Los juzgados
de lo Social se convierten en el "principal problema" junto a las
preferentes porque están "absolutamente sobrecargados"
Los juzgados
valencianos han registrado más de 2.000 demandas por preferentes en un año, lo
que ha generado "problemas" en los juzgados de Primera Instancia y ha
obligado a solicitar más jueces de refuerzo. Este se ha convertido actualmente
en una de las principales preocupaciones junto al Orden de lo Social, que se
encuentra "absolutamente sobrecargado".
Así lo ha
puesto de manifiesto el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, en la
rueda de prensa en la que ha presentado la 'Estadística de Registro y Reparto
de Asuntos en la ciudad de Valencia. Año 2013', en la que ha afirmado que en
general ha habido en 2013 una "clara tendencia a la baja" en cuanto
al número de asuntos ingresados en los juzgados respecto al ejercicio anterior,
aunque todavía se está "muy por encima" de los niveles de 2007,
último año antes de la crisis.
Además, en
la actualidad, ha comentado que hay "dos puntos oscuros" y
"especialmente preocupantes": el primero, el "masivo"
ingreso de demandas sobre productos financieros complejos, lo que se conoce
como preferentes, "que ha afectado notablemente a los juzgados de Primera
Instancia"; y el segundo, la situación "muy preocupante" de los
juzgados de lo Social, que están "absolutamente sobrecargados y que son
los que actualmente se encuentran en una peor situación en la Ciudad de la
Justicia".
Respecto al
asunto de preferentes, Viguer —quien ha insistido en que la inversión en
Justicia es "fundamental" y en que hay que
"descongestionar" el sistema— ha expuesto que han entrado 2.002
demandas desde febrero de 2013, más las 272 registradas solamente en este mes
de enero de 2014.
Esto
significa —ha dicho— que la mitad de los procedimientos de los juicios
ordinarios —de cuantías superiores a los 6.000 euros— que se siguen en los
juzgados de Primera Instancia son procedimientos relacionados con las
preferentes. En concreto, han ingresado en los juzgados 3.946 procedimientos
ordinarios, de los que 1.900 corresponden a demandas por preferentes. Este tipo
de asuntos —preferentes—, a parte de que son los "más complejos", son
los que requieren "mayor presencia judicial" y conllevan un doble
señalamiento: la audiencia previa y el juicio. Esta proliferación de casos ha
hecho que la agenda "se haya disparado", y mientras que en 2012 se
señalaban los asuntos civiles a cuatro o cinco meses vista, ahora se señalan a
10 ó 12 meses.
Para paliar
esta situación, Viguer ha explicado que se han incorporado dos jueces de apoyo
a los juzgados de Primera Instancia: un juez de adscripción territorial y otro
en comisión de servicio que entró la pasada semana. Aún así, hay solicitados
dos magistrados de apoyo más, y falta la respuesta del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio.
El decano ha explicado que si no hubiera
habido este "aluvión" de preferentes, los juzgados funcionarían ahora
"bastante bien", pero las 2.000 demandas "han retrasado
notablemente los señalamientos", ha reiterado. Preguntado por si la
mayoría de estas demandas son contra Bankia, ha respondido que no dispone del
dato, aunque "es posible que sí", ha dicho.
Sobre los
juzgados de lo Social, ha explicado que en 2013 ingresaron 24.029 demandas, de
las que 9.668 correspondieron a demandas de despido frente a las 3.976
registradas en el año 2007. Estos órganos judiciales pasan por una situación
"preocupante" y suponen el "principal problema" junto con
las preferentes, ha señalado el decano. Para poner soluciones, ha comentado que
se han solicitado cuatro jueces de refuerzo.
Los jueces
de lo Social —ha agregado— ingresan un número de asuntos muy por encima de los
módulos del CGPJ, que establecen que éstos tienen que tener entre 775 y 905
asuntos al año, y este año se han registrado 1.521, con lo que
"prácticamente se duplican".
En total,
221.912 ASUNTOS
En general,
Viguer ha expuesto que el número total de asuntos ingresados en los juzgados
valencianos ha sido de 221.912, de los que 39.154 corresponden a los juzgados
de Primera Instancia; 7.739 a los de Familia; 5.529 a los de
Contencioso-Administrativo; 24.029 a los de Social; 4.502 a los de Mercantil; 121.418
a los de Instrucción; 6.241 a los de Penal; 8.765 a los de Ejecutorias, y 4.575
asuntos en los de Violencia sobre la Mujer.
En Primera
Instancia destaca que el número de ejecuciones hipotecarias ha descendido un
23,6% en 2013 respecto al ejercicio anterior, con un total de 1.284; en
Mercantil, los concursos de acreedores han pasado de 904 a 838, lo que supone
un descenso de asuntos del 7,3% y la ruptura de la tendencia al alza de los
últimos años.
En el Orden
Contencioso-Administrativo, se han registrado un 42% menos de licencias y
contratación, "puede que relacionado con la crisis económica"; otro
16,10% menos en asuntos de urbanismo; y otro 65,7% menos en asuntos de materia
laboral.
En los
juzgados de Familia, destaca el descenso del 10% en las demandas consensuadas
de separaciones y divorcios, mientras que las demandas no consensuadas con
medidas provisionales han bajado un 3,7%, y sin medidas un 10,4%. Así mismo,
han ascendido un 18,4% las demandas de modificación de medidas, "puede ser
consecuencia del nuevo régimen de custodia compartida", ha comentado.
CORRUPCIÓN
Preguntado
por si cree necesario adoptar medidas ante el incremento de asuntos de
corrupción que ingresan en los juzgados, Viguer se ha remitido a las
conclusiones de la reunión de jueces decanos de Sevilla de diciembre de 2013,
en las que se planteaba la necesidad de apoyar de forma inmediata cualquier
juzgado que llevara asuntos relacionados con corrupción; la creación de un
cuerpo de policía judicial dependiente del juzgado o fiscalía; o la creación de
un cuerpo de peritos contables para trabajar con los juzgados.
Interpelado
por si considera que la instrucción de los casos de corrupción con aforados la
podría llevar un juez de instrucción, tal y como planteó el anterior fiscal
superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV),
ha dicho que éste es uno de los temas de debate, tanto social como
jurídicamente, pero ha dicho que no se iba a decantar. No obstante, ha
puntualizado que "cualquier juez de instrucción de España podría tramitar
cualquier procedimiento penal porque tiene la preparación adecuada para
ello".
Fuente: www.20minutos.es
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