La Conselleria, condenada por adeudar 172.000 euros a una empresa encargada del mantenimiento de las sedes judiciales

El impago durante tres años de los arreglos, reparaciones y mantenimiento de los aparatos de climatización en los juzgados de la Comunitat Valenciana ya tiene un pronunciamiento jurídico. Pese a que la Conselleria de Justicia había reconocido su condición de morosa con la empresa Germanías de Instalaciones y Servicios S. L., la Administración indicó la imposibilidad del pago por «hallarse pendientes del crédito adecuado y suficiente».

Tras una pelea de más de cinco años por parte de la firma afectada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impone ahora el pago al Consell de 172.931 euros. Pero la cifra será incluso mayor, pues la sentencia fija además el abono de los intereses generados desde las fechas entre las que se produjo el impago, entre 2004 y 2006.

Tras el contrato de mantenimiento firmado entre la Generalitat y la empresa, Justicia dejó de pagar algo más de una veintena de facturas. Según consta en la página web de Germanía de Instalaciones, la empresa se dedica a «mantenimientos varios» dentro del Palacio de Justicia de Valencia y se ocupa también de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado de las sedes judiciales de Castellón y Valencia.

Rechazo inicial

Pese a que la Conselleria rechazó inicialmente el pago de los miles de euros tras la reclamación de la firma, posteriormente la propia Administración reconoció la deuda. Y Germanías de Instalaciones y Servicios aceptó que la cifra que se le debía era de 172.000 euros más intereses.

Ante este acuerdo, el TSJ poco más tuvo que hacer que recoger en un dictamen judicial la obligatoriedad de la Conselleria de abonar esta cantidad, como consta en la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo. El fallo anula la resolución de Justicia que rechazaba el abono y reconoce el derecho de la empresa a recibir esa cantidad.

No es, ni mucho menos, la primera vez que el Tribunal Superior valenciano condena a la Administración por un impago de varios años en relación con alguna contratación. Pero, si alguna Conselleria se lleva la palma en este campo, esa es sin duda la de Sanidad.

La última y escandalosa prueba de ello llegó el pasado mes de febrero. Como publicó LAS PROVINCIAS, un conjunto de sentencias hechas públicas en esa fecha obligaban a Sanidad al pago de la cuantiosa cifra de 68 millones de euros por impagos a medio centenar de empresas.

En aquella ocasión, la mayoría de firmas afectadas eran laboratorios médicos y proveedores de productos farmacéuticos. El medio centenar de sentencias fueron dictadas entre 2007 y 2008. Sólo la firma Sanofi-Aventis, líder mundial del sector, se vio afectada por esta deuda con la nada desdeñable factura de 11 millones de euros.
Fuente: www.lasprovincias.es