El Ministerio de Justicia trató in extremis de salvar su reforma legal para acortar los plazos de la instrucción judicial.
La reforma legal del Ministerio de Justicia para acortar
los plazos de la instrucción de los sumarios penales ha derivado en una
monumental chapuza, a falta de una semana para que entre en vigor. El
cambio que introdujo la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal pretendía que el 6 de junio todos los jugados
españoles tuviesen calificados todas las causas judiciales en la vía
penal como simples o complejas. Las primeras dispondrían de un plazo
máximo de instrucción de seis meses. Para las complejas, ese periodo
podría ampliarse un año más.
Cuando faltan siete días
para que llegue la fecha, nadie, ni el Consejo General del Poder
Judicial, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Ministerio de
Justicia, ni el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia
(SISEJ) conocen el número exacto de los sumarios pendientes. El propio
ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio dos cifras distintas hace semana y media: aseguró primero que los sumarios a clasificar desde diciembre eran 346.000 y tres días después elevó sus números a 460.000.
Este lunes, en una reunión con el Sindicato de Letrados
de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios de juzgados,
la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés reclamó a los
letrados que remitiesen las causas pendientes a las distintas fiscalías
para que puedan ser analizadas. En horas, algunas fiscalías empezaron a
recibir miles de causas pendientes, apiladas en cajas.
La respuesta de la fiscal general del Estado no se ha hecho esperar. El
martes dictó una instrucción para que los fiscales decreten como
complejas todas las causas a ciegas, sin siquiera examinarlas, para
evitar que esos procedimientos penales prescriban tras agotar los
plazos.
La nota de la Fiscalía General ordena: "Ante
la entidad y el número de pendencias que impide su análisis
pormenorizado, para hacer frente a tal situación procede cumplir con la
explícita previsión establecida en la conclusión número 15 de la
Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado, incluso con el empleo
de dictámenes uniformes para, alegando tal circunstancia transitoria y
extraordinaria como fundamento de la petición, emitir el pertinente
dictamen exclusivamente como ampliación de plazo". Es decir, como no hay
tiempo para examinar cada uno de los sumarios, declárense complejos
usando si hace falta un razonamiento tipo para evitar que sean
archivados.
El comunicado de la Fiscalía General del
Estado reclama además "que se remita en la medida lo posible el número
de causas penales que hayan sido dictaminadas por los fiscales desde el
día 30 de mayo hasta el 6 de junio en que vence el período transitorio
de aplicación del artículo 324 de la Lecrim. La respuesta del ministerio
público es una patada hacia adelante que permite ganar tiempo y evitar
que decenas de miles de casos se cierren en falso.
Entretanto, el fiasco de la reforma legal ha derivado en una guerra con
varios frentes en el sector de la Justicia. El Consejo Fiscal, el máximo
órgano de representación de los fiscales que incluye a la Fiscal
General del Estado, ya dio por hecho hace 15 días que los planes del Ministerio eran inasumibles.
La Unión Progresista de Fiscales acusó al Sindicato de Letrados de la
Administración de Justicia, de intentar cargar sobre los representantes
del Ministerio Público el fracaso enviándoles las causas a última hora y
SISEJ ha respondido calificando de irresponsables las declaraciones del
portavoz de la UPF y exigiendo una rectificación.
Todos los operadores judiciales coinciden en denunciar las deficiencias de la gestión política del cambio legislativo.
Fuente:www.eldiario.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario