El poder judicial recuerda el convenio firmado con el Gobierno gallego para proteger a las personas desahuciadas.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Gabriela Bravo, considera que "todas las iniciativas" que las
comunidades autónomas adopten para frenar los desahucios,
legalmente y dentro de su marco competencial, son "positivas".
Bravo ha respondido así al ser preguntada por los periodistas, antes de una jura de jueces en Valencia, por las medidas que ha aprobado el Gobierno andaluz al respecto, y ha insistido en que le parece "muy positivo" que las administraciones se estén "sensibilizando" sobre este asunto, ya que la vivienda es "un derecho fundamental".
"Todas las iniciativas que dentro del marco de la legalidad y desde el ejercicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, puedan favorecer a los miles de ciudadanos que se encuentran en los límites de la pobreza y la exclusión derivados del paro, a mí me parecen positivas", ha manifestado.
La portavoz también ha apoyado el convenio que el pasado lunes firmó el Gobierno gallego con el CGPJ para proteger a las personas que sufran un desahucio, medida que espera que se "exporte" a otras comunidades autónomas.
Es una iniciativa que "va a aportar mucho en el aspecto social de la justicia", ya que los jueces "no solamente se dedican a aplicar la ley, sino que tienen que integrarla en el ordenamiento jurídico, y los ciudadanos están demandado cada día una justicia más social".
El acuerdo, según ha recordado, pretende que exista una coordinación entre la administración autonómica y la judicial para evitar que los ciudadanos queden en situación de exclusión social.
Bravo ha hablado por otra parte sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y se ha mostrado segura de que la nueva ley, aún en trámite, permitirá a este órgano mantener su independencia.
No obstante, ha recordado que el Consejo ya emitió un informe sobre el anteproyecto de esta norma, en el que "un amplio número de vocales fue muy crítico" al entender que la "limitación" de determinadas funciones podría suponer una "merma" de su independencia, aunque también hubo votos de magistrados que no veían peligro alguno.
"Por respeto al legislador es necesario esperar y ver qué ocurre durante el trámite parlamentario, porque ayer ya se presentaron algunas enmiendas", ha dicho en referencia a la propuesta en contra impulsada por el PSOE, que considera que esta ley priva al órgano de gobierno de los jueces de sus funciones básicas.
Bravo ha respondido así al ser preguntada por los periodistas, antes de una jura de jueces en Valencia, por las medidas que ha aprobado el Gobierno andaluz al respecto, y ha insistido en que le parece "muy positivo" que las administraciones se estén "sensibilizando" sobre este asunto, ya que la vivienda es "un derecho fundamental".
"Todas las iniciativas que dentro del marco de la legalidad y desde el ejercicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, puedan favorecer a los miles de ciudadanos que se encuentran en los límites de la pobreza y la exclusión derivados del paro, a mí me parecen positivas", ha manifestado.
La portavoz también ha apoyado el convenio que el pasado lunes firmó el Gobierno gallego con el CGPJ para proteger a las personas que sufran un desahucio, medida que espera que se "exporte" a otras comunidades autónomas.
Es una iniciativa que "va a aportar mucho en el aspecto social de la justicia", ya que los jueces "no solamente se dedican a aplicar la ley, sino que tienen que integrarla en el ordenamiento jurídico, y los ciudadanos están demandado cada día una justicia más social".
El acuerdo, según ha recordado, pretende que exista una coordinación entre la administración autonómica y la judicial para evitar que los ciudadanos queden en situación de exclusión social.
Bravo ha hablado por otra parte sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y se ha mostrado segura de que la nueva ley, aún en trámite, permitirá a este órgano mantener su independencia.
No obstante, ha recordado que el Consejo ya emitió un informe sobre el anteproyecto de esta norma, en el que "un amplio número de vocales fue muy crítico" al entender que la "limitación" de determinadas funciones podría suponer una "merma" de su independencia, aunque también hubo votos de magistrados que no veían peligro alguno.
"Por respeto al legislador es necesario esperar y ver qué ocurre durante el trámite parlamentario, porque ayer ya se presentaron algunas enmiendas", ha dicho en referencia a la propuesta en contra impulsada por el PSOE, que considera que esta ley priva al órgano de gobierno de los jueces de sus funciones básicas.
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