Intersindical
denuncia que no existe un reglamento oficial para nombrar a los
examinadores, lo que va en contra de la transparencia en las pruebas de
acceso en las escalas básicas y también en las oposiciones a fiscal y a
juez.
Desde que la democracia se instauró en España, ningún gobierno ha
querido acometer una reforma en profundidad de la administración de
Justicia, pilar básico de cualquier Estado de Derecho. En los últimos
años, la falta de inversión ha sido alarmante y ha generado lentitud en
la tramitación de los casos (los sumarios se eternizan en los juzgados),
excesiva politización de los órganos de Gobierno y un corporativismo
insoportable entre ciertas élites que se reparten el pastel del Poder
Judicial. El último escándalo que afecta a la Justicia lo acaba de
denunciar
Intersindical, un sindicato que defiende los derechos de los funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales.
En los últimos meses esta organización ha venido reclamando al
Ministerio de Justicia que aclare cuál es el reglamento oficial
aplicable cuando se configura el tribunal calificador que debe examinar a
los candidatos a lograr una plaza en la carrera judicial. La respuesta
que ha recibido ha sido sorprendente:
no existe, se nombran “a dedo”.
Es decir, los tribunales que deben examinar en las oposiciones a las
que se presentan miles de personas cada año en toda España para
conseguir una plaza de gestor, tramitador o auxiliar de Justicia no se
rige por una normativa específica. Tampoco parece que exista una
regulación de los examinadores para las oposiciones a juez y fiscal. Es
decir, unas altas esferas que lo controlan todo desde arriba son las que
designan a los tribunales calificadores en función de sus deseos e
intereses, lo cual pone bajo sospecha la limpieza de las oposiciones.
En un escrito remitido al ministerio, el sindicato asegura que ha
tenido conocimiento por la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de que en la designación de funcionarios para
los tribunales calificadores, tanto únicos como territoriales, “no
existe una reglamentación expresa para que cualquiera pueda optar a
dichos puestos”. Según el sindicato son las administraciones competentes
‒Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Justicia y
organismos de las comunidades autónomas con competencias transferidas y
organizaciones sindicales más representativas‒ los que proponen “a su
libre albedrío” quiénes pueden formar parte de dichos tribunales. Tras
la pregunta que Intersindical ha remitido al Ministerio de Justicia para
que aclare esta falta de regulación la respuesta es que “así ha sido
tradicionalmente”.
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