Alacant: Los sindicatos rechazan en bloque que los procuradores sean agentes de la autoridad

Representantes de los funcionarios de los juzgados de Alicante denuncian que el poder que Gallardón otorga a la procuraduría en los desahucios o embargos esconde una privatización de la Justicia

  Los cinco sindicatos representantes de los trabajadores de Justicia en Alicante mostraron ayer su rechazo frontal a la medida integrada dentro del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que dota de mayor poder a los procuradores y les otorga la condición de agentes judiciales en todos los actos de comunicación en los que actúen, tales como embargos, subastas o desahucios.
Los sindicatos Intersindical, CCOO, UGT, Csif y Staj manifestaron ayer con una concentración su descontento con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y destacaron que a las protestas que llevan realizando contra las medidas de Gallardón se suma ahora el apartado de la normativa en la que se especifica que los procuradores puedan ejercer funciones realizadas por funcionarios, como son los actos de comunicación.
Desde la plataforma sindical en Alicante, integrada por los citados sindicatos, se explicó que el poder que Gallardón otorgará a los procuradores "evidencia un claro pronunciamiento por la privatización de la Justicia al poner a trabajar a procuradores en un ámbito en el que trabajan los funcionarios", según señaló ayer el representante de CCOO, Jaime Martín de Hijas. "No solamente es que se ponga en peligro al funcionariado, sino que además este poder de autoridad judicial que se otorga al procurador, que cobrará por cada comunicación en un desahucio o embargo, encarecerá la Justicia porque su coste se pagará en costas", añadió.
La LEC permite a los procuradores desempeñar los actos que actualmente realiza el funcionariado de los servicios comunes de notificaciones y embargos si, previamente, lo solicita el cliente del abogado y procurador. Sin esta solicitud no es expresa, la función la seguirá llevando a cabo el funcionario. Sin embargo, si así lo concreta un demandante de Justicia en algunos ámbitos como los desahucios, los actos de comunicación los podrá hacer un procurador, el cual actuará sin depender de la comisión judicial y, por tanto, según señaló el decano del Colegio de Procuradores de Alicante, Enrique de la Cruz, agilizar los trámites. De la Cruz explicó en una reciente entrevista concedida a INFORMACIÓN que los procuradores sólo podrán trabajar en un 25% de todo el ámbito del funcionario de estos servicios de comunicación y que en ningún caso encarecerá la Justicia, algo que fue ayer negado por los sindicatos.
Para Martín de Hijas, entre la privatización del Registro Civil, las tasas judiciales y el poder a los procuradores "hay un afán de privatización". Asimismo, indicó que existe "temor por la falta de información" sobre los funcionarios de los juzgados de Instrucción después de que la LEC prevea que la instrucción penal la lleve íntegramente un fiscal en vez de un juez.

Fuente:  www.diarioinformacion.com