Sin embargo, si en 1944
supuso un antes y un después dentro de la II Guerra Mundial, no es está
tan claro que los aliados, en este caso la Fiscalía, puedan cambiar en
2016 el curso de la historia… de la Justicia.
Este
6 de junio se cumplía el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que fija en
seis meses el plazo máximo de instrucción de una causa, salvo que esta
sea declarada "compleja", en cuyo caso se amplía a 18 meses. Así, los
jueces, previa opinión del fiscal, tenían seis meses para tomar una
decisión sobre las más de 300.000 causas que instruían en España:
archivar, dictar apertura de juicio oral o declarar causa compleja.
Cualquier decisión que tome es recurrible.
Según ha podido saber Valencia Plaza
tras hablar con los letrados que frecuentan la Ciudad de la Justicia,
la mayoría de ellos piensan recurrir aquellas resoluciones de causa
compleja que vengan determinadas por “peticiones realizadas con un
modelo sin motivar” por parte de la Fiscalía.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal,
autorizó a finales de mayo a sus subordinados a que realizaran
“dictámenes uniformes” para pedir la causa compleja debido a una
situación que calificó de “transitoria y extraordinaria”. Así, según
Madrigal, se evitaría el archivo de miles de causas.
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