Archivo de Fiscalia Gandia |
La compañía eléctrica traslada a la Conselleria que no cederá hasta que no salden los atrasos.
«Lugares de trabajo dignos». La reivindicación siempre
está presente en el discurso de los fiscales superiores ya sea en su
toma de posesión o en aperturas de años judiciales. Mejorar los centros
de trabajo siempre parte como una prioridad, pero se diluye con el paso
del tiempo y más al chocar contra el muro insalvable en el que se
convierte la Conselleria de Justicia. No hay un euro en la caja.
Las dependencias de la Fiscalía de Gandia son el ejemplo
más cruel de cómo algunos fiscales trabajan bajo mínimos. Los
ordenadores, indispensables en su labor diaria, sufren continuos
apagones.
La situación llega al ridículo de tener que mantener sólo
alguno de los aparatos conectados ante el riesgo de que salten los
plomos. O la posibilidad de que algunos fiscales se lleven sus
portátiles personales para adelantar algo de trabajo. Con la batería
cargada, claro.
La Fiscalía se encuentra ubicada en un piso particular,
situado frente a los juzgados de Gandia. La potencia eléctrica que
tienen contratada es similar a la de cualquier vivienda. Sin embargo,
pocas viviendas cuentan con tantos aparatos informáticos. Ahora, el
gasto se acrecienta porque según deslizan algunas fuentes, los fiscales
se llevan sus propias estufas, lo que todavía sobrecarga más el consumo.
La solución al problema resulta sencilla. Consiste en
ampliar la potencia contratada con Iberdrola. Sin embargo, la empresa
suministradora se ha negado por las deudas que acumula la Generalitat
Valenciana, tal y como ayer confirmaron fuentes del propio departamento
autonómico. Si pagan las deudas , se ampliará... Mientras tanto, pues no
queda otra que seguir en las mismas condiciones.
La Fiscalía Provincial ya ha trasladado a responsables de
Justicia su preocupación por este asunto que impide que los responsables
desarrollen su tarea con normalidad.
La respuesta que se les ha hecho llegar está cargada de
impotencia. Nada pueden hacer al respecto. Tan sólo pedir disculpas. En
realidad, tal y como explicaron ayer fuentes de la Conselleria, no se
trata de una deuda del propio departamento sino de las cantidades que
adeuda la Generalitat Valenciana.
También otras sedes judiciales en la Safor arrastran
deficiencias de gravedad. Por ejemplo, los juzgados de Gandia han
sufrido durante cerca de un año la falta de funcionamiento de los dos
ascensores del edificio principal. Esta incidencia causó la suspensión
de juicios y declaraciones. El problema se solventó recientemente,
después de meses de quejas.
Los impagos ya han tenido consecuencias en los juzgados. El
Tribunal Superior de Justicia condenó este año a la Generalitat a pagar
2,8 millones de euros a la empresa que cumplía con el servicio de
seguridad de algunos edificios dependientes de la Conselleria de
Justicia. El Consell dejó de pagar las facturas a la empresa Grupo Cetsa
de Seguridad en 2006, cuando la crisis económica todavía no se había
dejado notar.
Fuente: www.lasprovincias.es
Fuente: www.lasprovincias.es
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