Los secretarios judiciales denuncian la situación ante el TSJCV, el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial, que en su última inspección propuso crear cuatro juzgados más.
Los juzgados de lo penal de la ciudad de Alicante no pueden soportar
más el «caos» derivado de la falta de personal, como denuncian los ocho
secretarios judiciales de la jurisdicción en la capital. Los asuntos que
reciben cada año superan de largo lo que el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) recomienda en sus módulos de entrada de causas. De
hecho, la última inspección del órgano de gobierno judicial, efectuada
en marzo de 2014, concluyó que son necesarios cuatro juzgados más para
canalizar los casos que llegan a juicio en la capital alicantina, según
el informe del Servicio de Inspección al que ha tenido acceso este
diario.
Pese a la urgencia puesta de manifiesto por el CGPJ al Ministerio de Justicia, la situación, lejos de revertirse, parece haber empeorado. Así lo denuncian los secretarios judiciales de lo penal de la ciudad de Alicante en un contundente escrito fechado el pasado 2 de diciembre del pasado año y que ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. «La situación es caótica, resultando imposible atender las necesidades básicas del servicio», sostienen.
Además de estudiar la implantación de cuatro penales, el Poder Judicial propuso que mientras se instaurasen un juzgado bis, un refuerzo para la ejecución de sentencias, así como dar traslado de las propuestas al Ministerio y a la Conselleria de Justicia para la «urgente» adopción de medidas de refuerzo «dada la grave situación de pendencia» que padece Alicante.
Algunos de los penales de la ciudad han registrado hasta 550 procedimientos abreviados en todo el año pasado. Sin embargo, el CGPJ establece que lo recomendable debería situarse entre 328 y 392 asuntos. Así, cada año quedan por celebrar en torno a los 150 y 200 juicios, que además se van acumulando.
Nueve meses después, la situación ha pasado de «grave a endémica». Los secretarios de Alicante se han hartado además de que la Dirección General de Justicia sí proponga soluciones para los juzgados de Valencia y Castellón y se deje la ciudad en el olvido. Así ocurrió en la última Mesa Técnica de Justicia. Según afirman los firmantes del escrito, se planteó la creación de dos plazas de tramitación para los penales de Castellón y refuerzos en otros de la Comunitat, sin aludir a los de la capital alicantina.
No obstante, cabe recordar que el Consell aprobó la llegada de una serie de Jueces de Adscripción Territorial (JAT), una medida que sin embargo ha supuesto mayor complicación, según lamentan los secretarios. Relatan que «el acomodo» de los jueces que no tenían plaza, fruto de «la total descoordinación ente la convocatoria de oposiciones y la creación de juzgados», no ha servido más que para cargar de más trabajo los órganos judiciales.
Asimismo, lo que ocurre en estos órganos hace que los funcionarios con experiencia decidan trasladarse a otros donde al menos se perciben complementos económicos por la carga de trabajo o con menor responsabilidad. Por ello, los índices de interinidad en los juzgados penales resultan extremadamente altos.
A la «gravísima situación de déficit estructural en materia de personal», según señalan los secretarios, hay que añadir las de medios materiales, pues tienen que impartir justicia en dependencias a todas luces infradotadas, a ojos del CGPJ. El presupuesto trimestral para la obtención de material ronda los 70 euros, por lo que se hace complicado adquirir artículos necesarios.
Fuente: www.laverdad.es
Pese a la urgencia puesta de manifiesto por el CGPJ al Ministerio de Justicia, la situación, lejos de revertirse, parece haber empeorado. Así lo denuncian los secretarios judiciales de lo penal de la ciudad de Alicante en un contundente escrito fechado el pasado 2 de diciembre del pasado año y que ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. «La situación es caótica, resultando imposible atender las necesidades básicas del servicio», sostienen.
Además de estudiar la implantación de cuatro penales, el Poder Judicial propuso que mientras se instaurasen un juzgado bis, un refuerzo para la ejecución de sentencias, así como dar traslado de las propuestas al Ministerio y a la Conselleria de Justicia para la «urgente» adopción de medidas de refuerzo «dada la grave situación de pendencia» que padece Alicante.
Algunos de los penales de la ciudad han registrado hasta 550 procedimientos abreviados en todo el año pasado. Sin embargo, el CGPJ establece que lo recomendable debería situarse entre 328 y 392 asuntos. Así, cada año quedan por celebrar en torno a los 150 y 200 juicios, que además se van acumulando.
Nueve meses después, la situación ha pasado de «grave a endémica». Los secretarios de Alicante se han hartado además de que la Dirección General de Justicia sí proponga soluciones para los juzgados de Valencia y Castellón y se deje la ciudad en el olvido. Así ocurrió en la última Mesa Técnica de Justicia. Según afirman los firmantes del escrito, se planteó la creación de dos plazas de tramitación para los penales de Castellón y refuerzos en otros de la Comunitat, sin aludir a los de la capital alicantina.
No obstante, cabe recordar que el Consell aprobó la llegada de una serie de Jueces de Adscripción Territorial (JAT), una medida que sin embargo ha supuesto mayor complicación, según lamentan los secretarios. Relatan que «el acomodo» de los jueces que no tenían plaza, fruto de «la total descoordinación ente la convocatoria de oposiciones y la creación de juzgados», no ha servido más que para cargar de más trabajo los órganos judiciales.
Asimismo, lo que ocurre en estos órganos hace que los funcionarios con experiencia decidan trasladarse a otros donde al menos se perciben complementos económicos por la carga de trabajo o con menor responsabilidad. Por ello, los índices de interinidad en los juzgados penales resultan extremadamente altos.
A la «gravísima situación de déficit estructural en materia de personal», según señalan los secretarios, hay que añadir las de medios materiales, pues tienen que impartir justicia en dependencias a todas luces infradotadas, a ojos del CGPJ. El presupuesto trimestral para la obtención de material ronda los 70 euros, por lo que se hace complicado adquirir artículos necesarios.
Fuente: www.laverdad.es
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