la justicia electrónica esté "en un plazo más breve que largo".
También afectará a la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o con unidades como la Dirección General de Tráfico, algo que comenzará este año con las comunicaciones electrónicas de todas las requisitorias o comunicaciones de sentencias.
Junto a ello, el Ministerio también está trabajando con las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas para utilizar "una única aplicación de gestión procesal", para que redunde en "el beneficio de los ciudadanos".
Fuente: www.europapress.es
La coordinadora de ONG pide más recursos a Justicia para el caso Cooperación
La juez de refuerzo en el juzgado desde noviembre ha sido cesada y las declaraciones se han parado.
La Coordinadora Valenciana de ONGD ha reclamado a Justicia que «se doten los recursos necesarios para continuar la instrucción del Caso Blasco en óptimas condiciones» después de que la juez instructora del Caso Cooperación haya resuelto suspender las declaraciones en la pieza tercera sobre las irregularidades en el Hospital de Haití, «debido al cese de la juez de adscripción territorial nombrada en el mes de noviembre en funciones de refuerzo a este juzgado».Así lo ha asegurado en un comunicado esta entidad, personada como acusación popular, que reclama más recursos para que «continúe el proceso, que en este caso daba voz a los representantes de ONGD en el Órgano Asesor del Consejo de Acción Humanitaria y de Emergencia», y que estaban previstas para los días 26 y 27 de febrero y 2 y 9 de marzo.
«Consideramos fundamental que la Administración de Justicia dote de los recursos personales necesarios para continuar la instrucción en óptimas condiciones», han incidido. Desde la Coordinadora afirman entender la resolución de la juez aunque lamenta «profundamente» este nuevo aplazamiento por falta de personal, que supone «una nueva paralización del procedimiento».
Fuente: www.levante-emv.com
lunes, 2 de febrero de 2015
El Consell confía en que el acuerdo para los juzgados de Alcoy se firme en breve
El Consell confía en que el acuerdo para los juzgados de Alcoy se firme en breve.
La Conselleria de Justicia confía en que el acuerdo definitivo y
formal con el Ayuntamiento de Alcoy en torno a la nueva sede judicial se
materialice de manera inmediata, algo que incluso podría concretarse a
lo largo de esta misma semana, según explicó ayer el alcalde Antonio
Francés.
Tras prácticamente tres años de bloqueo, con el nuevo
Palacio Judicial deteriorándose y el actual, en estado de ruina, el
pasado julio la Conselleria y el Ayuntamiento retomaban los contactos,
en un intento de lograr un acuerdo para su utilización. Como se viene
informando, la Generalitat ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de
un alquiler por unos tres años, hasta que se pueda plantear una
compensación económica al Ayuntamiento en un contexto de eventual mejora
de la situación económica.
Este convenio se pactó a principios de
diciembre, pero aún no se ha materializado a efectos formales. «El
lunes hablé con el conseller, que me comentó que la solución es
inminente ya que al tratarse de un contrato de alquiler no requiere
informes de Hacienda y la gestión es rápida. Incluso podría estar todo
cerrado esta misma semana», agregó Francés.
Una vez firmado el acuerdo por ambas partes, se prevé que el traslado pueda ser rápido.
Fuente: www.diarioinformacion.com
jueves, 29 de enero de 2015
Otro varapalo judicial a la Conselleria de Justicia
El
Tribunal Superior de Justicia estima el recurso presentado por nuestro
sindicato y condena a la Conselleria a la inclusión de los puestos vacantes en
las Unidades Administrativas en la próxima convocatoria de concurso de
traslado.
Ha
sido una batalla legal larga, y a veces frustrante, pero la razón ha acabado
por imponerse. Ésta es la secuencia de unos hechos que suponen el principio del
fin de una política de personal llevado a cabo por la Dirección General de
Justicia donde todo valía, y todo estaba justificado, para hacer valer sus
intereses, al margen de la legalidad y del interés general.
