Intersindical Justicia
ha solicitado a Conselleria de Justicia la adopción de medidas urgentes
en los órganos judiciales encargados de hacer cumplir las sentencias de
los juzgados de lo Penal.
Desde
el año 2017, en el que se traslado el Juzgado de lo Penal número 15 de
los de Valencia, en aquella época radicado en la ciudad de Alzira, con
competencia sobre el enjuiciamiento de los procedimientos penales de los
partidos judiciales de Xativa, Ontinyent y Alzira, no se ha tomado ninguna medida para reforzar estos juzgados.
El
traslado de los Juzgados de lo Penal nº 17 y 18 procedentes de Paterna y
Torrente el pasado 30 de abril ha agravado la situación generando la
acumulación de procedimientos de ejecutorias penales en la Ciudad de la
Justicia de Valencia, con el consiguiente aumento de procedimientos
penales que se prevé en más de
9.000 ejecutorias (Datos de 2018 memoria TSJCV), cifra a la que hay que
añadir las revisiones de cada una de las condenas que quedan en
suspensión, debido a archivos provisionales o responsabilidades civiles,
las cuales se pueden calcular en más de 20.000 ejecutorias.
Ante esta grave situación es urgente y necesaria una solución que pasa por la creación de más Juzgados de ejecutorias penales, a fin evitar colapsar
los expedientes judiciales y la impunidad de delitos una vez
sentenciados. Este colapso también afecta a los expedientes de violencia
sobre la mujer, con la peligrosidad que conlleva en el seguimiento de
condenas y medidas de seguridad.
El
trabajo de muchos profesionales, desde policías, funcionarios, jueces y
operadores jurídicos puede ser en vano debido a la poca dotación de medios personales y materiales para resolver esta situación.
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