Justicia iniciará en un mes la destrucción de dos millones de expedientes judiciales

El expurgo afectará a la quinta parte de los litigios almacenados en el Archivo Provincial
A. RALLO
"Mira, aquí empezó todo. Esta es la caja número 1". El citado archivador toma polvo en la parte baja de una de las decenas de estanterías dispuestas en dos enormes naves. Hubiera sido prácticamente imposible -para alguien que entra por primera vez- encontrar la caja sin ayuda del personal que trabaja en el Archivo Provincial de Valencia. Pero ellos, por suerte, conocen al milímetro todos los rincones. Si no, lo más fácil sería perderse.
El silencio de las dos salas no se rompe ni siquiera con los pasos al recorrer el lugar. Sólo el relinche de unos caballos quiebra la tranquilidad. "Tranquilo, son de la casa de al lado", aclara el empleado.
La destrucción de la quinta parte de los expedientes comenzará aproximadamente en un mes. "A mediados de noviembre", concreta Salvador Vilata, presidente de la Junta de Expurgo, órgano que ha realizado el trabajo previo de clasificación.
A finales de octubre se mantendrá una reunión con los responsables de la Conselleria de Justicia. Será en ese encuentro donde se fije la fecha para comenzar a eliminar todo el material. "El mayor expurgo judicial en la historia de España", como presumió en su día el anterior conseller de Justicia, Fernando de Rosa, ahora vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. La actual consellera, Paula Sánchez de León, insiste en que el objetivo es descongestionar los edificios judiciales reciclando aquellos expedientes que no estén en trámite y catalogar los de interés social, histórico o cultural.
Allí se acumulan "unos diez millones de expedientes repartidos en unas 234.000 cajas". Evidentemente, no todas contienen el mismo número de documentos. El expurgo afectará a dos millones de litigios desde 1942, desde procedimientos de Habeas Corpus, a expedientes de contrabando, juicios verbales, diligencias, actos de conciliación o rollos de apelación, entre otros.
Ahora, los expedientes que se van a destruir aparecen marcados con una X, otros ya se encuentran metidos en cajas. El destino será el mismo: una empresa de reciclaje de Náquera -la misma que trata el papel de la Ciudad de la Justicia- donde serán triturados.
Normalmente, los expedientes se suelen acumular hasta los cinco años en la Secretaría del Juzgado. Posteriormente pasan al Archivo Intermedio, donde permanecen hasta los 15 años. Por último, terminan en el Archivo Provincial de Valencia, lugar en el que se conservan desde los 16 a los 30 años. De todos modos, estos intervalos son muy variables y se pueden producir saltos de uno a otro sin agotar el periodo previsto.
Una vez llegue el ok de la Conselleria tras la reunión, un camión trasladará un enorme contenedor hasta las dependencias. "Lo dejarán aquí", dice uno de los trabajadores mientras señala una puerta de acceso a las dependencias. "Será como los del puerto de Valencia", añade para dar una idea del tamaño.
Los responsables calculan que el contenedor tiene capacidad para unas 3.000 cajas. Las distancias entre las dos naves y teniendo en cuenta que el depósito no se podrá mover convertirán la tarea de llenarlo en poco menos que una odisea.
El traslado se hará en una especia de "jaulas", carros protegidos con vallas de gran altura, donde se pueden transportar unas 70 cajas. En definitiva, el tiempo previsto es de unas 23 semanas o lo que es lo mismo, unos cuatro meses.
Fotos de la destrucción
Cada vez que un contenedor se desplace a la planta, el secretario de la junta viajará con él. Su misión será comprobar que realmente toda la documentación queda destruida y es imposible tener acceso a ella. Para ello se tomarán fotos del momento de la llegada y tras la destrucción en la máquina.
El expurgo comenzará en los expedientes a partir de 1940. De los anteriores "no se toca nada. Esos documentos se han enviado al Archivo del Reino". Desde esa fecha en adelante se podía eliminar todo, "pero se ha consultado a los secretarios judiciales correspondientes por si necesitaran algún expediente". Luego, además, el archivero realiza su propio informe.
El presidente de la Junta de Expurgo pone el ejemplo de un robo para aclarar por qué no se destruyen documentos más cercanos en el tiempo. "Desde 1997 en adelante no se destruye tampoco nada porque se podría encontrar al culpable de ese delito, que todavía no ha prescrito".
Una vez se publicó el anuncio de la destrucción del material se abrió un plazo de dos meses para que cualquier interesado pudiera recuperar parte del material que aportó en la causa. El plazo terminó el pasado 22 de septiembre. "Hemos recibido muy pocas solicitudes y todavía menos de aquellas que hacen referencia a los asuntos que se van a eliminar". En concreto, sólo a una persona se le devolverá "un documento que añadió en su día a la causa".
Pese a que la destrucción de los expedientes aligerará el Archivo Provincial -se eliminarán unas 72.000 cajas- y quedará espacio libre, este no permanecerá en ese estado por mucho tiempo. Las estanterías no tardarán demasiado en volver a llenarse, anticipa Vilata. En esta ocasión con el material en papel que acumulan muchos otros partidos judiciales, "pero también con parte del Archivo Intermedio".
Los documentos pertenecientes a la Riada de 1957 o a la Pantanada de Tous serán conservados y se trasladarán a los diversos archivos de la Comunitat. También ocurre lo mismo con todo el material de las elecciones o referéndums. De la misma forma se custodiarán los expedientes afectados por la antigua Ley de Vagos y Maleantes, puesto que los ciudadanos afectados tienen derecho al resarcimiento, tal como se especifica en la Ley de Memoria Histórica.
Fuente: Las provincias.es