En plena campaña de transparencia gubernamental, el Ministerio de Justicia ha optado por no difundir la información del año 2014 sobre una millonaria cuenta que es donde se ingresan las fianzas, tasas, embargos y multas que diariamente se acuerdan en los juzgados de España.
La última información disponible corresponde al cuarto trimestre de 2013, cuando lo habitual era la publicación de esta estadística de forma trimestral,como así ha ocurrido desde el año 2010.
Este vacío informativo se comprueba en el sitio habitual de acceso a esta información, el Plan Nacional de Estadística Judicial que es accesible desde la web del Consejo General del Poder Judicial.
La última información disponible corresponde al cuarto trimestre de 2013, cuando lo habitual era la publicación de esta estadística de forma trimestral,como así ha ocurrido desde el año 2010.
Este vacío informativo se comprueba en el sitio habitual de acceso a esta información, el Plan Nacional de Estadística Judicial que es accesible desde la web del Consejo General del Poder Judicial.
La Cuenta de Depósitos y Consignaciones tiene un saldo medio de 3.500 millones de euros anuales. Los intereses suponen más de 60 millones de euros, que son ingresados por el Tesoro y no van destinados al ministerio de Justicia a diferencia de lo que ocurría en el pasado.
Los ingresos del año 2013 de esta cuenta alcanzaron un total de 6.925.158.695,08 euros, y las salidas de dinero supusieron 6.569.474.340 euros.
Todo lo que ocurre con esta cuenta es opaco, como también lo ha sido su adjudicación al Banco de Santander anunciada por el Ministerio de Justicia este lunes a través de una escueta nota de prensa.
El Ministerio de Justicia ha optado ahora por adjudicar el contrato al Banco de Santander, en lugar del otro ofertante que era La Caixa.
El Gobierno esgrime razones económicas para primar al Santander, pero la nota de prensa argumenta también que la adjudicación se ha debido a “cuestiones técnicas”.
Sin embargo, todo el software de esta cuenta es propiedad de Justicia, por lo que se desconocen las cuestiones técnicas que aconsejan adjudicar el contrato al Banco de Santander.
Es más, la entidad está obligada a entregarlo al ministerio, circunstancia que aún no se ha producido, según fuentes judiciales.
Los ingresos del año 2013 de esta cuenta alcanzaron un total de 6.925.158.695,08 euros, y las salidas de dinero supusieron 6.569.474.340 euros.
Todo lo que ocurre con esta cuenta es opaco, como también lo ha sido su adjudicación al Banco de Santander anunciada por el Ministerio de Justicia este lunes a través de una escueta nota de prensa.
El Ministerio de Justicia ha optado ahora por adjudicar el contrato al Banco de Santander, en lugar del otro ofertante que era La Caixa.
El Gobierno esgrime razones económicas para primar al Santander, pero la nota de prensa argumenta también que la adjudicación se ha debido a “cuestiones técnicas”.
Sin embargo, todo el software de esta cuenta es propiedad de Justicia, por lo que se desconocen las cuestiones técnicas que aconsejan adjudicar el contrato al Banco de Santander.
Es más, la entidad está obligada a entregarlo al ministerio, circunstancia que aún no se ha producido, según fuentes judiciales.
El software aún no se ha recibido en Justicia
En el año 2010, Banesto arrebató al BBVA la jugosa cuenta de los Depósitos y Consignaciones Judiciales. Para ello, presentó una agresiva oferta económica.
Dos años después la entidad fue comprada por el Banco de Santander, que heredó el millonario contrato.
El contrato finalizaba en 2014, aunque era prorrogable por dos años más. Es, además, una vía de entrada de toda entidad financiera entre las miles de personas que trabajan en los juzgados y que son potenciales clientes.
Todo el software desarrollado en estos años por Banesto y, luego, por el Santander para la gestión de la cuenta es propiedad del Ministerio de Justicia. La entidad está obligada a entregar el software al Gobierno al término del contrato.
En el Ministerio de Justicia aún no se ha recibido el software con el que se gestiona la cuenta, según aseguran fuentes jurídicas a Público.
El Banco de Santander está obligada a entregarlo, porque así lo establecen los Pliegos de Condiciones Administrativas con el que se adjudicó el contrato a Banesto en el año 2010.
También lo requiere el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, en cuyo artículo 2 se dice expresamente que la entidad bancaria “deberá desarrollar, mantener y poner a disposición del Ministerio de Justicia la aplicación informática descrita en este real decreto, y cuya propiedad será en todo caso del mencionado Ministerio”.
Justicia no ha aclarado aún qué cuestiones técnicas han sido claves para descartar a La Caixa, dado que el software es propiedad del ministerio.
Fuente: www.publico.es
En el año 2010, Banesto arrebató al BBVA la jugosa cuenta de los Depósitos y Consignaciones Judiciales. Para ello, presentó una agresiva oferta económica.
Dos años después la entidad fue comprada por el Banco de Santander, que heredó el millonario contrato.
El contrato finalizaba en 2014, aunque era prorrogable por dos años más. Es, además, una vía de entrada de toda entidad financiera entre las miles de personas que trabajan en los juzgados y que son potenciales clientes.
Todo el software desarrollado en estos años por Banesto y, luego, por el Santander para la gestión de la cuenta es propiedad del Ministerio de Justicia. La entidad está obligada a entregar el software al Gobierno al término del contrato.
En el Ministerio de Justicia aún no se ha recibido el software con el que se gestiona la cuenta, según aseguran fuentes jurídicas a Público.
El Banco de Santander está obligada a entregarlo, porque así lo establecen los Pliegos de Condiciones Administrativas con el que se adjudicó el contrato a Banesto en el año 2010.
También lo requiere el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, en cuyo artículo 2 se dice expresamente que la entidad bancaria “deberá desarrollar, mantener y poner a disposición del Ministerio de Justicia la aplicación informática descrita en este real decreto, y cuya propiedad será en todo caso del mencionado Ministerio”.
Justicia no ha aclarado aún qué cuestiones técnicas han sido claves para descartar a La Caixa, dado que el software es propiedad del ministerio.
Fuente: www.publico.es
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