Analizar
la
situación
y la
forma
de
combatirla
en
un
momento
clave
en
nuestra
sociedad;
el
futuro
papel
de
los
tribunales
de
Instancia
dentro
de
la
próxima
reforma
anunciada
de
la
LOPJ
por
el
Ministro
Catalá;
la
petición
expresa
de
la
vuelta
al
seguro
de
responsabilidad
civil
de
los
jueces
y la
solidaridad
con
los
jueces
de
las
últimas
promociones,
muchos
de
ellos
sin
destino,
son
algunos
de
los
temas
que
se
abordaron
este
fin
de
semana
en
la
XXIX
Asamblea
Anual
de
la
Asociación
de
Jueces
Francisco
de
Vitoria
celebrada
en
Burgos
y
que
contó
como
invitados
como
Ángel
Juanes,
vicepresidente
del
Tribunal
Supremo;
José
Ramón
Navarro,
presidente
de
la
Audiencia
Nacional
y
Fernando
Grande
Marlaska,
vocal
del
CGPJ.
Los
más
de
cuatrocientos
jueces
que
se
han
reunido
en
esta
ciudad
castellana
denuncian
el
peligro
de
la
corrupción
que
puede
poner
en
peligro
nuestro
Estado
de
Derecho
y
muestran
su
preocupación
porque
los
políticos
denuncien
la
lentitud
de
la
justicia
cuando
son
ellos
“
con
las
leyes
que
aprueban
los
que
están
provocando
estos
atascos
en
nuestros
órganos
judiciales”:
Nadie
discute
que
esta
Asociación
Judicial,
con
Marcelino
Sexmero,
magistrado
y
portavoz
nacional,
http://goo.gl/oVGu7E,
es
una
de
las
más
críticas
tanto
a
la
labor
del
Ministerio
de
justicia
como
al
propio
Carlos
Lesmes,
presidente
del
CGPJ,
que
en
diciembre
cumplirá
un
año
de
trabajo.
En
esta
ocasión,
y
como
pase
en
los
debates
de
otros
operadores
jurídicos
se
habló
en
una
de
las
jornadas
de
la
corrupción
y de
la
fórmula
para
combatirla.
Para
este
colectivo,
la
crisis
económica
y la
corrupción
generalizada
en
las
instituciones
y
administraciones
públicas
están
poniendo
en
serio
peligro
el
Estado
social
y
democrático
de
derecho.
Desde
AJFV
se
denuncia
el
fracaso
de
los
instrumentos
de
control
de
legalidad,
jurídicos
y
financieros,
concebidos
para
evitar
conductas
perniciosas
para
el
interés
general
en
el
ejercicio
de
funciones
públicas.
Para
que
estas
herramientas
funcionasen
se
necesitaría
garantizar
su
profesionalización
y
autonomía
real
del
poder
político,
hoy
claramente
insuficientes.
Desde
esta
asociación
se
indica
que
siendo
el
poder
judicial
la
última
garantía
de
defensa
contra
la
corrupción,
denuncian
su
precariedad
de
medios
personales
y
materiales,
“exigimos
su
adecuada
dotación
y
una
policía
judicial
funcional
y
orgánicamente
dependiente
de
Juzgados
y
Tribunales”.
De
hecho
señalan
que
la
denuncia
política
de
la
lentitud
de
la
justicia
es
demagógica
pues
son
los
propios
políticos
quienes
tienen
en
su
mano
evitarla.
A
juicio
de
estos
magistrados,
La
jurisdicción
penal
requiere
una
revisión
urgente
de
las
normas
procesales
que
permitan
la
investigación
eficiente
y el
enjuiciamiento
rápido
de
los
delitos
ligados
a la
corrupción,
así
como
de
instrumentos
que
aseguren
la
recuperación
de
los
activos
defraudados.
Sobre
el actual
diseño
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
desde
AJFV
se
insiste
en
que
“lejos
de
ser
la
garantía
de
independencia
de
Jueces
y
Magistrados
y de
su
funcionamiento
eficaz,
constituye
una
amenaza
para
aquella
y un
obstáculo
para
éste,
por
lo
que
exigimos
que
el
nombramiento
de
los
miembros
de
procedencia
judicial
de
ninguna
manera
corresponda
a
los
partidos
políticos.”
Tribunales
de
instancia
y
especialización
Otro
de
los
temas
que
se
ha
abordado
en
estos
tres
días
de
intenso
trabajado
ha
sido
el
modelo
de
tribunal
de
instancia
que
impulsa
la
nueva
LOPJ,
norma
que
regulará
el
nuevo
modelo
de
administración
judicial.
Para
los
jueces
de
esta
asociación
el
diseño
colegiado
de
los
Tribunales
de
Instancia
debe
ser
compatible
con
la
inamovilidad,
independencia
y el
derecho
al
Juez
ordinario
predeterminado
por
la
Ley.
La
AJFV,
al
mismo
tiempo,
defiende
que
se
mantengan
las
Audiencias
Provinciales
y
denuncia
la
incertidumbre
que
su
proyectada
supresión
irradia
sobre
el
Estatuto
Profesional
de
muchos
magistrados,
exigiendo
que
sea
respetada
su
inamovilidad.
También
son
partidarios
de
que
se
conserven
los
Decanos
y
las
Juntas
de
Jueces
no
jurisdiccionales.
Críticos
se
muestran
con
la
figura
de
los
Presidentes
de
los
Tribunales
de
Instancia,
elegidos
discrecionalmente
por
el
CGPJ
y
que
pueden
ser
cesados
por
pérdida
de
confianza,
constituyen
un
ataque
a la
independencia
judicial.
La
elección
de
los
mismos
debe
hacerse
por
los
propios
jueces
con
inamovilidad.
A
juicio
de
esta
asociación,
el
sistema
de
colegiación
de
la
instrucción
de
causas
por
delito
es
inadecuado
y
puede
comprometer
el
derecho
al
juez
predeterminado
por
la
ley.
Respetando
la
especialización
como
un
valor
positivo,
la
AJFV
no
comparte
un
modelo
de
Carrera
Judicial
basado
en
una
segunda
oposición,
y
reclama
la
mayor
relevancia
del
ejercicio
efectivo
en
el
orden
jurisdiccional.
Al
mismo
tiempo
indican
que
para
acceder
a un
cargo
de
carácter
gubernativo
no
se
debe
conceder
preferencia
a la
especialización..
Recuperar
el
seguro
colectivo
de
los
jueces
Tal
y
como
nos
confesaba
hace
algunos
días
el
propio
Sexmero
a
este
medio
informativo,
desde
AJFV
son
partidarios
que
el
CGPJ
mantenga
ese
seguro
colectivo
de
responsabilidad
civil,
http://goo.gl/DUvcgZ.
Del
mismo
sentir
son
el
resto
de
asociaciones
judiciales
también
consultadas
desde
Lawyerpress.
Desde
esta
perspectiva
señalan
que
la
acción
civil
directa
contra
el
juez,
única
en
el
conjunto
de
los
servidores
públicos,
puede
constituir
un
ataque
a la
independencia
judicial
en
un
momento
que
se
investigan
muchos
casos
de
corrupción
política.
La
Asociación
Francisco
de
Vitoria
insta
al
Consejo
General
del
Poder
Judicial
a
mantener
el
seguro
de
responsabilidad
civil
hasta
tanto
se
suprima
la
acción
directa
tal
y
como
está
prevista
en
el
anteproyecto
de
ley.
Otro
tema
abordado
en
esta
Asamblea
Nacional
tiene
que
ver
con
el
futuro
de
los
jueces
de
las
últimas
promociones
de
carrera,
muchos
de
ellos
con
plaza
pero
sin
destino
asignado
aún.
Así
se
encuentran
cerca
de
400
magistrados
entre
jueces
de
adscripción
territorial
y
jueces
en
expectativa
de
destino,
algunos
de
los
cuales
trabajan
en
condiciones
penosas
pese
a
haber
pasado
una
dura
oposición.
Desde
AJFV
se
recuerda
que
el
juez
debe
ser
titular
de
una
plaza
desde
su
ingreso
en
la
carrera
judicial
dado
que
es
titular
de
un
poder
del
Estado
y no
debe
estar
sujeto
a
cambios
como
sucede
en
la
situación
actual
con
los
jueces
en
expectativa
de
destino,
lo
que
afecta
a la
inamovilidad
y en
definitiva
a la
independencia
judicial.
Es
precisamente
esa
situación
la
que
hace
imposible
a
juicio
de
esta
asociación
judicial,
de
conciliar
la
vida
familiar
y
laboral
ante
la
posibilidad
de
cambios
de
destino
continuos,
especialmente
en
Comunidades
con
varias
provincias.
En opinión
de
este
colectivo
judicial,
laa sumisión del Juez a la Ley de forma
exclusiva
y
excluyente
es
garantía
constitucional
de
su
imparcialidad.
Desde
AJFV
se
rechaza
una
regulación
que
impida
a
los
Jueces
valorar
conforme
a la
sana
crítica
la
prueba
practicada
y
elegir
entre
varias
soluciones
legales
la
más
adecuada
al
caso.
Tambien
indican
que
un
sistema
de
“cuestiones
jurisprudenciales
previas”
no
puede
consagrar
una
dependencia
jerárquica
en
el
ejercicio
de
la
jurisdicción.
Desde su punto de vista
deben
articularse
mecanismos
legales
que
permitan
la
uniformidad
en
la
aplicación
del
Derecho
por
Jueces
y
Tribunales
mediante
un
adecuado
sistema
de
recursos,
siempre
con
respeto
a la
independencia
judicial.
Al
mismo
tiempo
se
rechaza
un
modelo
de
Tribunales
de
Instancia
que
imponga
criterios
vinculantes,
consagrando
una
jerarquía
incompatible
con
la
independencia
judicial.
Fuente: www.lawyerpress.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario