¿Pretendera bajar salarios?: "Justicia estudia las diferencias salariales de los funcionarios en cada CCAA"

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas (CCAA) han decidido elaborar un estudio sobre las diferencias en las retribuciones salariales de los funcionarios en las distintas comunidades para extraer las consecuencias que esas desigualdades provocan en la Administración de Justicia.
Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una rueda de prensa celebrada al término de la conferencia sectorial en la que durante unas cuatro horas ha debatido con representantes de diez CCAA asuntos como la unificación de los sistemas informáticos, la implantación de la nueva oficina judicial o mejoras en los registros civiles.
En esta reunión, a la que han asistido representantes de las comunidades de Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia, Cantabria, Aragón, Asturias, Canarias, Madrid y Valencia, se ha decidido estudiar las políticas retributivas en las distintas comunidades y analizar las diferencias entre ellas y con respecto al Ministerio de Justicia.Según advirtió Bermejo, esto no debe ser interpretado como que se pretenda homogeneizar los sueldos, ya que eso también depende de las competencias de las CCAA, sino que se trata de 'un primer paso' en la valoración de los efectos que esas diferencias salariales crean en la Administración de Justicia porque se ha detectado que puede generar distorsiones en las demandas de plaza de los funcionarios.
Otro de los acuerdos adoptados hoy ha sido la creación de 25 nuevos juzgados especializados en violencia machista que surgen de la agrupación de demarcaciones judiciales que por número de habitantes no pueden crear un juzgado de carácter exclusivo.Respecto a la unificación de los sistemas informáticos, Bermejo ha propuesto la creación de un consorcio para integrar a todas las administraciones en un plan de esfuerzos para el desarrollo de sistemas de información comunes.En este sentido ha anunciado que habrá distintos niveles y tiempo de integración en el consorcio para que de forma paulatina, las comunidades que decidan adherirse a este plan, puedan trabajar con sistemas integrados y compatibles con los de otras comunidades o el Ministerio de Justicia y evitar así, que como en el caso de la niña Mari Luz, un juez no conozca la condena impuesta a un acusado que se encuentra a su disposición.
La conferencia sectorial también ha acordado mejorar el funcionamiento de los registros civiles al haberse detectado 'un aumento exponencial' en las demandas de nacionalidad que han provocado la toma de medidas para agilizar la gestión y tramitación.Estas mejoras, ha dicho el ministro, son necesarias a corto plazo mientras se elabora 'la nueva ley del Registro Civil del siglo XXI' y que se pretende que sea 'una gran base de datos' que ayude a reducir la presencia física del ciudadano para la obtención de documentos.Bermejo ha aprovechado también la reunión para trasladar a las CCAA un amplio informe sobre la nueva oficina judicial, aprobada en el consejo de Ministros del pasado viernes, y que establece las nuevas funciones del juez, que se limitará a 'juzgar y hacer ejecutar lo juzgado', y de los secretarios judiciales, a los que se encomienda la dirección técnico-jurídica de la oficina judicial.En la reunión, las Comunidades Autónomas han planteado varias demandas para mejorar la Administración de Justicia en su territorio, y así Madrid ha solicitado la creación de cinco nuevos Juzgados de violencia de género para 2009 y ha abogado por la 'comarcalización' de estos órganos para que extiendan su jurisdicción más allá de sus respectivos partidos judiciales.Por su parte, la consejera de Justicia valenciana, Paula Sánchez de León, ha reclamado un escenario 'objetivo, transparente y estable' de financiación de la Justicia, igual para todos los ciudadanos y sin diferencias según el lugar en el que residan.Según Sánchez de León, Bermejo le ha remitido al vicepresidente económico, Pedro Solbes, para abordar este asunto, lo que la consejera valenciana ha criticado porque considera que las necesidades de financiación deben ser fijadas por los responsables de Justicia, con independencia de quién haga la aportación económica.
Fuente: Actualidad.terra.es