Sale a licitación la reforma de los juzgados de Benalúa

El proyecto completo asciende a 20 millones de euros y los trabajos se prolongarán entre 2014 y 2018.
La Conselleria de Gobernación y Justicia ha sacado a licitación la primera fase de la reforma de los juzgados de Benalúa, en Alicante, con un presupuesto base de licitación de 636.014,86 euros. Esta fase inicial de los trabajos se refiere a la modernización y ampliación del centro de transformación y renovación de las instalaciones generales de baja tensión, y el plazo de ejecución es de 60 días.
Según la licitación firmada por el conseller Luis Santamaría y publicada hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), las empresas interesadas tienen un plazo de 26 días para presentar sus ofertas dentro de un procedimiento abierto.
La remodelación del palacio de justicia de Benalúa, que ha sufrido varios retrasos, se iniciará una vez que acaba de culminar la rehabilitación integral de la Audiencia Provincial de Alicante, obras que han costado 2,7 millones de euros.
El pasado febrero, el entonces conseller de Justicia y hoy delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, informó de que el proyecto de rehabilitación de los órganos judiciales de Benalúa asciende a unos 20 millones de euros y explicó que los trabajos se prolongarán entre 2014 y 2018.
Fuente: www.diarioinformacion.com

El penoso estado de la justicia en imágenes

Los juristas y los ciudadanos denuncian en las redes sociales las dilaciones debidas a los recortes y el mal estado de los juzgados y tribunales de España.

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Podría ser un tremending topic, pero no es una situación ficticia y ocurre en los juzgados y tribunales de España.
La falta de recursos humanos y de medios materiales es denunciada por las asociaciones de jueces, fiscales, abogados... Y en las redes sociales, donde los ciudadanos y los juristas denuncian con imágenes situaciones que rozarían la hilaridad de no afectar a los derechos de las personas, como es el derecho a la tutela judicial en un tiempo razonable.

Juzgados de Torrent

Aquí va una muestra. La imagen más reciente es la de un socorrido váter-archivo descubierto en los juzgados de Torrent. También hay juristas, como Verónica del Carpio, que se preocupan por recopilar ejemplos de una realidad absurda donde convive el trabajo de personas especializadas con medios propios del siglo pasado, como los carritos de supermercado para transportar sumarios.
Varias asociaciones denuncian que la Justicia funciona mal, porque no se quiere que tenga los mismo medios de los que dispone, por ejemplo, la Administración Tributaria.
Hay señalamientos de juicios laborales para 2017, cuando hasta hace poco el tiempo medio de resolución de un asunto en la jurisdicción social era de poco más de cuatro meses; archivos de documentos en lugares insospechados, humedades, edificios que no superarían una inspección laboral y hasta alguna recogida de dinero entre los jueces, funcionarios y profesionales jurídicos para afrontar un recurso que la autonomía dilata en el tiempo su aportación.

El Gobierno otorga la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Ruiz-Gallardón y a Román por los servicios prestados

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha otorgado la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, y al que fuera el segundo de a bordo de éste en Justicia, Fernando Román.

Alberto Ruiz Gallardón, fue ministro de Justicia desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014, cuando dimitió. En la actualidad el cargo de consejero permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en su calidad de ex presidente de la misma. "A lo largo de su extensa carrera política ha ocupado otros cargos de la máxima responsabilidad, como el de alcalde de Madrid", indica el Ministerio en una nota de prensa.

Por su parte, Fernando Román García fue secretario de Estado de Justicia desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014. Había desempeñado, hasta esa fecha, el cargo de magistrado jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo. Anteriormente ocupó distintos puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como jefe de la Sección de Recursos, jefe de la Sección de Estudios e Informes del Gabinete Técnico y director del Gabinete Técnico. Es autor o coautor de diversas publicaciones, principalmente en materia de Derecho Administrativo y Constitucional.

Fuente: www.confilegal.com

Justicia

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA.

