El Gobierno ve innecesario exigir el valenciano a los jueces para garantizar el uso de la lengua

Considera que los cursos a magistrados y fiscales son la alternativa

Ramón Ferrando, Valencia
El Gobierno considera que la vía de los cursillos es suficiente para garantizar el uso del valenciano en los juzgados, según recoge una respuesta parlamentaria al diputado de Esquerra República de Catalunya (ERC) Joan Tardà. A pesar de que los magistrados no utilizan el valenciano en los juzgados, el Ejecutivo entiende que "los avances que se han hecho y se siguen haciendo para formar a jueces, fiscales y secretarios" en el aprendizaje "de las distintas lenguas cooficiales, así como los términos en que se valora dicho conocimiento, permiten avanzar hacia la plena garantía de este derecho". Fuentes judiciales explicaron que no es necesario que un juez sepa valenciano para que pueda trabajar en la Comunitat, aunque el título les concede tres años extra de antigüedad por lo que tienen prioridad a la hora de escoger plazas.
El diputado de ERC preguntó al Gobierno sobre si pensaba adoptar medidas para que en la Comunitat Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares se considere requisito el conocimiento de la lengua propia para conseguir una plaza de juez. El Ejecutivo no va a tomar ninguna medida extra. El Gobierno indica en la respuesta parlamentaria que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el conocimiento de las lenguas cooficiales diferentes al castellano "es un mérito, en algunos casos preferente, para la provisión de plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales".
La respuesta parlamentaria apunta que el uso de la lengua oficial que "el ciudadano escoja en su relación con la Administración de Justicia del territorio de su comunidad autónoma se configura como un derecho, recogido tanto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y en los propios estatutos de autonomía y sus normas de desarrollo".
A pesar de lo que mantiene el Gobierno, los ciudadanos que quieren expresarse en valenciano ante jueces, secretarios o fiscales continúan teniéndolo complicado. Un magistrado que lleva más de veinte años trabajando en la Comunitat reconoció ayer que nunca ha utilizado el valenciano en un juicio. El juez aseguró que los abogados "tienen interés en ganar sus causas y rehuyen los conflictos lingüísticos".
Problemas lingüísticos
Sin embargo, algunos valencianos han tenido problemas por expresarse en su lengua materna. Una juez de Dénia criticó hace dos años la "falta de tolerancia y decoro" de un perito por declarar en valenciano.
Aunque la situación más kafkiana la protagonizó una magistrada de Valencia que acaba de ser incapacitada al comprobarse que sufría un trastorno bipolar (psicosis maniaco depresiva). La juez instó a un abogado a traducir al español una demanda que había presentado en valenciano. La decisión de la magistrada contravenía la reglamentación vigente, que establece que en las comunidades con dos lenguas oficiales las denuncias y demás documentos pueden ser presentados en cualquiera de los dos idiomas. En el caso de que una de las partes o el propio magistrado exponga el desconocimiento de la lengua cooficial, la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que el juez pueda pedir la traducción del material a los servicios jurídicos del decanato. Lo que queda fuera de la norma es que la traducción la tenga que asumir una de las partes.
La ley prevé que la traducción de textos valencianos no suponga costes ni dilación de tiempo para las partes, pero esto no suele ser así.
Fuente: www.levante-emv.com