El Pleno del Consell ratifica el convenio de cesión con el Ayuntamiento y se empezará a negociar un acuerdo
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El pleno del Consell aprobó ayer el convenio mediante el cual el Ayuntamiento de Alcoy cederá a la Generalitat el uso de un inmueble municipal para el nuevo Palacio de Justicia, donde se ubicarán los juzgados y la fiscalía del partido judicial y otros servicios para la Administración de Justicia, según informó la vicepresidenta Mónica Oltra. El inmueble, de 3.197 metros cuadrados, está situado en el número 2 de la Placeta Mare de Déu y en él se instalarán los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción con los que cuenta el partido judicial, así como la sección territorial de la Fiscalía, el Decanato y el Servicio de Comunicación de Notificaciones y Embargos. El alcalde Antonio Francés ha expresado su confianza en que el traslado pueda consumarse en agosto.
La nueva sede de la Administración de Justicia también contará con una clínica médico-forense, espacios para los miembros de los Colegios de Abogados y Procuradores, así como una sección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. Las instalaciones se completarán con los calabozos para los detenidos, la entrada de vehículos policiales y las dependencias para los efectivos de la Guardia Civil encargados de la guarda y custodia del edificio.
El nuevo Palacio de Justicia sustituirá a las actuales y desvencijadas dependencias que estaban repartidas entre la plaza de Al-Azraq número 3, donde estaban tres juzgados, y el local alquilado de la calle Gabriel Miró, donde estaba ubicado el juzgado número 4.
En el nuevo edificio, además de los cuatro magistrados y los correspondientes letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), trabajarán cuarenta funcionarios de la Generalitat entre gestores, tramitadores judiciales y personal auxiliar.
El convenio establece que el Ayuntamiento hará efectiva la cesión gratuita del edificio por un año, tiempo durante el cual el Consell y el consistorio alcoyano se comprometen a iniciar las gestiones para acordar la forma jurídica más conveniente para que la Generalitat adquiera el uso del inmueble de manera definitiva.
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