Alicante: La avalancha de despidos obliga a los juzgados a dejar sin resolver mil casos laborales al trimestre

La demora en los juicios alcanza los seis meses pese al refuerzo de jueces
La crisis ha destruido más de 50.000 puestos de trabajo en el último año en la provincia y los juzgados se han visto desbordados por la avalancha de demandas por despidos improcedentes. La sobrecarga es tal que los magistrados de lo Social tienen que dejar sin resolver un millar de casos cada trimestre que pasan a engrosar la bolsa de causas pendientes. La consecuencia: los juicios terminan celebrándose, pero tardan entre cinco y seis meses en hacerlo, cuando el máximo recomendable son dos meses, según fuentes de estos órganos judiciales.Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que los juzgados de lo Social reciben cada trimestre alrededor de 4.000 demandas laborales -la mayoría por despidos y reclamaciones de cantidad a los empresarios- pero sólo se resuelven 3.000 por la imposibilidad de hacer frente a la elevada carga de trabajo. De esta forma, mientras el año 2009 comenzó con 4.438 causas sin resolver, en julio la bolsa casos pendientes alcanzaba ya los 6.476, dos mil más. Fuentes judiciales aseguran que el volumen de trabajo durante el último semestre ha sido similar, por lo que, a falta de los datos oficiales, el año podría haber terminado con el doble de causas pendientes que el año anterior.
La sobrecarga de trabajo llevó al CGPJ a reforzar los juzgados sociales de Alicante y Elche con dos jueces itinerantes, que comenzaron a trabajar hace tres meses. Sin embargo, la medida "es una gota de agua en un océano", según fuentes de estos órganos, quienes aseguran que la demora para juzgar los casos ha pasado desde entonces de los siete u ocho meses a los cinco o seis de la actualidad. Estos retrasos salen caros a las arcas públicas pues, según los datos que se barajan en esta jurisdicción, el Estado habrá pagado en 2009 más de 25 millones de euros en concepto de los salarios de tramitación (que se deberían haber percibido desde que se presenta la demanda hasta que sale la sentencia) que se generan a partir de los 60 días de demora.
La Ley de Procedimiento Laboral es clara: en caso de que el trabajador gane el pleito, el empresario tiene la obligación de pagar los salarios del tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la sentencia. En caso de que se haya tardado más de dos meses, el empresario puede reclamar al Estado los salarios que excedan de dicho plazo. Es decir, si el retraso en la provincia alcanza actualmente los seis meses, el Estado -concretamente el Ministerio de Justicia- tiene que pagar el salario de cuatro meses en cada demanda de despido que gane el trabajador. La magnitud de la cifra a abonar viene dada porque dos de cada tres pleitos laborales los gana el demandante.
En el caso de que el empresario sea insolvente, la totalidad de los salarios deberá pagarlos el Fondo de Garantía Social (Fogasa), un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo cuya finalidad es abonar estas indemnizaciones. La intervención de este ente se produce cuando el juez certifica la insolvencia de la empresa para pagar lo que debe.
"Detrás de cada expediente hay una persona que sufre y hay que ser más rápidos", dicen las fuentes judiciales consultadas, que inciden en que desde hace más de 17 años no se crean nuevos juzgados de lo social en la provincia pese al aumento de población. Por ello, consideran que lo ideal es crear más órganos para aliviar el colapso en los once actuales.
En Alicante, la carga de trabajo ya supera los mil asuntos por juzgado, cifra que excede con creces el tope marcado por el CGPJ de casos que debe llevar cada magistrado (600).
Las demandas aumentan un 80%
Las demandas por despidos presentadas ante los juzgados de lo Social aumentaron un 80% en el último año, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta octubre. De esta forma, durante los tres primeros trimestres del año se contabilizaron 5.644 casos frente a los 3.107 del mismo periodo de 2008. El aumento es significativo y en nueve meses ya se había superado a las 4.713 demandas registradas durante todo el 2008. Las reclamaciones de cantidad también se han incrementado (un 56%) y alcanzan las 4.850 hasta octubre.
Fuente: www.diarioinformacion.com