El
31 de marzo de 2010 Intersindical solicitó a la
Dirección General de Justicia la inclusión en el siguiente concurso de traslado
de todas las plazas vacantes en las Unidades Administrativas existentes en
aquel momento (en Castellón, Valencia y Alicante) y que llevaban más de dos
años cubiertas por el sistema de comisión de servicios.
Intersindical
presentó
recurso contra la resolución de 28 de abril de 2011, que convocaba el concurso
de traslado, ante el Juzgado de lo Contencioso nº 7 de Valencia, que dictó
sentencia el 2 de noviembre de 2012 desestimando la demanda con la
justificación de las “amplias potestades de autoorganización de la
Administración para decidir sobre las plazas que han de incluirse en los
concursos u otros sistemas de provisión”.
Convencidos
de que esta argumentación era contraria a la ley, Intersindical recurrió la
sentencia ante el TSJ. Ahora, este tribunal acaba de revocar el pronunciamiento
dictado en primera instancia y ha dado la razón a los trabajadores en base a
que:
miércoles, 28 de enero de 2015
Con el radiador de casa al juzgado
Parte del Decanato y la Fiscalía del Palacio de Justicia de Alicante llevan desde noviembre sin calefacción.
Existen lugares dentro del Palacio de Justicia de Alicante que ponen los pelos verdaderamente de punta. Si bien es cierto que por sus dependencias pasan a diario personas acusadas por delitos de toda índole, en este caso la sensación es literal y sucede como consecuencia del frío.Concretamente, las inclemencias del invierno las padecen los trabajadores del ala del Decanato, desde donde se reparten los asuntos a los juzgados entre otras tareas, y de la Fiscalía de guardia, desde el pasado mes de noviembre, ya que no tienen calefacción.
Según parece, la situación podría resolverse, pero una vez la estación invernal ya nos haya abandonado. Actualmente, los funcionarios del Decanato, así como la plantilla de Fiscalía y el representante del ministerio público de turno, puesto que le corresponde a un miembro de la carrera fiscal cada día, lo llevan como buenamente pueden.
Las instalaciones afectadas se ubican en la planta baja del imponente inmueble. En el área responsable del reparto de asuntos se ha optado por una solución que no termina de cuajar. Las trabajadoras han decidido llevarse los radiadores de casa ante lo que parece una fuga de gas del sistema de calefacción.
Sin embargo, es imposible poner en marcha demasiados aparatos de calor, pues la instalación eléctrica del Palacio de Justicia de la capital alicantina no lo soporta y de vez en cuando se desploma por saturación. Por ello, las propietarias de los radiadores los encienden a medio gas. En una de las oficinas han colocado incluso un brasero eléctrico como medida para evitar constipados. Porque el principal problema de la falta de grados radica en el aumento de posibilidades para enfermar, como lamentan algunos de los empleados de la planta, indignados con la situación.
Supresión de faltas, control de indultos y mayores penas
La supresión de las faltas es otra de las novedades del Código Penal.
Estas conductas pasarán a ser delitos menos graves o sanciones
administrativas en la ley de seguridad ciudadana sin intervención
judicial más que en caso de recurso. Los incidentes de tráfico pasan en
muchos casos al ámbito civil y, por tanto, con pago de tasas judiciales.
El proyecto de ley de Código Penal modifica también los capítulos referidos a delitos vinculados a corrupción. Se aumentan las penas, se elevan los plazos de prescripción y, por primera vez, se tipifica el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, con penas de cárcel solo para los políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros. También se aplica ahora la responsabilidad de las personas jurídicas a partidos y sindicatos y se crea la Oficina de Gestión de Activos para los bienes decomisados.
No obstante, algunos portavoces como Rosa Díez (UPyD) entienden que, al no aceptar sus enmiendas, el texto se queda a medio camino y no ataja todos los supuestos de corrupción. Por ejemplo, al no tipificar el enriquecimiento ilícito.
