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jueves, 17 de abril de 2014

El Consell demora la devolución de 50 millones de una paga extra a los funcionarios pese al alud de condenas

La Conselleria de Hacienda baraja pagar uno a uno a los empleados públicos conforme llegan las sentencias mientras confía en que Madrid le ayude a afrontar el gasto Los juzgados, que han dado ya la razón en las última semanas a miles de empleados, barajan condenar en costas a la Generalitat.
La decisión del Gobierno central de suprimir en 2012 la extra de Navidad a todos los funcionarios públicos permitió a Mariano Rajoy salvar la cara ante Bruselas y a las comunidades, sino cuadrar el déficit como en el caso de la C. Valenciana, sí al menos contener en unas décimas su desviación. Sin embargo, la aplicación indebida del decreto estatal acabará generando otro agujero en las cuentas públicas. En el caso de la Generalitat este boquete tiene siete dígitos: 50 millones de euros. Esta es la cantidad aproximada que, según estimaciones de los sindicatos, la Generalitat debe devolver a su más de 120.000 empleados públicos porque una parte de la extra suprimida fue detraida de la nómina indebidamente.

En concreto, la parte correspondiente a 44 días. No sólo lo creen los sindicatos, sino los juzgados de lo contencioso administrativo de la Comunitat Valenciana que desde finales de marzo están dictando sentencias firmes en las que condenan a la Generalitat a devolver el dinero a los empleados que acudieron a la Justicia. A unos 3.000 empleados ya se les ha dado la razón. La Conselleria de Hacienda, que sigue pasando apuros en los pagos, está intentando ganar tiempo y de momento, se resiste a cumplir con las sentencias mientras espera instrucciones de Madrid. El problema es que el goteo de fallos condenatorios es constante. El Consell tiene cada vez más difícil esquivar este asunto, ya que los sindicatos están empezando a plantear la extensión de sentencia, un mecanismo al que de forma masiva se están sumando los funcionarios y que ni si quiera precisa abogado. Todos los sindicatos UGT, CC OO; CSIF, Intersindical tienen en su haber decenas de condenas que afectan a cientos de trabajadores y están reclamando a la conselleria que se siente a negociar un calendario para pagar su deuda. Sin embargo, hasta el momento, el Consell ha dado largas. Intersindical ha planteado que se aborde en Mesa General de Negociación.
De hecho, el departamento que dirige Juan Carlos Moragues trabaja en varias alternativas, aunque no parece que ninguna de ellas contemple pagar de oficio los 50 millones. Entre las opciones figura ir pagando uno a uno a los reclamantes conforme vayan llegando las resoluciones. Sin embargo, algunos sindicatos están dispuestos a explorar la vía penal si sigue la demora. Desde la FSP-UGT se advierte que podrían querellarse incluso contra el presidente Alberto Fabra por prevaricación. Mientras tanto los juzgados están colapsados y barajan ya empezar a condenar en costas. A razón de 375 euros la condena, la dilación puede costar aún más caro a la Generalitat. Desde Hacienda se confía en coordinar acciones con el Gobierno, de quien partió el decreto. Incluso que le ayude en el pago. Cabe apuntar que el problema es generalizado en toda España. Sin embargo, no todas las administraciones están bloqueando el pago. Muchos ayuntamientos han optado por pagar a la plantilla Valencia ya lo ha hecho una vez llegaron las primeras sentencias. También la diputación abonó su deuda y las Corts se sentará a negociar en breve.

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