La propuesta incluye una suerte de paz social sobre la reclamación de la paga. Así, se incluye una clásula, «Compromiso de colaboración», en la que se señala que, «conscientes de la responsabilidad que requiere el momento actual, la importancia de mantener un escenario de diálogo permanente, así como la buena fe negocial», los sindicatos se comprometen «a agotar los cauces de negociación e interlocución con la Administración antes de adoptar medidas de conflicto o movilizaciones de cualquier tipo, durante el periodo de vigencia del presente acuerdo y referidas a las materias definidas en el mismo». «Asimismo, se comprometen a no promover reclamaciones jurídicas de ningún tipo hasta la ejecución del presente acuerdo», añade. Fuentes sindicales recalcaron que la referencia a no presentar recursos se refiere solo la pelea por la extra.
La Conselleria de Hacienda, que dirige Juan Carlos Moragues, ha remitido una propuesta a los sindicatos para proceder a la devolución de parte de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que, según los juzgados, fue descontada indebidamente. La oferta, que debe firmarse el lunes en la Mesa General de Negociación, comporta que los empleados cobrarán estas cantidades en la nómica de enero de 2015. De este modo, los alrededor de 50 millones de impacto económico se desplazarán al próximo ejercicio y no complicarán todavía más las dificultades del Ejecutivo para cumplir con el objetivo del déficit del 1 % del PIB.
Promesa de no movilizarse
El conflicto viene de la decisión del Gobierno de eliminar la paga de Navidad de 2012. Lo hizo el 14 de julio, con lo que los empleados ya había generado el derecho por los 44 días entre el 1 de junio y esa fecha. Los jueces les dieron la razón pero el Consell, por indicación del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, se negó a pagar con carácter general, abonando a medida que se fallaban los recursos individuales. La petición de intereses de demora y la amenaza de reclamar costas habría elevado el agujero del Consell, de ahí que se haya avenido a pactar.
Los funcionarios de Administración general, Sanidad y Educación percibirán la parte de la extra referida a 44 días, mientras para el personal de Justicia el abono es completo, al tener la paga prorrateada. El acuerdo se produce antes de que las Corts debatan la propuesta del socialista Rafael Rubio exigiendo el abono. Rubio se felicitó de que los empleados cobren pero criticó que «otros dirigentes del PP como Barberá o Rus ya lo pagaron hace seis meses».
Fuente: http://www.levante-emv.com
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