“La reforma de la justicia necesita un gran pacto de Estado”

Antonio Viejo, decano de los jueces de Madrid, cuestiona que los partidos que han gobernado hayan tenido un verdadero interés en que la justicia funcione adecuadamente.

Antonio Viejo, decano de los jueces de Madrid, considera que es necesario un gran acuerdo entre los partidos para solucionar el colapso de la justicia. "Hacen falta ciertas reformas y medidas organizativas acordes con los tiempos y esto exige que, con independencia de los colores políticos, se haga un pacto de Estado para que un plazo razonable, de 10 a 15 años, se puedan afrontar los problemas de la justicia".
Viejo reconoce que el clima político actual es poco proclive para que se alcancen grandes pactos, pero pide un esfuerzo a quienes tienen la responsabilidad de gobernar para garantizar el funcionamiento adecuado de la justicia, porque no solo es un "un principio constitucional", es un "servicio público".
Preguntado por la falta de medios y por qué la revolución digital no termina de llegar, el decano de los jueces de Madrid cree que se trata de una cuestión de voluntad política. "Deberíamos cuestionarnos si los partidos que han gobernado han tenido un verdadero interés en que la justicia funcione adecuadamente". Frente a la opinión de que la justicia está excesivamente politizada, Viejo cree lo contrario. "El juez tendrá su ideología, pero aplica la norma de acuerdo con la interpretación que debe dar a ese caso concreto. Lo que sí puede haber son casos que tienen trascendencia política y entonces la decisión del juez tiene relevancia política".
Fuente: www.elpais.com

CONSEJO DE MINISTROS: INFORME REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

INFORME SOBRE LA REFORMA QUE AGILIZA LOS PROCESOS, FORTALECE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y REGULA LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

• La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo máximo de instrucción de seis meses o de dieciocho cuando la investigación sea compleja
• Regula las medidas de investigación tecnológica que carecían de marco legal al tratarse de una norma de 1882
• Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional, por una Sala de Apelación propia
• Reforma el recurso de revisión, que será necesario para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenen a España

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el que se conseguirá agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, así como regular las medidas de investigación tecnológica, que carecían de un marco legal adaptado a la realidad, al tratarse de una norma dictada en 1882.

El texto se remite al borrador de Código Procesal Penal realizado por una comisión de expertos, en el que se proponía un cambio radical del sistema de justicia penal, por lo que su implantación requeriría de un amplio consenso. A la espera de que ese gran acuerdo se alcance, hay ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ese momento para ser establecidas, por lo que se han incluido en la reforma hoy examinada por el Consejo de Ministros.

Agilización procesal

Entre las medidas previstas en el Anteproyecto para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La acumulación por conexión sólo tendrá sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.

Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmente son archivadas inmediatamente, previo visto bueno del fiscal. Para garantizar un adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

Plazos de instrucción

Se sustituye el inoperante plazo de un mes previsto en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas, a cuyo fin se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de dieciocho meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

Se considerarán complejos los que hayan sido cometidos por grupos u organizaciones criminales, tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas o sean por terrorismo.

Se establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por un abogado, acepte la pena fijada. Está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya sanción sea multa o pena de prisión sustituible por la primera, como pueden ser los delitos contra la seguridad vial cometidos con embriaguez.

Conclusiones de la XXIV Reunión Nacional de Jueces Decanos de España

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, 45 jueces decanos de toda España han debatido en Valencia sobre temas relacionados con la crisis económica y los Juzgados y la eficacia de la respuesta judicial ante la corrupción en unas jornadas inauguradas por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Entre los asuntos analizados en las distintas mesas de trabajo también han estado las condiciones para una Justicia moderna, eficaz y segura y el papel de los jueces decanos y de las Juntas de Jueces o la unificación de las normas de reparto.
Entre los asistentes a las Jornadas, cuyas conclusiones se han hecho públicas este miércoles, han figurado los jueces decanos de Alicante, Castellón, Barcelona, Madrid, Málaga, Palma, A Coruña, Bilbao y Sevilla y el de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Fuente: www.poderjudicial.es

Archivos asociados

CONCLUSIONES DE LA XXIV REUNIÓN NACIONAL DE JUECES DECANOS DE ESPAÑA

MODIFICADOS LOS LÍMITES PRESUPUESTARIOS PARA INVERTIR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir la contratación de diversos proyectos de inversión en el ámbito de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías adscrita a la Secretaría General de la Administración de Justicia, tiene atribuidas las funciones de planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de juzgados y tribunales, así como del Ministerio Fiscal y de los registros de apoyo a la actividad judicial.

