Consell y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en la necesidad de aliviar la carga de trabajo de los juzgados de instrucción, pero discrepan en la forma de lograrlo. La iniciativa del CGPJ -con el valenciano Fernando de Rosa como vicepresidente- que apuesta por derivar algunas faltas (infracciones menores que no alcanzan la categoría de delito) a los juzgados de paz, cuenta con la oposición frontal de la Conselleria de Justicia porque requeriría un importante desembolso económico.
La titular de este departamento, Paula Sánchez de León, es partidaria de reforzar la figura del fiscal, para que sean los representantes del Ministerio Público los que reciban directamente las denuncias por esas infracciones menores y determinen cuáles remiten al juez y cuáles quedan sin castigo.
El Consell estima que con su propuesta, que requiere la implicación del Gobierno para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llegarían un 50 por ciento menos de faltas a los juzgados de instrucción y con ello se reduciría en un 8% el número de asuntos que éstos tramitan.
Gasto en formación y medios
Dice la Generalitat que la medida defendida por el CGPJ no haría sino trasladar a los juzgados de paz el problema que ahora existe en los juzgados de instrucción, sin olvidar que en las grandes poblaciones no existen jueces de paz, y la disfunción persistiría. Para el ciudadano, según la Conselleria, ofrece más garantías la intervención del fiscal, por tratarse de un «funcionario altamente preparado y cualificado».
La falta de cualificación técnica de los jueces de paz, jueces no profesionales, a quienes competería la función de juzgar y sentenciar esas faltas, obligaría al Consell a invertir importantes recursos personales y materiales en su formación. «Y eso supondría un notable gasto», al que habría que sumar la inversión en ordenadores, impresoras, internet y otros medios con los que habría que dotar a los juzgados de paz.
El mayor protagonismo de los jueces de paz se concretaría en un aumento de recursos contra sus decisiones, y estos recaerían en los juzgados de instrucción, con lo que a la postre el problema persistiría. De León advierte, además, del coste económico que tendría el que los juzgados de paz asumieran esa nueva carga de trabajo, ya que obligaría a dotarles de funcionarios. En la actualidad hay más de 500 juzgados de paz y en la mayoría no existe personal de Justicia.
Según Justicia, la propuesta del CGPJ no sería bien asumida por los fiscales. «Se planterían problemas de disponibilidad para que pudieran asistir a todos los señalamientos», sin olvidar el gasto que supondría el pago de los desplazamientos. «Inasumible».
Fuente: www.abc.es
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