El proyecto aprobado incluye una disposición que, por primera vez, obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Parlamento de los indultos concedidos y denegados.
También se eleva a 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales y se tipifican nuevas conductas como la zoofilia, el matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes íntimas y la manipulación de los dispositivos de control usados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares en violencia de género. Quien preste ayuda humanitaria a un inmigrante ilegal ya no irá a la cárcel, y se reduce la pena para los piquetes de las huelgas.
Fuente: www.elpais.com
El proyecto de ley de Código Penal modifica también los capítulos referidos a delitos vinculados a corrupción. Se aumentan las penas, se elevan los plazos de prescripción y, por primera vez, se tipifica el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, con penas de cárcel solo para los políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros. También se aplica ahora la responsabilidad de las personas jurídicas a partidos y sindicatos y se crea la Oficina de Gestión de Activos para los bienes decomisados.
No obstante, algunos portavoces como Rosa Díez (UPyD) entienden que, al no aceptar sus enmiendas, el texto se queda a medio camino y no ataja todos los supuestos de corrupción. Por ejemplo, al no tipificar el enriquecimiento ilícito.
El proyecto aprobado incluye una disposición que, por primera vez, obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Parlamento de los indultos concedidos y denegados.
También se eleva a 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales y se tipifican nuevas conductas como la zoofilia, el matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes íntimas y la manipulación de los dispositivos de control usados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares en violencia de género. Quien preste ayuda humanitaria a un inmigrante ilegal ya no irá a la cárcel, y se reduce la pena para los piquetes de las huelgas.
Fuente: www.elpais.com
lunes, 26 de enero de 2015
CONCURSO ESPECIFICO NOJ CATALUÑA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
-
Resolución de 19 de enero de 2015, del Departamento de
Justicia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo, como consecuencia de la implantación de la oficina
judicial en El Vendrell.
Gestión turno libre, publicación de nombramiento y destinos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
-
Orden JUS/44/2015, de 7 de enero, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, sistema de acceso libre, a los aspirantes
que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/1959/2013, de
17 de octubre.
DESTINOS:
viernes, 23 de enero de 2015
martes, 20 de enero de 2015
lunes, 19 de enero de 2015
REUNIÓN PAGA EXTRA 2012
¡¡
Estamos más que hartos de este gobierno, de los recortes, de los
incumplimientos y las mentiras !!
El
pasado día 16 de enero la Conselleria convocó a todos los sindicatos a una
reunión para explicar los motivos por los cuales no van a pagar en enero la
totalidad de la extra de 2012 al personal de justicia.
El
Conseller de Justicia intentó explicar el motivo de no pagar lo que los
tribunales han reconocido, en base a un informe de la abogacía de la
Generalitat que hace referencia a la ley de presupuestos. Excusas y mas excusas
de malos pagadores (dicen que tienen el dinero pero que no poden pagarlo). A
continuación el Conseller le cedió la palabra a Intersindical porque en la
reunión que habían tenido previamente con CSIF, CCOO y UGT ya le habían dicho lo que tenían que
decir pero claro, nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar. Allí estaban ellos,
mudos, sin abrir la boca. Solo CCOO le pidió al Conseller que nos de traslado
del informe de la abogacía.
Al
inicio de nuestra intervención protestamos por estas formas. Éste no es un
asunto que afecte al incumplimiento o no de acuerdos, y por tanto sólo a sus
firmantes, sino que afecta al pago de un dinero que el gobierno valenciano nos
ha sustraído a todo el personal de justicia, y que ahora pone excusas para no
devolver. Dicen que se basan en la legalidad, pero ¿qué legalidad permite a un
empresario no pagarle el sueldo a sus trabajadores? ¿Es que no se han leído las
sentencias que reconocen el derecho del personal de justicia al cobro íntegro
de la paga de 2012? ¿Es que pretenden hundir los contenciosos con miles de
reclamaciones? ¿O simplemente retrasar lo inevitable para no ser ellos quienes
paguen lo que nos deben, si no que lo hagan quienes vengan detrás?