En ese ámbito, se ha justificado la necesidad de iniciar durante el presente ejercicio 2014 la ejecución de distintos expedientes de contratación de inversiones, con cargo a ejercicios futuros, relacionados con proyectos ya suscritos por parte del Ministerio de Justicia; proyectos de nuevas tecnologías para la Administración de Justicia que van a suponer en ese año un total de 51,2 millones de euros, 16 millones más que en el año 2014. Es decir, los Presupuestos de 2015 cuentan con un incremento del 41 por 100 para nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

GESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA, NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS

• 
  Orden JUS/2246/2014, de 19 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.
  
  • PDF (BOE-A-2014-12494 - 5 págs. - 546 KB)
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  DESTINOS:
  • Ámbito territorial Ministerio de Justicia
  • Cataluña
  • Andalucia
  • Comunitat Valenciana
  • Canarias
  • Madrid
   
  

Alcoi: A la espera de respuesta sobre el Palacio de Justicia

Los problemas de personal que está sufriendo el partido judicial se suman a los que padece en cuanto a infraestructuras, que están pendientes de resolver con el eventual traslado a las nuevas instalaciones en Plaça les Xiques. Desde mediados de julio, como se viene informando, el nuevo conseller Luis Santamaría está muy interesado en alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcoy a fin de permitir la cesión del nuevo Palacio de Justicia, lo que permitiría dar un uso al edificio.

El Ayuntamiento de Alcoy remitió un escrito a Justicia con una propuesta de acuerdo, que pasaría por un alquiler de cuatro años y una compensación posterior por la inversión de 3,5 millones de euros efectuada con cargo a las arcas municipales. Sin embargo, por el momento no se ha producido respuesta oficial alguna, estando el conseller a la espera de obtener el visto bueno por parte de la Conselleria de Economía, según las informaciones recabadas.

Hay que significar que el actual edificio de los juzgados presenta deficiencias de tal magnitud que pueden abocarlo al cierre e incluso a un eventual traslado de la Fiscalía a Alicante.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Justicia aumenta los baremos que fijan las cargas de trabajo en los juzgados

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado hoy en el Pleno del Senado que se han aumentado los baremos que fijan las cargas de trabajo en los juzgados y ha calificado de artificial la medida tomada por el anterior gobierno socialista, que redujo la media de casos que puede asumir un juzgado.

 Catalá ha respondido así a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo sobre si el Gobierno puede garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia ante la sobrecarga de trabajo en los juzgados.

 Los módulos que establecen las cargas de trabajo acaban de ser suspendidos por el Supremo "porque fueron fijados sin la colaboración con el Ministerio de Justicia como es reglamentario, y han vuelto a ser elevados respecto al gobierno anterior que los había bajado artificialmente", ha afirmado el ministro.

Los jueces recriminan a los políticos que se quejen de la lentitud de la justicia cuando éstos no hacen nada para evitarla

Analizar la situación y la forma de combatirla en un momento clave en nuestra sociedad; el futuro papel de los tribunales de Instancia dentro de la próxima reforma anunciada de la LOPJ por el Ministro Catalá; la petición expresa de la vuelta al seguro de responsabilidad civil de los jueces y la solidaridad con los jueces de las últimas promociones, muchos de ellos sin destino, son algunos de los temas que se abordaron este fin de semana en la XXIX Asamblea Anual de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria celebrada en Burgos y que contó como invitados como Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo; José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional y Fernando Grande Marlaska, vocal del CGPJ.  Los más de cuatrocientos jueces que se han reunido en esta ciudad castellana denuncian el peligro de la corrupción que puede poner en peligro nuestro Estado de Derecho y muestran su preocupación porque los políticos denuncien la lentitud de la justicia cuando son ellos “ con las leyes que aprueban los que están provocando estos atascos en nuestros órganos judiciales”:

ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN BOLSAS DE TRABAJO

Publicidad de las bolsas de trabajo de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana.

Listados a fecha 17 de noviembre de 2014.

• Alicante
  • Gestión Procesal y Adminsitrativa
  • Tramitación Procesal y Administrativa
  • Auxilio Judicial
  • Médicos Forenses
• Castellón
  • Gestión Procesal y Adminsitrativa
  • Tramitación Procesal y Administrativa
  • Auxilio Judicial
  • Médicos Forenses
• Valencia
  • Gestión Procesal y Adminsitrativa
  • Tramitación Procesal y Administrativa
  • Auxilio Judicial
  • Médicos Forenses

 

O más fiscales o más colapso (y mas funcionarios/as)

Desde la fiscalía de Valencia advierten que aunque aumente la nómina de jueces si no aumenta igualmente la de fiscales el colapso se mantendrá.

Faltan fiscales. Es una denuncia histórica, tanto como la de los jueces, pero sus plazas no se cubren. La consecuencia es que el fiscal es necesario en todos los casos, sin ellos, aunque aumente la plantilla de jueces el tapón está asegurado. Desde la fiscalía demandan que se consoliden las plazas desacopladas, como las recientemente consolidadas a los jueces, y destacan una paradoja: la fiscalía sí que cuenta con un órgano especializado en corrupción, del que la judicatura carece.
Susana Gisbert, portavoz de la fiscalía en Valencia, explica que "un juez sin fiscal no puede trabajar". No puede entenderse por tanto que cuando se habla de refuerzos la administración olvide a la fiscalía. Ese olvido, que no haya suficientes fiscales, es garantía de que el colapso se mantendrá porque falta una parte fundamental: el ministerio público. Y destaca que el último refuerzo aprobado el gobierno, consolidando plazas de jueces, servirá de poco si no se hace lo mismo con el ministerio fiscal.
No entra en cuántos hacen falta, simplemente subraya que "cada juez necesita un fiscal para trabajar". Y sí que recuerda que existe una Fiscalía Anticorrupción, un órgano específico, en la Comunitat Valenciana "con dos delegados absolutamente sobrepasados" por los acontecimientos y que trabajan con jueces que paradójicamente carecen no ya de suficientes medios, sino de una mínima especialización.
Gisbert afirma que el colapso de la justicia no se resolverá del todo hasta que no haya más fiscales.
Fuente: www.cadenaser.com

La petición de seis juzgados para Castellón lleva 3 años en el olvido

El Gobierno vuelve a olvidar a Castellón y descarta nuevos juzgados en el 2015. El CGPJ reivindicó en 2011 la creación de 6 nuevos órganos en la provincia.

Por mucho que pasen los años, el funcionamiento de la Justicia en Castellón apenas varía ni un ápice. La Justicia sigue siendo lenta y lo es, según jueces, abogados y sindicatos de funcionarios, porque falta medios. Se necesitan más juzgados, más jueces y más funcionarios. Las carencias son unánimes, lo que faltan son unas soluciones que se dilatan en el tiempo y que, año tras año, no hacen sino ahondar la discriminación que sufre Castellón.
En octubre del 2011, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público un informe en el que concluía que Castellón necesitaba urgentemente seis nuevos juzgados para dar salida al grave problema de colapso judicial. El informe, elaborado a partir de los datos manejados por los distintos Tribunales Superiores de Justicia, reflejaba que Castellón requería un juzgado de primera instancia e instrucción, uno de penal, uno de contencioso administrativo, uno de social, uno de vigilancia penitenciaria y otro de mercantil, que deberían ser incluidos, según el CGPJ, en la próxima configuración de la planta judicial.
Desde aquel informe han pasado ya tres años y el mapa de los juzgados de Castellón sigue siendo exactamente mismo. Desde esa fecha no se ha creado ni un solo nuevo juzgado, ni siquiera el tantas veces reivindicado Penal número 5 de Castellón.

