El nuevo cálculo, basado en el IPC medio, significa un nuevo descenso del poder adquisitivo de las personas pensionistas
El día dos de diciembre fue un día muy atareado en el congreso, con la votación de dos leyes importantes por el presente y futuro de las personas trabajadoras y los servicios públicos: la ley contra el abuso de temporalidad y la reforma de algunos aspectos sobre las pensiones de la ley de la seguridad social. Con anterioridad, los colectivos directamente implicados en cada una de las dos, han sido sistemáticamente ignorados por el gobierno, que ha preferido negociar con los llamados "agentes sociales"; agentes sociales que se ha demostrado que no representan a las personas afectadas ya que no han tenido en cuenta ninguna de sus demandas.
En el caso concreto de la “revalorización de las pensiones”, podemos ver claramente cómo, de nuevo, se ha dado la espalda a las personas pensionistas, que van perdiendo poder adquisitivo de forma galopante. Por el contrario, las notas de prensa del gobierno van en otra línea: la de promocionar un retroceso como una auténtica mejora.
Según lo votado en el congreso, las pensiones se revalorizarán según el IPC medio, que ahora es del 2,5%, mientras que el IPC anual, que realmente es el que mide el encarecimiento de la vida, es del 5,6%. Además, se establece que, cada 5 años, habrá una revisión para constatar si efectivamente ha habido una pérdida de poder adquisitivo, que será compensada con lo que se ha llamado informalmente como “paguilla”. Repetimos: cada 5 años. Los datos oficiales del IPC anual demuestran cómo este “aumento” resulta ridículo teniendo en cuenta los precios reales que pagamos cada día cuando hacemos la compra, cuando ponemos gasolina, o cuando pagamos la factura de la luz. Y, si tenemos en cuenta que en el País Valenciano el importe medio de las pensiones está por debajo del del estado, constatamos que la vida será aún más dura para nuestra gente mayor.
También hace el gobierno mención especial a que la “revalorización” afecta tanto a las pensiones contributivas, como a las no contributivas. ¡Eso faltaría! Y más teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de personas con pensión no contributiva son mujeres. Y precisamente estos casos deben hacernos ver lo insuficiente que es el aumento real. Una pensión no contributiva es de 5.639,20 € anuales, en 14 pagas de 402,80 €. Con la reforma aprobada, la paga será de 412,87 €, o sea, 10 € más al mes. Está claro que mejor tener esos 10€ que no tenerlos, pero esta cifra debe ayudarnos a poner el problema en el contexto que toca: el mundo real de la precariedad al que estamos abocando a nuestras mujeres mayores.
Por desgracia, vemos cómo se pierden oportunidades de empezar la necesaria auditoría que necesita la caja de las pensiones, de constatar dónde se ha ido el dinero, de depurar responsabilidades, de establecer un cálculo que no discrimina las mujeres (tal y como los tribunales europeos han dictaminado). En definitiva, de blindar el sistema público de pensiones.
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