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lunes, 25 de julio de 2011

Los jueces valencianos acumulan 91.400 casos sin resolver

Los magistrados reclaman un refuerzo de personal tras la renuncia del Consell a poner en marcha 15 juzgados - La falta de medios por la crisis agrava el colapso en la jurisdicción civil

Los jueces valencianos acumulan 91.438 asuntos sin resolver. La falta de medios está agravando el colapso de la justicia especialmente en la jurisdicción civil, que es donde se tramitan los procedimientos por impagos que ahogan a centenares de empresas. El Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que hacen falta de manera urgente 22 magistrados en Valencia tras la renuncia del Consell a poner en marcha quince juzgados por falta de presupuesto.
Los magistrados destinados en la jurisdicción civil cerraron 2010 con 30.425 asuntos abiertos. La cifra supone un incremento de un millar de casos pendientes sobre el año anterior. La situación es especialmente complicada para los jueces de Primera Instancia, que que resolvieron una media de 1.497 demandas y que a finales de año tenían encima de la mesa 1.028 casos pendientes.

Los jueces valencianos están convencidos de que el problema de fondo del colapso judicial es el incremento de la litigiosidad en los últimos años. El número de asuntos se ha duplicado en la última década y, sin embargo, la plantilla de magistrados sólo ha crecido un veinte por ciento en el mismo periodo.
Un informe del Consejo General del Poder Judicial revela que en la Comunitat Valenciana hacen falta 63 magistrados. El documento puntualiza que Valencia necesita 22 jueces nuevos, Alicante 31 y Castelló 1o. El estudio del Poder Judicial incide en que los tres juzgados de Primera Instancia más sobrecargados de toda España están en la Comunitat Valenciana. En concreto, en Torrevieja, Benidorm y Alicante.

"Al borde del abismo"
El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha advertido en las últimas semanas de que los juzgados de Primera Instancia de Valencia "están al borde del abismo". La carga de trabajo ha crecido sensiblemente en los últimos años como consecuencia de las reclamaciones de deudas.
Los magistrados consideran que además de habilitar más jueces es necesario adoptar medidas de largo alcance para reducir la carga de trabajo de los juzgados y agilizar los procedimientos. Los jueces quieren acabar con la posibilidad de interponer recursos por todo -como hizo el exjefe del Consell en la causa de los trajes- ya que eternizan los procesos.
Los magistrados de la jurisdicción penal tenían a finales del año pasado 20.262 asuntos pendientes de resolver. La sobrecarga de trabajo, según lamentan los propios jueces, es preocupante en los juzgados de Instrucción, que al cierre de 2010 acumulaban 11.952 casos abiertos.
Los jueces valencianos han propuesto eliminar los juicios de faltas para reducir la carga que soportan los juzgados de Instrucción. El colectivo cree que no tiene sentido que un magistrado que instruye grandes asuntos de narcotráfico o de prostitución invierta un día de la semana en juicios de faltas de "casos irrelevante". "En un juicio de faltas por una disputa vecinal pueden llegar a intervenir un juez, peritos, agentes de la policía, un fiscal, letrados y procuradores. El coste ronda los cinco mil euros y el resultado final es una sanción leve", lamentó un magistrado de Valencia.
Los jueces valencianos también defienden que se debería pagar una tasa para interponer una querella o una denuncia de carácter económico.
La Generalitat enmarcó la decisión de cancelar la puesta en marcha de los quince nuevos juzgados en el actual contexto de crisis presupuestaria. En Valencia se han perdido cinco juzgados relacionados con la jurisdicción civil, que es la más castigada por el colapso. Los juzgados cancelados son el Primera Instancia número 6 de Gandia y sendos mixtos en Carlet, Llíria, Massamagrell y Quart de Poblet. Además, han sido descartados 9 juzgados en Alicante y uno en Castelló.

Agilización de
los desahucios
Los jueces reconocen que es necesario acortar los plazos de la ejecución de los desahucios de las personas que no pagan el alquiler. El Ministerio de Justicia ha incorporado en la reforma que está tramitando una propuesta de los magistrados valencianos que permitirá reducir de lanzamiento del inquilino moroso a la mitad. Con la medida, el propietario podrá ir directamente al juzgado, interponer una demanda contra el inquilino y en el noventa por ciento de los casos se producirá el desalojo en un plazo máximo de tres meses.
Fuente: www.levante-emv.com

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