Casi la mitad de los juzgados españoles tienen una carga de trabajo superior al 150%

Las quejas del juez Velasco ha sacado a relucir la precariedad judicial en España. En todo el territorio nacional hay 3.894 juzgados y salas que se encargan de hacer justicia. Según el Consejo General del Poder Judicial, más del 43% tiene una sobrecarga de trabajo del 150%. De hecho, sólo en corrupción hay cerca de 1.700 causas abiertas. Sin embargo son los juzgados de lo social, los de primera instancia y los de lo mercantil los más saturados. En el territorio nacional hay 3.894 juzgados y salas que se encargan de hacer Justicia. Según el Consejo General del Poder Judicial, más del 43% tiene una sobrecarga de trabajo del 150%. Sólo en corrupción, hay cerca de 1.700 causas abiertas.

Los más saturados, tal y como reflejan los datos, son sin duda los juzgados de lo social, los de primera instancia y los de lo mercantil. Es decir, los que se encargan de la justicia más cercana al ciudadano. Los que defienden los derechos de los trabajadores, los pequeños empresarios y a las familias víctimas de delitos.

Pero el exceso de trabajo para los jueces españoles es general. Sólo en casos de corrupción hay casi 1.700 causas abiertas.

Jueces para la Democracia demandará a Justicia y al CGPJ por la sobrecarga de trabajo en los Juzgados

La asociación de jueces asegura que registrarán una demanda de conflicto colectivo en el ámbito judicial "que no tiene precedentes"

Jueces para la Democracia presentará este jueves en la Audiencia Nacional una demanda contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados" y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción.
Según ha avanzado la asociación de jueces en una nota de prensa, registrará en concreto una demanda de conflicto colectivo en el ámbito judicial "que no tiene precedentes" y que ha decidido presentar "ante la gravedad de la situación actual.

JpD firmó el pasado día 5 junto a otras cuatro asociaciones de jueces y fiscales un comunicado en el que denunciaba "la situación de máxima alarma" por la que atraviesa la sociedad española ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que requieren una reacción de los jueces y fiscales, que, agregan "no pueden permanecer ajenos a esta grave situación".

Entonces demandaron la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción y el refuerzo especial de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas relacionadas con estas causas, como son las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.
"Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho", indicaban en su comunicado. Agregaban que no puede permitirse un "debilitamiento del Poder Judicial", único garante para corregir las desviaciones de poder, "que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".
Fuente: www.publico.es

 

La privatización del Registro Civil, un ‘pelotazo’ de 5 millones sin aclarar

La decisión del Gobierno de privatizar el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General del Registro y del Notariado con la empresa Futuver”, beneficiaria del negocio, pero su petición podría tocar de cerca a Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no ha surtido efecto. El Ejecutivo se ha abstenido de aclarar las presuntas irregularidades con características de latrocinio y de aplicar sanciones. Mientras, la privatización del Registro sigue su curso entre las protestas de los funcionarios y de los colegios profesionales de Registradores y Secretarios Judiciales.

La operación ideada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez y continuada por su sucesor Rafael Catalá Polo de entregar al Colegio de Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con la excusa de resolver el colapso –la dilación no ha bajado de dos años- supuso la aplicación del software informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana Futuver Consulting que diseñó y vendió el software.

De este modo, Angulo, con el visto bueno de sus superiores en el Ministerio de Justicia, impuso a los registradores la contratación del software de su propia empresa privada. Pero el negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, en principio controlada por personas afines al ministro Gallardón. La extrañeza de gran parte del millar de colegiados era lógica si se tiene en cuenta que el Colegio dispone de un buen servicio informático, con cerca de 300 profesionales que desarrollan la mayor parte de los software que utilizan los registradores.

