El secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, ha afirmado hoy que los registros civiles, que a partir del próximo 15 de julio pasarán a estar a cargo de los registradores de la propiedad y mercantiles, seguirán siendo gratuitos "sin excepción de ningún tipo".
"Por lo tanto, no debe existir ningún temor a la sedicente privatización del registro", ha indicado Gastaldi, quien ha agregado que no se está hablando de que se encargue de esos registros "ninguna entidad privada, ni del cobro de ningún tipo de gestión".
El secretario autonómico se ha pronunciado así en la comisión de Gobernación de Les Corts, donde ha comparecido para informar de la situación del Registro civil de Elche y la oposición ha asegurado que se van a privatizar los registros civiles, lo que pondrá en riesgo la confidencialidad de los datos que custodian.
"Ni privatización, ni coste para el ciudadano", ha replicado Gastaldi, quien ha resaltado que, según la ley hipotecaria, los registradores mercantiles y de la propiedad tienen la condición de funcionarios públicos y ha resaltado que "no tienen por qué ser personas que no respeten la legalidad".
"Los problemas del registro civil han existido durante mucho tiempo, se han atacado de forma satisfactoria y actualmente tenemos ya la solución legislativa" a un problema "centenario", "decimonónico" y "vetusto", pues "no tiene ningún sentido" que se mantengan en manos de los juzgados de Primera Instancia, ha dicho.
Gastaldi ha explicado que a partir de mediados de julio los juzgados de registro civil se limitarán a emitir certificaciones de actos que ya constan inscritos, mientras que en enero de 2017 la competencia ya será totalmente asumida por los registradores de la propiedad y mercantiles.
Asimismo, ha asegurado que no debe existir temor sobre el futuro de los funcionarios de los registros civiles, ya que seguirán trabajando en su destino y no se va a privatizar a ese personal.
Respecto al registro civil de Elche, ha indicado que el 15 de julio "se termina" su problema, gracias a la "nueva forma de gestionar" los servicios, y ha destacado que en 2013 se redujeron un 15 % los asuntos pendientes, y que el aumento de la carga de trabajo ha sido por el incremento de los expedientes de nacionalidad.
La socialista Modesta Salazar ha indicado que la ley de Registro Civil de 2011, en aplicación de la cual el 15 de julio las competencias del registro civil pasarán a los registradores, preveía que esas funciones pasaran a los secretarios judiciales, y no a los registradores, a los que se "regala" toda la informatización hecha.
Salazar ha enmarcado esta medida en la estrategia de "desmantelar los servicios públicos para después justificar su privatización", y ha recordado que el PP también dijo que no iba a subir las tasas judiciales ni a establecer el copago de los servicios sociales, y sí lo ha hecho.
El diputado de Compromís Juan Ponce ha asegurado que se va a privatizar el registro civil y se va a entregar a manos privadas, lo que pondrá "en riesgo la confidencialidad" de esos datos, que no estarán "suficientemente protegidos" al no estar a cargo de funcionarios públicos.
Lluís Torró, de Esquerra Unida, ha preguntado con ironía su los recursos para gestionar esos registros van a salir "de la divina providencia" y ha augurado que, a la larga, ese servicio "acabará costando dinero a los ciudadanos, de una manera o de otra".
Fuente: www.lasprovincias.es
"Por lo tanto, no debe existir ningún temor a la sedicente privatización del registro", ha indicado Gastaldi, quien ha agregado que no se está hablando de que se encargue de esos registros "ninguna entidad privada, ni del cobro de ningún tipo de gestión".
El secretario autonómico se ha pronunciado así en la comisión de Gobernación de Les Corts, donde ha comparecido para informar de la situación del Registro civil de Elche y la oposición ha asegurado que se van a privatizar los registros civiles, lo que pondrá en riesgo la confidencialidad de los datos que custodian.
"Ni privatización, ni coste para el ciudadano", ha replicado Gastaldi, quien ha resaltado que, según la ley hipotecaria, los registradores mercantiles y de la propiedad tienen la condición de funcionarios públicos y ha resaltado que "no tienen por qué ser personas que no respeten la legalidad".
"Los problemas del registro civil han existido durante mucho tiempo, se han atacado de forma satisfactoria y actualmente tenemos ya la solución legislativa" a un problema "centenario", "decimonónico" y "vetusto", pues "no tiene ningún sentido" que se mantengan en manos de los juzgados de Primera Instancia, ha dicho.
Gastaldi ha explicado que a partir de mediados de julio los juzgados de registro civil se limitarán a emitir certificaciones de actos que ya constan inscritos, mientras que en enero de 2017 la competencia ya será totalmente asumida por los registradores de la propiedad y mercantiles.
Asimismo, ha asegurado que no debe existir temor sobre el futuro de los funcionarios de los registros civiles, ya que seguirán trabajando en su destino y no se va a privatizar a ese personal.
Respecto al registro civil de Elche, ha indicado que el 15 de julio "se termina" su problema, gracias a la "nueva forma de gestionar" los servicios, y ha destacado que en 2013 se redujeron un 15 % los asuntos pendientes, y que el aumento de la carga de trabajo ha sido por el incremento de los expedientes de nacionalidad.
La socialista Modesta Salazar ha indicado que la ley de Registro Civil de 2011, en aplicación de la cual el 15 de julio las competencias del registro civil pasarán a los registradores, preveía que esas funciones pasaran a los secretarios judiciales, y no a los registradores, a los que se "regala" toda la informatización hecha.
Salazar ha enmarcado esta medida en la estrategia de "desmantelar los servicios públicos para después justificar su privatización", y ha recordado que el PP también dijo que no iba a subir las tasas judiciales ni a establecer el copago de los servicios sociales, y sí lo ha hecho.
El diputado de Compromís Juan Ponce ha asegurado que se va a privatizar el registro civil y se va a entregar a manos privadas, lo que pondrá "en riesgo la confidencialidad" de esos datos, que no estarán "suficientemente protegidos" al no estar a cargo de funcionarios públicos.
Lluís Torró, de Esquerra Unida, ha preguntado con ironía su los recursos para gestionar esos registros van a salir "de la divina providencia" y ha augurado que, a la larga, ese servicio "acabará costando dinero a los ciudadanos, de una manera o de otra".
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