El Colegio de Titulados Mercantiles de la provincia de Valencia alertó ayer de la saturación que sufren los juzgados de la provincia. El presidente de la corporación, Francisco Valero, asegura que los escasos medios que tienen los juzgados de lo Mercantil conllevan graves pérdidas económicas para las empresas en concurso y sus acreedores. «La autorización de un plan de venta de unidad productiva tarda seis meses en aprobarse y un plan de liquidación, nueve meses de media. Estos retrasos en la operativa generan unos gastos que van contra la masa por lo que la falta de jueces está perjudicando a los acreedores», explica Valero.
El problema radica en que Valencia tiene sólo tres juzgados de lo Mercantil por lo que se produce una gran saturación. «La productividad en Valencia es del 300%», explica el presidente del Colegio de Titulados Mercantiles. Pese al hecho de que cada juzgado en Valencia resuelve más procesos concursales que la media nacional, los tiempos para llevarlos a cabo son mucho más largos. «Si el administrador concursal tienen que poner seguridad en una nave con maquinaria mientras se produce la venta, el coste de este servicio reduce la capacidad de pago de la empresa con los acreedores», pone como ejemplo el presidente de los titulados mercantiles.
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Desde el colegio de Valencia se compara con las provincias más pobladas de España para justificar «la situación de abandono a la que el Consejo General del Poder Judicial ha abocado a los tribunales valencianos». En Madrid hay 12 juzgados de lo mercantil mientras en Barcelona existen diez y en Valencia tres. Si comparamos el número de recursos con los concursos que se presentaron en 2014, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, los datos demuestran la falta de medios que sufren las empresas valencianas.
Más concursos de media
La media de nuevos concursos por juzgado en Valencia fue de 226 durante el año pasado mientras en Barcelona la ratio desciende hasta los 122 y en Madrid, hasta los 88. La falta de juzgados no es una cuestión autonómica sino provincial ya que en Castellón hay un juzgado para 103 concursos que se presentaron el año pasado y en Alicante hay tres para 168, con lo que de media toca a 56.
Para el colegio, esta situación supone que los jueces de lo mercantil de Valencia «no pueden dar abasto a todo el trabajo que esta interminable crisis está generando porque, además de los procesos concursales resuelven también temas como conflictos societarios, todo tipo de incidentes entre deudores y acreedores, así como problemas de Derecho Marítimo que en Valencia existen, problemas derivados de los contratos de fletes y averías a la gruesa», según explicó ayer la corporación en un comunicado.
A esta crítica se añade que, bajo el punto de vista de este colegio, «los funcionarios que apoyan a los jueces les son impuestos a éstos y en muchos casos, son interinos y sin la formación específica que requiere el asunto, lo que dificulta considerablemente la agilidad del procedimiento. El sistema no ha tenido en cuenta estas dificultades y sus consecuencias las estamos pagando todos, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo».
Una de las consecuencias de esta situación, según lamenta Francisco Valero, es que «muchos administradores concursales realizan su trabajo y no cobran». La solución, según este colegio, es que el Consejo General del Poder Judicial o el TSJCV hacen lo necesario «para apoyar a los juzgados, jueces y ciudadanos, dotándoles de los medios necesarios para el normal desarrollo de su trabajo porque asumen tres veces más de trabajo del que se consideraría adecuado».
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