La sorpresa fue en aumento cuando una auditoría del Colegio reveló que la contratación de Futuver se realizó “por encima de los precios de mercado”. Otra auditoría externa realizada por la consultora Hitachi puso de relieve que Justicia “decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades” y subrayó que el coste “o bien queda claramente por encima de los precios de mercado o bien parece totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado”. La conclusión fue que “el sistema informático de gestión de los expedientes de nacionalidad podía haber costado entre 300.000 y 400.000 euros”, es decir, doce veces menos de lo que se pagó.

¿Donde estaran?: El ´tasazo´ judicial de Gallardón recauda 34,5 millones en la C. Valenciana

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, se plantea reformar la ley un año y medio después de su implantación y 512 millones recaudados.

Desde que entrara en vigor el «tasazo» judicial en diciembre de 2012, las arcas del estado español han recibido 34,5 millones de euros de los bolsillos de los valencianos que han tenido que lidiar con asuntos en los tribunales. Esta cifra representa un 6,7 % del total, ya que en año y medio la recaudación tributaria ha ascendido a 512 millones en el conjunto nacional.
Por comunidades autónomas, la madrileña es la que ostenta el primer puesto de esta clasificación. La tributación en esta región es de 139,5 millones desde que entrara en vigor la ley 10/2012 y hasta julio, según una respuesta parlamentaria enviada por el ejecutivo al Congreso a petición del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.
Esos datos muestran también que Cataluña es la segunda comunidad con más gasto, con 96,6 millones recaudados, seguida de Andalucía, donde se pagaron alrededor de 54 millones. Por lo tanto, la C. Valenciana no se encuentra entre las tres que más recaudan en este sentido. Tras la comunidad andaluza, los vascos abonaron hasta 40 millones por tasas judiciales. Los siguientes, con 34,5 millones de euros, los valencianos.
En la respuesta parlamentaria no se detalla si estas cifras se adaptan a las expectativas que albergaba el exministro Alberto Ruíz-Gallardón cuando impulsó esta polémica norma, criticada tanto por jueces, como por abogados, procuradores y usuarios. La intención era reducir la litigiosidad dentro del sistema judicial.
Lo cierto es que su sucesor en el ministerio, Rafael Catalá, ha anunciado que revisará «evaluará y analizará» la Ley de Tasas por si hubiera que hacer alguna mejora. Una norma que ha provocado una caída en el número total de casos abiertos Comunitat Valenciana, como ya publicó este periódico. Desde su aplicación y hasta mayo, se han reducido en un 5 % las aperturas de procesos, pasando de 1.011.194 asuntos a 964.405.
Hasta 2013, las tasas afectaban a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso administrativo. Con la ley que ahora queda en entredicho, se obliga al pago a todas las personas físicas y se incorpora al pago a la jurisdicción de lo social, la que trata los conflictos laborales, aunque el ministro Gallardón redujo el importe en este caso tras la polémica inicial.
Fuente: www.levante-emv.com

Ya era hora: Justicia destinará 2 millones en 2015 para reformar sedes judiciales, entre ellas, Benalúa y el TSJCV

La Conselleria de Gobernación y Justicia destinará un total de 44,5 millones de euros hasta 2018 para reformar diversas sedes judiciales como el Palacio de Justicia de Benalúa (Alicante), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Ciudad de la Justicia de Valencia y el Palacio de Justicia de la localidad valenciana de Sagunto, entre otras.
Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Justicia, Luis Santamaría, durante su intervención en las Corts para explicar el presupuesto de su departamento para el próximo año, cuyo total asciende a 328.134.260 euros, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento respecto a 2014. La oposición --PSPV, EUPV y Compromís-- considera estas cifras una "burla" y una "farsa". "Estos presupuestos son una mentira", ha lamentado el portavoz adjunto de EUPV en la cámara valenciana, Lluís Torró.
La mayoría del presupuesto de esta conselleria, es decir, un 75 por ciento, está destinado al Programa de la Administración de Justicia, que cuenta con 241.235.090 euros, un 2,27 por ciento más respecto al ejercicio anterior.
Sobre esta partida, el conseller ha detallado que se continuará con el Plan de Infraestructuras y Edificios Judiciales 2014-2018 (PIEJ), que cuenta con una inversión de 44,5 millones de euros --de los que hay presupuestados unos dos millones para 2015--, y permitirá reformar diversas sedes judiciales como el Palacio de Justicia de Benalúa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Ciudad de la Justicia de Valencia y el Palacio de Justicia de Sagunto, entre otras.