miércoles, 14 de enero de 2015
La crisis desborda los juzgados de paz que urgen de medios y personal
En Benicàssim, Onda, Burriana, Almassora y Orpesa la situación de estos órganos es especialmente delicada. Jueces y funcionarios reclaman al Estado una inversión mayor para descongestionar el atasco de trabajo diario
Papeles, papeles y más papeles. No hay
más que ir a uno de los muchos juzgados de paz que hay repartidos por
toda la provincia para comprobar el grado de trabajo diario que pasa por
las manos del equipo de personas que trabajan en cada municipio.
El montante de trabajo empieza a desbordar a algunos de estos juzgados, especialmente en los municipios de mayor número de habitantes. Secretarios, funcionarios y jueces de paz consultados por este diario coinciden en una cosa: urge una inyección de dinero por parte de la administración de Justicia para contratar a más personal y mejorar el material y las condiciones de trabajo.
Los municipios en los que están prácticamente al borde del colapso son Benicàssim, Almassora, Orpesa y Burriana. Hay otras localidades donde sacar adelante la tarea tampoco es nada sencillo por “faltarle horas a la jornada laboral”, como es el caso de la Vall d’Uixó o Benicarló. También hay casos, como en l’Alcora o Sant Mateu, donde el montante de trámites a realizar no es tan elevado, aunque como explican desde los consistorios de dichos municipios, “no paramos nunca”.
El montante de trabajo empieza a desbordar a algunos de estos juzgados, especialmente en los municipios de mayor número de habitantes. Secretarios, funcionarios y jueces de paz consultados por este diario coinciden en una cosa: urge una inyección de dinero por parte de la administración de Justicia para contratar a más personal y mejorar el material y las condiciones de trabajo.
Los municipios en los que están prácticamente al borde del colapso son Benicàssim, Almassora, Orpesa y Burriana. Hay otras localidades donde sacar adelante la tarea tampoco es nada sencillo por “faltarle horas a la jornada laboral”, como es el caso de la Vall d’Uixó o Benicarló. También hay casos, como en l’Alcora o Sant Mateu, donde el montante de trámites a realizar no es tan elevado, aunque como explican desde los consistorios de dichos municipios, “no paramos nunca”.
La saturación judicial de Vinaròs, un escollo para la denuncia por el Castor
Los alcaldes de Vinaròs y Benicarló temen que “la falta de personal” pueda “demorar” la tramitación en exceso. El fiscal jefe de Castellón, dispuesto a “facilitar lo que sea” ante la “gran carga de trabajo” de estos juzgados.
Los 14 meses de trámites transcurridos
hasta conocerse la decisión de la Fiscalía de denunciar la gestión del
proyecto Castor aún tienen mucho recorrido por delante. Y es que el
hecho de que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, vaya a
remitir el caso a los juzgados de Vinaròs despierta recelo entre los
alcaldes, al poder convertirse en un nuevo escollo para “depurar
responsabilidades”, que es lo que anhelan.
La clave está en la situación de saturación judicial que se vive en la capital del Baix Maestrat y de la que Cuesta es plenamente consciente. “Son juzgados mixtos con una gran carga de trabajo y este caso supondrá un añadido, por lo que puede costarles sacarlo adelante”, asegura a Mediterráneo.
Con todo, garantiza que “la fiscal dedicada a la instrucción va a estar muy encima de ello”. Y añade que, desde Castellón, facilitarán “lo que sea necesario”. También matiza que la decisión de llevarlo al juzgado decano vinarocense se debe, principalmente, a que el fallido almacén de gas se ubica en este término .
