"Situación de alarma y profunda preocupación" y "situación difícilmente soportable" son las expresiones utilizadas por escrito por Esther Rojo, magistrada del Juzgado de Lo Penal número 14 de Valencia, especializado en Ejecutorias, para definir el escenario en el que debe trabajar ante el recorte de funcionarios que le ha comunicado la Consejería de Justicia sobre una plantilla que es sustancialmente menor que la que tienen los otros tres juzgados de Ejecutorias de Valencia.
El pasado 28 de junio la juez puso en conocimiento de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía Provincial y la Superior, de los decanos de los colegios de Abogados y de Procuradores, del secretario coordinador provincial, del decano de los jueces de Valencia, del Delegado del Gobierno y del Defensor del Pueblo, el riesgo de las carencias de medios que vive su juzgado a pesar de las constantes peticiones de auxilio a la Dirección General de Justicia, cuyo responsable directo es Antonio Gastaldi.
Cinco puntos resumen la situación. La magistrada, cuya reivindicación apoya con su firma la secretaria judicial, explicó en una carta que los juzgados penales de ejecutorias (que son los encargados de que se cumplan las sentencias y otras medidas acordadas por los tribunales) números 5, 13 y 16, este último creado el pasado 31 de diciembre, tienen una plantilla orgánica de 27 funcionarios.
Agravio comparativo
En cambio, el juzgado que ella dirige, el número 14, tiene, desde que se creó en junio de 2005, una plantilla de nueve funcionarios. A ese escaso número se sumó ya desde un mes después de su creación un refuerzo de seis tramitadores interinos, cifra que creció hasta 14 debido a la carga de trabajo, 5.771 asuntos a finales de junio pasado.
Según la juez, ha pedido reiteradas veces a la consejería de Justicia, que descansa en Paula Sánchez de León, que "el claro agravio comparativo" en la dotación de personal, que afecta a su capacidad para hacer frente al servicio, sea corregido. Sin éxito. No solo eso. La Dirección General de Justicia le ha comunicado que en los próximos dos meses cesan siete funcionarios interinos de refuerzo. Es decir, la plantilla se reduce en 17 personas. Pero además, que otras siete cesarán a partir del 31 de octubre de 2010.
Cinco puntos resumen la situación. La magistrada, cuya reivindicación apoya con su firma la secretaria judicial, explicó en una carta que los juzgados penales de ejecutorias (que son los encargados de que se cumplan las sentencias y otras medidas acordadas por los tribunales) números 5, 13 y 16, este último creado el pasado 31 de diciembre, tienen una plantilla orgánica de 27 funcionarios.
Agravio comparativo
En cambio, el juzgado que ella dirige, el número 14, tiene, desde que se creó en junio de 2005, una plantilla de nueve funcionarios. A ese escaso número se sumó ya desde un mes después de su creación un refuerzo de seis tramitadores interinos, cifra que creció hasta 14 debido a la carga de trabajo, 5.771 asuntos a finales de junio pasado.
Según la juez, ha pedido reiteradas veces a la consejería de Justicia, que descansa en Paula Sánchez de León, que "el claro agravio comparativo" en la dotación de personal, que afecta a su capacidad para hacer frente al servicio, sea corregido. Sin éxito. No solo eso. La Dirección General de Justicia le ha comunicado que en los próximos dos meses cesan siete funcionarios interinos de refuerzo. Es decir, la plantilla se reduce en 17 personas. Pero además, que otras siete cesarán a partir del 31 de octubre de 2010.
Fuente: www.elpais.com
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