Presidente del Consejo General del Notariado:“No está claro cómo se garantizará la gratuidad del Registro Civil”

Asegura que notarios y registradores proporcionan posiblemente el mejor sistema de seguridad jurídica preventiva del mundo.
José Manuel García Collantes dirige desde hace dos años el Consejo General del Notariado, un período en el que la corporación ha atravesado por alguno de sus momentos más difíciles, incluso internamente, con motivo del polémico anteproyecto de reforma integral de los registros, que trató de sacar adelante el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que finalmente se frenó.
Superadas estas tensiones, el máximo representante de los notarios mira ahora hacia los retos de futuro del colectivo en un escenario en el que se ha producido el relevo en Justicia, con la llegada de Rafael Catalá. En una entrevista concedida a EXPANSIÓN en el ecuador de su mandato, asegura que queda por delante "muchísima tarea por hacer".

OPOSICIONES SECRETARIOS PROMOCIÓN INTERNA Y LIBRE, LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales

• Orden JUS/2106/2014, de 3 de noviembre, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.
  
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PUBLICACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DEL CONSELL

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat. [2014/10253] (pdf 749KB)		26939

MESA TÉCNICA: OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS

Se reclamo la convocatoria de la acción social para el 2015 y el reintegro de las aportaciones a los planes de pensiones, se nos informa que no esta contemplado enel proyecto de presupuestos del próximo año.
Se solicita que la próxima convocatoria de comisiones de servicio se publique lo antes posible, una vez concluyan los plazos de toma de  posesión del concurso de traslados de este año, informando por parte del Director Genera que se intentara.
Se volvio a pedir que los dias de jornada reducida por fiestas locales pudiera acumularse esa reducción como día de asuntos propios, tal como así existe en la Administración General de Estado.
Preguntada la Administración sobre la nueva oferta de empleo público  y la convocatoria de oposiciones para el 2015, dijo que desconocia si habria o no.
Sobre la inversión prevista en la mejora de  edificios judiciales para el próximo ejercicio presupuestario, nos informa que se seguira ejecutando el Plan de Infraestructuras y Edificios Judiciales (PIEJ) acometiendo obras en el Palacio de Justicia de Valencia, Benalua (Alicante), Sagunto, etc. y siguen negociando para habilitar el nuevo palacio de justicia de Alcoi.
Sobre las unidades administrativas, el Director General se comprometio a ofertar el 40% de las plazas (26 plazas aprox.) en concurso de traslados el próximo mes de enero, esperemos que así sea y no incremente el número de compromisos incumplidos

Catalá ofrece lealtad y colaboración a las comunidades autónomas para acometer las reformas de la Justicia esta legislatura

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ofrecido hoy lealtad y colaboración a los representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas, que han asistido a la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, para abordar esta legislatura las reformas necesarias para mejorar la Administración de Justicia.

El ministro se ha mostrado consciente de los tiempos legislativos y el periodo que queda de legislatura para centrar su intervención en las reformas en las que se está concentrando el trabajo del Ministerio de Justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y aspectos puntuales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Documentos asociados:

141106 Conferencia Sectorial (PDF. 79 KB)

Catalá implica a los sindicatos en la reforma de la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy (4/11/14) con los dirigentes de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia a los que ha manifestado su convicción de que los 48.000 funcionarios y trabajadores que desarrollan su labor en ella son también Justicia.
Durante la reunión de la primera mesa sindical que preside Catalá como ministro, se ha abordado la necesidad de analizar en profundidad la situación de los diferentes colectivos, como los secretarios judiciales, el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, o el de Auxilio Judicial.

 

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141104 Mesa Sindical (PDF. 79 KB)