Seis portavoces de asociaciones jurídicas, progresistas y conservadores, abogan por derogar o reformar la polémica medida. El propio ministro ha prometido "mejorarla".
Rebajar las cuantías, analizar los resultados de su aplicación o
directamente, derogarla. Seis asociaciones profesionales de jueces,
abogados y fiscales, de todos los colores, aconsejan al nuevo ministro
de Justicia, Rafael Catalá, qué hacer con la polémica Ley 10/2012 de
Gallardón por la que todos los ciudadanos deben abonar tasas para hacer
uso de la justicia.
Este miércoles día 8 de octubre, el propio ministro, en su primera intervención en el Congreso, ha prometido "mejorar" la ley de tasas y se ha comprometido a evaluar el "impacto real" que ha tenido la medida en los 22 meses que lleva en vigor. "Me propongo a sentarnos con los operadores jurídicos y grupos parlamentarios para evaluar esta situación", ha añadido tras varias preguntas en las que diputados del PSOE y el PNV han descrito la situación creada por las tasas con duras palabras como "empantanada", "perversa" y "desaguisado".
“Derogarla", opina el portavoz de la progresista Jueces por la Democracia,
Joaquim Bosch. "Miles de personas se han quedado fuera de la tutela
judicial efectiva por motivos económicos. La ley ha fracasado en sus
objetivos, nisiquiera ha recaudado lo que esperaban. La antigua era más
que suficiente ya que solo gravaba a las grandes empresas, que son las
que más litigan”.
“En primer lugar derogarla, dado que ya había otra ley que funcionaba
[solo pagaban tasas las grandes empresas], de 2002, cuando Rafael
Catalá era Secretario de Estado de Justicia", opina Marcelino Sexmero,
de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
"Si esto no se deroga, al menos habría que reducir las cuantías de las
tasas a un mínimo indispensable para que las pueda pagar cualquier
ciudadano”.
“Aunque evitan el uso abusivo de la justicia, se deberían pagar al
final del proceso e imponerse a quien pierda", dice Pablo Llarena,
presidente de la conservadora Asociación profesional de la Magistratura.
La cuantía debería calibrarse en función de los derechos: más
sustantiva para los derechos menores, más pequeña para los mayores. No
es lo mismo defender tu libertad que recurrir una multa de 100 euros”.
“Derogarla", dice con rotundidad Carlos Carnicer, presidente del Consejo general de la abogacía.
"La Abogacía ha encabezado desde hace más de dos años la protesta y el
clamor social contra esta ley, una de las que más daño ha causado a los
ciudadanos y que menos ha servido para hacer Justicia. Ni siquiera
conocemos lo que se ha recaudado de verdad por este concepto, pero sí
sabemos que esos millones de euros no han ido a la Justicia en 2014 y
tampoco irán en 2015, de acuerdo con los Presupuestos presentados en el
Congreso. El acceso a la Justicia no admite barreras ni tasas. Francia
que las tenía, aunque muy moderadas, las eliminó en enero de este año".
"Dada la masiva destrucción de derechos fundamentales de acceso a la justicia hace un año pedí al presidente del Tribunal Constitucional que agilizara los cinco recursos de inconstitucionalidad contra las tasas. Sería bueno que antes de que el alto tribunal fallara en contra de unas tasas desorbitadas e injustas, hubiera una decisión política consensuada que acabara con el problema".
“Lo hemos pedido muchas veces: que se derogue", repite Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión progresista de fiscales.
"Esta ley hace mucho daño a la gente, que se retrae a la hora de
litigar. Los procesos ya son bastantes gravosos entre abogados,
demandas, peritos… No estamos hablando de cualquier cosa, las tasas
chocan de frente con el artículo 24.1 la Constitución”.
“Habría que hacer una nueva reflexión sobre su necesidad y su
importe", opina Emilio Frías Martínez. portavoz de la conservadora Asociación de fiscales.
Debería hacerse un análisis profundo a nivel técnico para valorar sus
efectos más allá del debate tasas sí, tasas no. La ley no nació de la
mejor manera; es hora de sacar conclusiones y ver si hay que reformarla,
nosotros creemos que sí.”
Fuente: www.el pais.com
Este miércoles día 8 de octubre, el propio ministro, en su primera intervención en el Congreso, ha prometido "mejorar" la ley de tasas y se ha comprometido a evaluar el "impacto real" que ha tenido la medida en los 22 meses que lleva en vigor. "Me propongo a sentarnos con los operadores jurídicos y grupos parlamentarios para evaluar esta situación", ha añadido tras varias preguntas en las que diputados del PSOE y el PNV han descrito la situación creada por las tasas con duras palabras como "empantanada", "perversa" y "desaguisado".
Jueces para la democracia
Asociación de jueces Francisco de Vitoria
Asociación profesional de la Magistratura
Consejo general de la abogacía
"Dada la masiva destrucción de derechos fundamentales de acceso a la justicia hace un año pedí al presidente del Tribunal Constitucional que agilizara los cinco recursos de inconstitucionalidad contra las tasas. Sería bueno que antes de que el alto tribunal fallara en contra de unas tasas desorbitadas e injustas, hubiera una decisión política consensuada que acabara con el problema".
"Hoy tenemos una Justicia para ricos, otra para pobres –la justicia
gratuita- y una Injusticia para todos los demás, otra vez las sufridas
clases medias, que tienen que pagar un peaje inadmisible e inasumible si
quieren acceder a la justicia”.
Unión progresista de fiscales
Asociación de fiscales
Fuente: www.el pais.com
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