El abismo del 6 del 6 de 2016

La declaración de causa compleja obedece a una cuestión de prevenir antes que curar Critican la nueva normativa, a la que tachan de «deficiente».

El sentir común es que se ha puesto en marcha una iniciativa sin dotarla de medios.

No se trata de declarar las causas de especial complejidad por sistema pero casi. Es más una cuestión de salvar los muebles, de evitar prescripciones y de acelerar la práctica de pruebas para sortear los efectos que el 6 del 6 de 2016 está dejando en las fiscalías de la Comunidad Valenciana. Es, en definitiva, un más vale prevenir que curar.
El tiempo apremia y el próximo lunes expira el plazo para que la Fiscalía revise todas las causas penales iniciadas después del 6 de diciembre cuya instrucción se ha limitado a seis meses. Que se prologuen un año más, depende de de que lo solicite el Ministerio Público alegando especial complejidad. Y para eso se han tenido que revisar una a una.
Está siendo un trabajo de chinos que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) ha criticado poniendo sobre la mesa su poca confianza en que se revise la complejidad de las causas en plazo. Considera que no va a dar tiempo.
De no pedir una prórroga, las instrucciones terminarán estén como estén. Y el Ministerio Público va a contrarreloj. La nueva ley le ha obligado a improvisar mucho en un terreno desconocido. Y hay una premisa no escrita: la petición casi automática de declaración de causa compleja a las diligencias que no dé tiempo a revisar para pedir o no esta prórroga.
En el fondo es lo de siempre. El anuncio a bombo y platillo de una nueva normativa cuyo mensaje teórico es una declaración de intenciones -la de limitar el tiempo del juez para evitar que las instrucciones se eternizaran como por ejemplo el caso Fabra, que duró nueve años- pero que en la práctica no se cierra. En las formas también: las mismas manos de siempre. Es la cara b de la nueva Ley de Enjuciamiento Criminal.
Su puesta en marcha ha revolucionado las fiscalías de Valencia y Alicante y ha puesto a trabajar a los acusadores públicos a marchas forzadas. De nuevo, nadan a contracorriente porque en Justicia todavía hay muchos obstáculos que superar. Para empezar, el sistema informático entre los juzgados y las fiscalías no es compatible.
Por eso, los fiscales han tenido que revisar a mano caso por caso para ver si pedían o no que se declarara de especial complejidad. Lo han hecho post it y bolígrafo en mano. Todo tan rudimentario como real. Lo que el lunes se ejecutará comenzó el pasado 6 de diciembre. Ese día empezó la cuenta atrás. La Fiscalía tenía seis meses para revisar todos los asuntos y solicitar o no una prórroga de un año más en caso de necesitarlo.
Esta especie de descontrol ha hecho, según los testimonios recogidos, que se haya perdido la esencia de lo que realmente es una causa de especial complejidad. La nueva normativa ha convertido la especial complejidad en un concepto amplio.
Se está pidiendo para tener más tiempo de practicar pruebas que en sí no son complejas. Es importante recalcar que, en este momento, hay muchas periciales que no se pueden realizar por falta de medios.
«Se ha establecido un plazo de instrucción máximo pero no se ha dotado de medios humanos y materiales. Nos piden que lo hagamos más deprisa pero no me ayudan.Es como si nos dieran un tirón de orejas, tenemos la sensación de que si antes íbamos más despacio era porque nos daba la gana y eso no es así», argumenta uno de los fiscales consultados por este periódico. Los problemas son dos, según esta misma fuente: «Que no hay medios y que la manera en la que se ha regulado la Ley es deficiente». La mayoría de la carrera fiscal se suma a esta afirmación.
La forma en la que han tenido que revisar las causas también es motivo de crítica así como la disparidad de criterios. Han tenido que ir al juzgado y, resaltan, que las cosas hayan salido bien se debe «única y exclusivamente» a las buenas relaciones entre los fiscales, el juez y el secretario. Y eso no es un criterio jurídico. «Nadie te puede obligar a llevarte bien con un juez y un secretario», apuntan.
Fuente: www.elmundo.es