La ley establece un baremo de tasas para los recursos, que puede llegar a 800 euros en asuntos laborales.
El copago judicial del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
superará el próximo lunes el primer escollo parlamentario, el del
debate de totalidad, con los únicos votos favorables del PP y con el
rechazo de la casi totalidad de las asociaciones de jueces, fiscales y
secretarios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial,
entre otros. La ley establece un baremo de tasas para los recursos, que
puede llegar a 800 euros en asuntos laborales. El objetivo, según
Gallardón, es el contribuir a desatascar los tribunales y a financiar el
derecho a la justicia gratuita, con un copago similar al farmacéutico. El Gobierno tiene una previsión aproximada de ingresos por tasas judiciales de unos 306.091.000 euros.
Está excluida la jurisdicción penal, y hasta ahora había tasas solo
para la civil y la contencioso- administrativa. Con la ley se elevan
notablemente las tasas y se extienden a la jurisdicción social, es
decir, laboral. La norma no distingue entre niveles de renta.
De esta forma, el recurso contra una resolución laboral ante una
segunda instancia implicaría una tasa de 800 euros que, según las
asociaciones que se oponen, resulta prohibitiva para un trabajador que
haya perdido su empleo. El Consejo General de la Abogacía
elaboró también un informe muy crítico, en el que se asegura que el
recurso por una multa de tráfico de 100 euros podría llevar aparejada
una tasa de 200, que no es reembolsable si se gana en la segunda
instancia. PSOE, CiU, BNG e Izquierda Plural
han presentado enmiendas a la totalidad. El PSOE presentó este viernes
enmiendas parciales para, por ejemplo, excluir la jurisdicción laboral.
Según algunas asociaciones, la ley podría vulnerar el artículo 24 de
la Constitución que asegura que “todas las personas tienen derecho a
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda
producirse indefensión”. Fuentes del PSOE aseguran que estudian
presentar un recurso de inconstitucionalidad si se mantiene en los
mismos términos tras su paso por las Cortes.
El Gobierno respalda la constitucionalidad de la reforma de las tasas judiciales basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional
de 2012 que avaló esas cargas como medio de financiación de la
justicia. Esa sentencia, no obstante, se refería al recurso de una gran
empresa y dejaba a salvo que no se gravaran la jurisdicción penal y la
laboral, que ahora sí se incluye en la norma. La Unión Progresista de Fiscales
sostiene que las nuevas tasas “impedirán o dificultarán el derecho de
acceso a la tutela judicial efectiva, y esta legislación es similar a la
de época preconstitucional”.
Fuente: www.elpais.com
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