Los ocho órganos pedidos al Gobierno pretenden tramitar los ingresos por orden judicial de unos 3.500 enfermos al año y evitar que dejen la medicación.
No pueden gobernarse a sí mismos o no son conscientes de que están enfermos y se niegan a recibir el tratamiento médico que precisan, lo que les pone en riesgo a ellos y a quienes les rodean. Hay momentos en los que los jueces no tienen más remedio que mediar en los casos de salud mental, bien para decretar una incapacidad o para autorizar el internamiento del paciente en un hospital o residencia cuando el enfermo se niega. En la actualidad, estos asuntos se reparten entre los juzgados de Primera Instancia, lo que supone una dispersión que dificulta el seguimiento y control personalizado de cada caso. Para evitarlo y mejorar la atención a este colectivo, tanto jueces, como fiscales y forenses han elevado una petición al Gobierno para que se dote a la provincia de ocho juzgados especializados en la materia repartidos por las comarcas. La finalidad es centralizar la atención a las personas con enfermedad mental en coordinación con la red sanitaria. También poder aplicar el protocolo elaborado por la Audiencia para obligar a tomar la medicación a quienes se oponen y evitar las consecuencias que el abandono de los fármacos tiene para los enfermos y sus familias, pues esta situación desemboca en ocasiones en episodios de violencia o intentos de suicidio. La falta de órganos especializados impide aplicar los tratamientos ambulatorios involuntarios, pues "no es lo mismo que ocho jueces se coordinen con las unidades de salud mental de los centros de salud a que lo tengan que hacer ochenta", explica el presidente de la Audiencia, Vicente Magro. Y es que sólo en la ciudad de Alicante hay diez juzgados que se ocupan de estos asuntos. Por ello, tanto el presidente de la Audiencia, como el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, y el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón, abogan por agrupar los casos en juzgados especializados ubicados en ocho localidades. La propuesta vuelve a recoger la reivindicación de que uno de ellos se ubique en Alicante y asuma exclusivamente la materia de salud mental, pues sólo en este partido se tramitan anualmente 1.200 solicitudes de internamiento involuntario en centros sanitarios o residencias. Además solicitan otros siete: uno para San Vicente y Novelda, otro para Elda y Villena, uno para Ibi y Alcoy, otro para Elche, uno más para Orihuela y Torrevieja, otro para Dénia y uno para Benidorm y La Vila. Estos juzgados tramitarían al año en la provincia alrededor de 3.500 internamientos involuntarios en centros psiquiátricos para enfermos mentales descompensados o en residencias para ancianos con demencias o alzheimer, además de las incapacidades dictadas para personas con discapacidades psíquicas profundas, grandes demencias o enfermedades mentales muy graves.Lo ideal es que fueran de nueva creación, pero el presidente de la Audiencia reconoce los límites presupuestarios, por lo que explica que en algunos casos lo que se pretende es que la materia de salud mental se concentre en un único órgano, aunque ya exista. Para que sea rentable la cifra propuesta de órganos en relación a los asuntos que tramitarían, en la petición solicitan que sean mixtos y asuman también los casos de Familia (como divorcios o separaciones). Argumentan que se trata de dos materias "de marcado carácter social" que precisan de una atención judicial "ágil y especial". Esta concentración permite "que el juez conozca los historiales de estos pacientes y pueda dar mejor respuesta".El Consejo General del Poder Judicial estudia la viabilidad de esta propuesta para poder aplicar el modelo de juzgados de salud mental comarcales en la provincia y extenderlo también a la Comunidad Valenciana y el resto de España, como informó Vicente Magro, quien considera que por fin existe una conciencia sobre la necesidad de proteger a las personas con enfermedad mental después de durante muchos años se haya descuidado a este colectivo. "Hay mucha gente que sufre alrededor de un enfermo", dice Magro, quien incide en que necesitan de una atención rápida y personal. Por su parte, los enfermos y familiares apoyan la creación de juzgados especializados en salud mental, pero su gran caballo de batalla sigue siendo la falta de recursos sociosanitarios para dar un tratamiento integral.
Fuente: www.diarioinformacion.com
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