Colapso en la justicia valenciana

Los jueces denuncian la falta de informatización y los miles de sentencias atascadas .
Los jueces valencianos, un colectivo tradicionalmente silencioso, tomaron la palabra en 2008. La lluvia de críticas tras algunos sonados errores judiciales desató un contraataque de los magistrados. Los togados rompieron su mutismo para denunciar las precariedades materiales y sobrecarga de trabajo que viven en su labor diaria. Su última carta sobre la mesa, una amenaza de huelga.
Decenas de miles de sentencias pendientes de ser aplicadas, falta de conexión informática entre los diferentes juzgados, incapacidad de conocer las órdenes de búsqueda y captura que pesan sobre los sospechosos, ausencia de bases de datos nacionales que coordine la acción con las Fuerzas de Seguridad... Estas fueron algunas de las denuncias que surgidas el amo pasado del colectivo judicial de la Comunitat Valenciana.
Uno tras otro, el Tribunal Superior de Justicia, los jueces de lo penal, de instrucción, de lo social, de lo contencioso-administrativo..., todas las juntas de magistrados fueron poniendo el grito en el cielo. Tildaron de "urgente" la necesidad de una "reforma estructural" de la justicia ante una plantilla "manifiestamente insuficiente", tal y como denuncian los magistrados.
Los jueces de lo penal valencianos pusieron el dedo en otra de las delicadas llagas: la "imposibilidad" de controlar correctamente las órdenes de búsqueda y captura de presuntos autores de delitos por la inexistencia de conexión informática entre los diferentes juzgados de la Comunitat.
El adecuado control de todos los casos y expedientes judiciales "cada vez es más complicado", confesaron desde los tribunales. Las carencias tecnológicas, de nuevo en el ojo del huracán. "No se dispone de un sistema informático mínimamente adecuado que permita conectar e intercambiar información a todos los juzgados de España y controlar los antecedentes", sentenciaron los jueces de instrucción.
Medio millón de casos
Casi medio millón de casos pendientes de ejecutar o por tramitar quedaron en el tintero judicial de la Comunitat, como se reveló durante 2008. El peligro, como ya subrayaron en reiteradas ocasiones los funcionarios, que los delitos lleguen a prescribir y queden impunes.
El colapso no sólo se produjo en la vertiente penal. "Totalmente sobrecargados" quedaron los juzgados de lo mercantil, según apuntó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, en su memoria anual. La crisis ha desatado un aumento de hasta un 30% de las reclamaciones económicas entre particulares y de un 40% en las suspensiones de pagos de empresas asfixiadas por los acreedores.
"Los jueces trabajan al límite", lamentó Juan Luis De la Rúa. Si usted entabló en 2008 algún contencioso, con la Administración, seguramente pudo comprobar lo que significa armarse de paciencia. En el momento en que su recurso llegue a la justicia valenciana, el tribunal tardará un mínimo de un año en reunirse para debatir su caso.
Entre 60 y 100 juzgados son las necesidades perentorias para la Comunitat Valenciana, según las reivindicaciones lanzadas desde el Tribunal Superior y la Conselleria de Justicia.
Los órganos nacerán ya en un marco de nuevas necesidades. La propia memoria del TSJ ya denunciaba el trato discriminatorio que la Comunitat Valenciana recibe por parte del Gobierno central en cuanto al número de jueces con respecto a otros territorios.
Sólo así puede entenderse que la región sea la tercera con más litigios de toda España y, sin embargo, ocupe el decimoquinto lugar en cuanto al número de jueces por habitante, muy por debajo de la media nacional. En el horizonte futuro de los tribunales valencianos está ya la que puede ser la primera huelga de los jueces de la historia.
Fente: lasprovincias.es