La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el envío de un juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia

 El Poder Judicial refuerza el juzgado que investiga el saqueo de Emarsa
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el envío de un juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el saqueo cometido en la sociedad pública de depuración de agua Emarsa.
La necesidad de contar con un apoyo para el juzgado, que ahora debe atender al mismo tiempo la carga de trabajo habitual y, al mismo tiempo, uno de los mayores escándalos de corrupción destapados en Valencia, había sido tramitada por el juez instructor, Vicente Ríos. La petición fue respaldada por el Tribunal Superior Justicia valenciano y, tras el visto bueno del Poder Judicial, solo falta que el Ministerio de Justicia autorice económicamente la llegada del nuevo juez.

Cuando llegue, el juez Ríos podrá dedicarse en exclusiva al caso Emarsa. El instructor todavía no ha terminado de tomar declaración a uno de los principales imputados, el exgerente de la sociedad pública y dirigente local del PP de Valencia hasta que fue suspendido hace dos semanas por la dirección regional de su partido, Esteban Cuesta. Tampoco ha podido empezar a interrogar a la persona que, según el exgerente, fue el cerebro del saqueo: Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Manises, expresidente y exconsejero delegado de Emarsa e imputado como presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
La actividad del juzgado, entre tanto, ha continuado esta semana. El juez ha dictado varias providencias en las que da cuenta de los resultados de la documentación requerida sobre nuevas empresas que, de momento, no están siendo investigadas, como Talent y Proemisa.
El instructor también ha vuelto a pedir a la policía que haga gestiones para localizar a Jorge Ignacio Roca, imputado en el caso, que se halla en paradero desconocido. Roca facturó más de 14 millones de euros a la sociedad pública a través de tres empresas. La investigación apunta a que dichos trabajos o no se hicieron o fueron hinchados.
Fuente: www.elpais.com