El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, reconoce que este “juzgado está algo más colapsado que el resto y la falta de personal y medios puede demorar el procedimiento”. Lo mismo opina su homólogo en Benicarló, Marcelino Domingo, para quien “el elegido no es el mejor lugar para juzgar esta causa”. Con todo, resalta que “lo más importante es que ya se ha dado el primer paso” y estarán “muy pendientes de cómo se desarrolla todo”, puntualiza.
Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com
La clave está en la situación de saturación judicial que se vive en la capital del Baix Maestrat y de la que Cuesta es plenamente consciente. “Son juzgados mixtos con una gran carga de trabajo y este caso supondrá un añadido, por lo que puede costarles sacarlo adelante”, asegura a Mediterráneo.
Con todo, garantiza que “la fiscal dedicada a la instrucción va a estar muy encima de ello”. Y añade que, desde Castellón, facilitarán “lo que sea necesario”. También matiza que la decisión de llevarlo al juzgado decano vinarocense se debe, principalmente, a que el fallido almacén de gas se ubica en este término .
El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, reconoce que este “juzgado está algo más colapsado que el resto y la falta de personal y medios puede demorar el procedimiento”. Lo mismo opina su homólogo en Benicarló, Marcelino Domingo, para quien “el elegido no es el mejor lugar para juzgar esta causa”. Con todo, resalta que “lo más importante es que ya se ha dado el primer paso” y estarán “muy pendientes de cómo se desarrolla todo”, puntualiza.
Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com
martes, 13 de enero de 2015
El CGPJ propone que sea posible reabrir las actuaciones si aparecen nuevos elementos una vez transcurridos los plazos de instrucción
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe al Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)
(LECrim) para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento
de las garantías procesales y la regulación de las medidas de
investigación tecnológica tras incluir las aportaciones de varios
vocales al texto presentado por los ponentes Juan Manuel Fernández,
Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo.
Las vocales Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Concepción
Sáez han anunciado la formulación de votos particulares concurrentes en
relación con determinados artículos del Anteproyecto.
El texto aprobado en pleno extraordinario propone el
establecimiento de la posibilidad de reapertura de los procedimientos
una vez transcurridos los plazos que marca la ley para la instrucción
–seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses para las
complejas, prorrogables- “cuando aparezcan nuevos elementos
determinantes de la comisión del delito y de su participación”.
lunes, 12 de enero de 2015
Los juzgados penales de Alicante rebasan la barrera del colapso
Los secretarios judiciales denuncian la situación ante el TSJCV, el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial, que en su última inspección propuso crear cuatro juzgados más.
Los juzgados de lo penal de la ciudad de Alicante no pueden soportar
más el «caos» derivado de la falta de personal, como denuncian los ocho
secretarios judiciales de la jurisdicción en la capital. Los asuntos que
reciben cada año superan de largo lo que el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) recomienda en sus módulos de entrada de causas. De
hecho, la última inspección del órgano de gobierno judicial, efectuada
en marzo de 2014, concluyó que son necesarios cuatro juzgados más para
canalizar los casos que llegan a juicio en la capital alicantina, según
el informe del Servicio de Inspección al que ha tenido acceso este
diario.
Pese a la urgencia puesta de manifiesto por el CGPJ al Ministerio de Justicia, la situación, lejos de revertirse, parece haber empeorado. Así lo denuncian los secretarios judiciales de lo penal de la ciudad de Alicante en un contundente escrito fechado el pasado 2 de diciembre del pasado año y que ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. «La situación es caótica, resultando imposible atender las necesidades básicas del servicio», sostienen.
Pese a la urgencia puesta de manifiesto por el CGPJ al Ministerio de Justicia, la situación, lejos de revertirse, parece haber empeorado. Así lo denuncian los secretarios judiciales de lo penal de la ciudad de Alicante en un contundente escrito fechado el pasado 2 de diciembre del pasado año y que ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. «La situación es caótica, resultando imposible atender las necesidades básicas del servicio», sostienen.










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