El desbordamiento de asuntos obliga al partido judicial de Alicante a señalar para el próximo verano juicios atascados desde 2012, sin que se adopten medidas para solucionar el problema.
Juicios pendientes desde 2012 que se señalan para este verano, plantillas insuficientes integradas casi en su totalidad por interinos o juzgados que no pueden asumir las ejecuciones de sentencias. Estos son algunos de los problemas endémicos que los juzgados de lo Penal de Alicante no están dispuestos a soportar por mucho más tiempo. Así se desprende del escrito formulado por los jueces de los ocho órganos judiciales como respaldo al remitido por los secretarios a finales del año pasado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo.Los titulares de los penales alicantinos advierten del desbordamiento generado, en gran parte, por «abandono y el olvido», -como reza el escrito-, al que la Generalitat «tiene sometida a la provincia en materia de Justicia». Estas duras acusaciones cuentan con el aval de las cifras, ya que los penales registran en los últimos años hasta 579 asuntos, cuando el Poder Judicial estima entre 328 y 392 lo adecuado. El balance resulta escandaloso: actualmente los juzgados de la ciudad en materia penal tienen 9.002 juicios pendientes por señalar y 7.546 ejecuciones de condena pendientes.
Esta acumulación de causas ha originado un retraso de casi cuatro años en alguno de los ochos juzgados para señalar las vistas orales. Tan solo uno de los penales, el número 2, ha podido completar su agenda de señalamientos pendientes utilizando todo 2015 y cogiendo fechas hasta noviembre de 2016. Por contra, en la mayoría están en el aire asuntos de 2012, 2013, 2014 y lo que va de año.
Como consecuencia, los togados y secretarios trabajan con sus plantillas haciendo auténticas maniobras de ingeniería para evitar la prescripción de algunos de los asuntos. Un riesgo que hasta 2010 era mayor, ya que el plazo era de tres años, pero que con la reforma llevada a cabo ese ejercicio se amplió a cinco.
Las críticas de los jueces van más allá y también apuntan a lo que no se ha hecho hasta ahora tras las recomendaciones del CGPJ en su inspección realizada en marzo de 2014. Los togados lamentan los agravios comparativos. Y es que en Valencia y Castellón se han acometido mejoras, mientras en la provincia los juzgados de la capital han obtenido poca respuesta.
El órgano máximo de los jueces manifestó la urgencia de implantar cuatro juzgados más para canalizar los casos que llegan en la capital alicantina, según el informe del Servicio de Inspección al que ha tenido acceso este diario. «No solo no se ha puesto en funcionamiento», explican los jueces, «sino que no se evidencia voluntad alguna de hacerlo», sentencian.
Tampoco se ha avanzado con la propuesta del Poder Judicial de crear un servicio común de ejecutorias, pues en algunos casos se acumulan hasta 1.450 sentencias condenatorias por ejecutar, ni en la implantación de un juzgado bis en materia de violencia de género para enjuiciar y ejecutar al mismo tiempo lo que reduciría la pendencia en materia penal.
Aun así, los firmantes del documento reconocen que algo sí se ha hecho, aunque la medida haya resultado del todo «ineficaz». La Conselleria de Justicia nombró y asignó dos nuevos jueces de adscripción territorial (JAT) como refuerzo. Se trata de una medida que, «lejos de ser útil», tan solo ha valido para acomodar a una serie de jueces «que no disponían de plaza», afirman. Es decir, que la oficina judicial cuenta con más togados a los que no se les ha asignado los funcionarios que deberían ir aparejados para sacar adelante el trabajo.
Los secretarios judiciales de los penales, quienes iniciaron las protestas mediante su escrito, ya alertaban en diciembre de que «la situación es caótica, resultando imposible atender las necesidades básicas del servicio». Mientras, la Dirección General de Justicia sí planteó la creación de dos plazas de tramitación para los penales de Castellón y refuerzos en otros de la Comunitat, sin aludir a los de la capital alicantina, como recuerdan ahora los jueces, alarmados por el trato «absolutamente discriminatorio de forma injustificada».
Fuente: www.laverdad.es
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