Después de meses de protestas y movilizaciones, ésta es la mejor noticia que podía esperar el personal de la administración de justicia.
Gallardón había impulsado una norma que pasó una vez por el Consejo de Ministros, que había recabado informes de órganos consultivos, que incluso había conseguido la firma de un preacuerdo de tres de las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Justicia (CSIF, STAJ y UGT) y que sólo quedaba pendiente de aprobación por el Gobierno para iniciar el trámite parlamentario.
Ahora, el nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha enterrado este proyecto de reforma y acaba de anunciar uno nuevo que iniciará el trámite partiendo de cero. Según sus declaraciones, ya no eliminará los partidos judiciales, se mantendrá la demarcación judicial y se limitará a cambios organizativos.
Desde Intersindical valoramos positivamente esta retirada y pedimos al nuevo equipo, recientemente nombrado, que demuestre su capacidad de diálogo con todos los colectivos que forman parte de la administración de justicia para alcanzar un consenso sobre las reformas necesarias para modernizar y mejorar esta administración, no sólo en los aspectos organizativos, como se sugiere, sino también en la concreción de mejoras e incentivos para el servicio público. Respecto a los primeros, los aspectos organizativos, las RPT's han de ir acompañadas de la consolidación de los complementos específicos y de la clarificación de funciones; por lo que respecta a los segundos, mejoras e incentivos, deberán traducirse en la recuperación de derechos laborales y el desarrollo de la promoción profesional.
Pero continua adelante la reforma del Registro Civil
De todos los proyectos legislativos de Gallardón, el nuevo ministro sólo mantiene el que afecta al Registro Civil.
En ese sentido, Catalá defiende la idea de su antecesor negando que sea una privatización. Su tesis, que no compartimos en absoluto, es que “los registradores pueden ser un cuerpo de funcionarios y no es una privatización”. Esta es una interpretación muy alejada de la realidad: ni los registradores ni sus empleados son
funcionarios, y desde Intersindical defendemos un Registro Civil público, dependiente del Ministerio de Justicia, que reconozca el trabajo, la capacidad, la profesionalidad y la experiencia de miles de compañeros y compañeras que, a día de hoy, con su esfuerzo y dedicación, prestan un servicio público gratuito y con todas las garantías.
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