ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE VALENCIA
Lunes, 20-04-09
La Fiscalía de Valencia ha alertado de las «graves consecuencias» que acarreará la decisión de la Conselleria de Justicia de restringir el número de taxis de los que disponían los representantes del Ministerio Público para desplazarse desde la capital a los juzgados de pueblos.
Los fiscales de la capital acuden una media de cuatro veces por semana a los juzgados de Torrente, Sagunto, Massamagrell, Paterna, Quart, Catarroja, Mislata, Sueca, Picassent, Llíria y Moncada, a donde a partir de ahora deben desplazarse con su vehículo particular -si tienen coche y carné- o en transporte público. El mismo problema sufren los fiscales adscritos a la Fiscalía de área de Alzira para atender los asuntos de Onteniente, Játiva y Requena, y los de la sección territorial de Gandía.
La medida entró en vigor el pasado lunes y ha generado un profundo malestar entre la plantilla. Los fiscales consideran que es un parche para no acometer el plan pactado con la Fiscalía General del Estado para crear destacamentos, «sucursales» del Ministerio Público en la provincia.
El descontento es atribuible a las dificultades que, aseguran, encontrarán para dar cobertura a todos los juzgados cuando se requiera la presencia del fiscal. En algunos casos habrá de atender simultanemente varios pueblos que no están comunicados entre sí por transporte público, de manera que el fiscal se vería obligado a acudir a un pueblo y regresar a Valencia para desplazarse desde la capital al otro. Eso, dicen, es tiempo perdido que entorpecerá el funcionamiento de los juzgados y ralentizará la instrucción de los procedimientos.
Pero denuncian, además, el riesgo que entraña para su seguridad personal el uso del metro o el autobús, transportes públicos en los que, a la salida del juzgado pueden coincidir con acusados para los que acaban de solicitar castigos severos o con familiares de otros a los que han mandado a prisión. Temen agresiones. La preocupación es tal que algunos fiscales están recogiendo firmas para que la fiscal jefe, Teresa Gisbert, convoque una junta en la que analizar el problema.
Dos millones en taxis
La Fiscalía desconfía de que la Conselleria abone el kilometraje a quienes usen su vehículo particular y el bus y el metro a quienes opten por este medio de transporte. No le bastan compromisos verbales; lo quiere por escrito.
Los desplazamientos en taxi de los fiscales a las distintas sedes judiciales de la Comunidad le cuestan a la Generalitat cerca de dos millones de euros cada año. En el caso de la provincia de Valencia, la Conselleria ha resuelto reducir de 16 a 10 el número de taxis, «restricción» que, según reconoce Gisbert en una nota interna, «plantea graves problemas» para los fiscales que han de asistir a vistas penales y civiles, visitar residencias de mayores, centros de menores, asistir a los asuntos derivados de las guardias, estar presentes en las comparecencias de prisión, celebrar juicios urgentes y asistir a los juzgados de violencia sobre la mujer.
La Fiscalía asume la necesidad de «optimizar» el uso de los taxis. En tal sentido, se han dado instrucciones para que un mismo vehículo sea utilizado por más de un fiscal cuando esto sea posible. El taxi quedará reservado para los servicios «más penosos por su distancia» como Requena y Onteniente, y para «los servicios de guardia, por su imprevisión». En los demás casos, los fiscales deberán usar su coche, el bus o el mentro.
Pero Gisbert hace una advertencia a Justicia: se acepta esta medida como solución de «urgencia» ante la «gravedad de la situación provocada» por la decisión de la Conselleria, pero «en ningún caso debe crear precedentes díficilmente superables más tarde» porque la solución al problema pasa por otras «cuestiones». Gisbert prevé «graves consecuencias para la prestación del servicio por los fiscales», extremo que ya ha traslado al fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, para que «exiga una solución rápida y real» a la Conselleria, a quien reprocha que haya hecho efectivos los recortes en los taxis antes de haber logrado la implantación de la videoconferencia (de la que en Valencia sólo disponen Llíria, Sagunto y Requena).
Justicia estrenó a principios de mes un sistema de videoconferencias en Alicante, Nules y Onteniente. Las previsiones pasan por hacerlo extensivo a las 302 salas de vistas de los 36 partidos judiciales e implantarlo en los 300 portátiles de fiscales y forenses. El sistema, según la Generalitat, estará totalmente operativo a finales de año, cuesta más de dos millones y permitiría ahorrar 900.000 euros en taxis.
La Fiscalía, que defiende además el uso del fax y el correo electrónico para la presentación de escritos, cree que la solución requiere también una mayor implicación de los jueces. De ellos exige un uso más racional de la agenda, de manera que concentren en el menor número de días la mayor cantidad de actos judiciales.
Fuente: www.abcdesevilla.es
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