La Junta de Valencia, Castelló y Alicante instan a las asociaciones a seguir con las movilizaciones y con las negociaciones, sin descartar otras medidas de presión.
Los jueces de la Comunitat Valenciana acordaron ayer en sus Juntas Provinciales instar a las asociaciones, que siguen negociando, a que mantengan la huelga del 26 de junio si no hay acuerdos por los que el Ministerio de Justicia acepte sus reivindicaciones. Así, la imagen de los jueces a la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia podría repetirse si el nuevo ministro, Francisco Caamaño, no se aviene a las reivindicaciones principales: aumentar el número de jueces, establecer un límite de trabajo en los juzgados y un incremento del 3% en los presupuestos generales.Durante el día de ayer se celebraron de forma simultánea las Juntas de Jueces en todo el Estado, con un único punto en común, las negociaciones con el Ministerio y el anuncio de la próxima huelga. No obstante, el ambiente combativo que se sentía en el correo corporativo del Consejo General del Poder Musical ya no se ha vuelto a repetir.
De hecho, en Barcelona y en Sevilla se suspendieron las Juntas por falta de "quorum". Y en Valencia, hay que señalar que había más delegaciones de votos que jueces presentes, al menos unas 80 frente a 60, lo que demuestra que ya no hay tanto interés.
En este sentido, la Junta de Jueces de Valencia ni siquiera llegó a debatir las dos propuestas presentadas. La primera era la convocatoria de Juntas a la espera del resultado de las negociaciones. Y la segunda, que obtuvo un voto más contundente, en palabras del Decano de los jueces, Pedro Viguer, "insta a las asociaciones para que ultimen las negociaciones y, si no se consiguen las tres principales reivindicaciones, que se mantenga la huelga anunciada desde hace meses para el próximo 26 junio, con un calendario de protestas".
Aprobada "abrumadoramente"
Esta última alternativa fue aprobada "abrumadoramente", explicó el Decano, por 111 votos a favor y sólo 22 en contra, ya que "lo conseguido hasta ahora por las asociaciones de jueces son meros flecos", añadió Pedro Viguer al término de la asamblea.
Así, el acuerdo de Valencia aprueba expresamente "instar a las asociaciones judiciales para que ultimen el proceso negociador iniciado, hasta que tengan plena satisfacción todas y cada una de las reivindicaciones formuladas en su día que motivaron la huelga de 18 de febrero, manteniendo las medidas de presión, incluida la huelga anunciada para el día 26 de junio de 2009". En otro caso, añade, "la junta valorará en el mes de septiembre si procede adoptar tales medidas de presión, incluido el ejercicio del derecho de huelga", según explica un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Para concluir, anuncian que hay prevista una reunión entre el equipo del Ministerio y las asociaciones judiciales el 8 de junio, y otra el 16 de junio, además de una tercera el 22 de septiembre para valorar el resultado de las negociaciones.
Carencias estructurales
Así, en la propuesta aprobada, los jueces de Valencia han puesto de manifiesto que "las carencias estructurales del sistema de justicia, a las que se suma el extraordinario incremento de la litigiosidad fruto de la actual coyuntura económica, han situado a la gran mayoría de los juzgados en una situación de sobrecarga que amenaza con comprometer la tutela judicial efectiva".
Consideran que, "hoy por hoy, la situación de los órganos judiciales no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado desde la histórica huelga del pasado día 18 de febrero de 2009, y se deteriora de forma alarmante día a día". Del mismo modo, entienden que "nada se ha conseguido en cuanto a los tres pilares esenciales de las reivindicaciones".
La Junta de Jueces de Alicante se suma al mismo acuerdo que la de Valencia. Mientras que la de Castelló "no descarta adherirse a cualquier medida de presión, del tipo que sea, que pueda adoptarse a nivel nacional", según fuentes del TSJCV.
Con el Ministerio, "sólo se han conseguido meros flecos"
Tras la Junta, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, manifestó que en las negociaciones con el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, "hay un nuevo talante, un cambio de actitud evidente, más permeabilidad a las propuestas que formulamos, a las sugerencias que realizamos desde los decanatos, sobre todo en materia de ligitiosidad, agilización de procedimientos y limitación de los recursos". Sin embargo, aunque reconoció que el carácter es completamente distinto, "los magistrados consideran que, de todas las reivindicaciones formuladas, sólo se han conseguido meros flecos, y las esenciales siguen si ser atendidas".Viguer lamentó que se siga ofreciendo continuar convocando oposiciones anuales de 150 jueces en lugar de 250 y sin decir durante cuantos años.
En cuanto a los presupuestos generales del Estado, el Ministerio "no sabe, no contesta". Y en lo referente a la carga de trabajo, señaló que "el CGPJ está elaborando unos nuevos módulos para determinar la carga de trabajo razonable en cada juzgado pero no basta con eso, sino que hay que conseguir que se cree un número de juzgados suficiente para que, por una simple operación aritmética, determinemos cuál es la carga con la que debe trabajar cada juzgado y que no se quede en un simple informe. De esto aún no hemos conseguido nada", dijo Viguer.
Fuente: www.levante-emv.com
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