La empresa adjudicataria no envía traductores al adeudarle la conselleria pagos de 4 meses
Teresa Albendín, Alzira
El Juzgado de lo Penal de Alzira se vio obligado el pasado martes a dejar en libertad a dos personas que estaban detenidas por violación de la Ley de Extranjería, ya que tuvo que suspender las comparecencias judiciales al no disponer de intérprete. Es la situación extrema a la que han llegado los juzgados alcireños después de que en las últimas semanas se produjeran ya algunos problemas porque la empresa adjudicataria del servicio de traductores se ha plantado y no envía intérpretes alegando que la Dirección General de Justicia no le paga desde hace cuatro meses.
Una circunstancia que ha creado inquietud y preocupación entre los jueces y funcionarios, ya que temen que se puedan suspender más causas en las que sea necesario un intérprete, ya que si no se dispone de él no se garantizan los derechos del detenido extranjero que no hable español y, por tanto, se pueden ver obligados a tener que dejarlo en libertad. Ante esta situación, varios juzgados de Alzira ya han comunicado el problema a la Dirección General de Justicia, desde donde se les ha asegurado que el tema está en vías de solución.Habitualmente, el Juzgado de lo Penal es el que requiere más veces de la asistencia de un traductor para tomar declaración a los acusados o la celebración de juicios. El juzgado tenía el martes tres causas contra tres personas de nacionalidad extranjera, acusadas de vulnerar la Ley de Extranjería. Uno de los detenidos era marroquí, otro sudafricano y el tercero chileno. En los dos primeros casos para tomar declaración a los detenidos era necesario la asistencia de un intérprete de árabe. Pero el traductor no apareció y se tuvieron que suspender ambas causas para no vulnerar los derechos fundamentales de los detenidos. Ambos quedaron en libertad. Por el mismo delito, para el detenido chileno (no hacía falta intérprete) el juez resolvió su internamiento en el centro de Zapadores de Valencia mientras se tramita el expediente administrativo de expulsión del país.
Pedir colaboración
La falta de traductores ya causó algunos contratiempos la semana pasada. Un juzgado de instrucción tenía señalada la comparecencia de una persona inmigrante y, al no haber intérprete, para poder entenderse con él un funcionario pidió la colaboración de una de las personas extranjeras que se encontraba en la oficina de Registro Civil, quien finalmente ayudó a los funcionarios para poder conversar con la persona a la que debían tomar declaración.
El juzgado de guardia también necesitaba ayer un intérprete de árabe, pero éste tampoco se personó, aunque al final se pudo celebrar la comparecencia, ya que el detenido aceptó declarar sin traductor y, aunque su castellano no era muy fluido, pudieron entenderse y celebrar la vista.
Fuente: levante-emv.com
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