El pasado 1 de enero entró en vigor la ley que
decreta la desaparición del papel en los juzgados. Casi tres meses
después, esas oficinas manejan más papel que nunca. El proceso de
digitalización de la Justicia es imparable, pero hay un desajuste
básico: mientras que la entrada de documentos ya está informatizada a
través del sistema Lexnet, su digestión interna todavía ha de hacerse
por los medios tradicionales mientras no se disponga de lo que se llama
el expediente digital. Según los cálculos de UGT-Xustiza, el volumen de papel en los juzgados gallegos ha aumentado en un 30 %.
Abogados y procuradores están incorporados al mundo
digital desde hace años. Javier Sánchez, vicepresidente del Consejo
General de Procuradores de España, explica que desde hace una década ya
reciben por medio de Lexnet las comunicaciones de los tribunales; desde
finales del 2014 también ellos envían por ese medio sus documentos.
«Somos responsables del 95 % del tráfico
de documentos a través de Lexnet. Pero falta el expediente digital. La
funcionalidad del sistema facilitaría la creación del expediente
digital, que no es lo mismo que recibir estos documentos y tener que
imprimirlos y escanearlos, que es lo que está ocurriendo».
Los secretarios judiciales están soportando el peso
de las disfunciones que se producen en este momento de transición. Al
contrario de lo que ocurre entre procuradores y abogados, en la
Administración de Justicia, dice Rafael Lafuente, portavoz del sindicato
de secretarios Sisej, «aún no está plenamente implantada la firma
digital», y eso añade retrasos a la creación del expediente
informatizado.
Para este representante, otro problema es el que en
cada comunidad autónoma con transferencias en materia de Justicia, e
incluso entre varias de las que dependen del ministerio, se ha optado
por un programa diferente de gestión, y eso está forzando a un continuo
trabajo de homologación e interoperabilidad. En su opinión, las
dificultades «no se deben a un problema de falta de personal, sino de
mala organización». Lafuente cree que el proceso debería haberse llevado
por módulos piloto. «La digitalización funciona bien en la Audiencia Nacional
-dice-, porque es pequeña y se ha ido experimentando. Con ese método se
podría haber ido extendiendo el sistema poco a poco y aprendiendo con
la práctica».
Del ordenador a la impresora
Con esa apreciación coincide Manuel González Carvajal, responsable de Justicia en UGT-Galicia. «O
cambio hai que facelo por módulos antes de xeneralizar. Se rexistras
ben, cunha boa base de datos, se acaba o problema. Os decanatos deberían
ter máis xente, modernizar equipos e programas». «Nunca vi tanto
papel en los juzgados como desde que se decretó el papel cero», asegura
Jorge González Figueiras, presidente de CSIF Justicia en Galicia. «El
papel cero sin un expediente digital por completo es una quimera. Lo que
está suponiendo es un gasto en papel increíble. Escritos y demandas que
venían en papel, ya traían también su copia y todo lo que se
necesitaba. Ahora, según llegan telemáticamente, la primera cosa que se
hace en los juzgados es imprimirlos. Si a eso le añades que cada juzgado
tiene solamente un equipo que le sirve de fotocopiadora, de impresora y
de fax, la cosa se complica un poco más».
«Hai un equipo único de fotocopia
para cada xulgado -señala Manuel-. Entran dez ou vinte escritos cada
día. Imprimir todo iso xa te leva a mañá. E os seis ou sete funcionarios
restantes, esperando. Estamos a favor da dixitalización, pero hai que
facelo ben. A integración entre Lexnet e Minerva [el programa de gestión de documentos de los juzgados gallegos] é
insuficiente. Necesitamos dobre pantalla, así non teriamos que andar
minimizando e abrindo documentos ou imprimindo para dixitalizar».
El expediente digital deberá estar disponible a partir del mes de julio
El expediente digital que sustituirá a los legajos, a
veces de miles de folios, que aún atascan los almacenes de los
juzgados, deberá estar en funcionamiento a partir de julio. Los
sindicatos de funcionarios dudan de que esa fecha sea realista.
«Las conexiones de las que disponemos -dice Jorge
González, de CSIF- no van a soportar todo el tráfico de información del
expediente digital, y los sistemas informáticos, tampoco. Aquí uno de
los problemas con los que se encuentran los compañeros es que las
conexiones son lentas, falta capacidad, se cuelga, da errores. Sin ir
más lejos, en la oficina de presentación de escritos veo colas como
nunca se había visto, y eso se debe a que, con la entrada de nuevas
profesiones al sistema, al procurador o al abogado la presentación
digital le da fallo y no le queda más remedio que volver a la vía
tradicional. La iniciativa está muy bien, pero requiere inversión,
dotación de medios, compatibilizar los programas Lexnet con Minerva. No
es de recibo que en una Administración de Justicia nacional cohabiten
cinco o seis sistemas de gestión procesal, a mayores del que emplea la
Fiscalía».
«Todavía tenemos -añade el sindicalista- como sistema
operativo el Windows XP, y el navegador es el IE 8, que ya está en la
prehistoria; hay incompatibilidades entre Minerva y Lexnet, que unas
veces te sube los documentos, otras no. Y hay que recordar que la
Dirección Xeral de Xustiza en Galicia tiene un plan de amortización de
plazas que iba a ir acompañado de creación de plazas en sitios donde
fueran necesarios, pero de momento se ha quedado solo en amortizaciones.
O sea, cada vez menos manos para sacar un volumen de asuntos cada vez
más creciente».
A finales de octubre pasado, los jueces decanos de
España celebraron en Vigo su reunión anual. Entre las conclusiones del
encuentro figuraba la petición al Ministerio de Justicia de una moratoria en los plazos del plan de digitalización.
El documento de conclusiones de la reunión señalaba
que, aunque la carrera judicial es favorable a las nuevas tecnologías,
«el modo en el que se plantea ahora la gestión digital es insuficiente,
inadecuada, meramente propagandística y ajena a las auténticas
necesidades de los juzgados». Para estos jueces, que son los
responsables del reparto de los asuntos que entran en los tribunales,
«la improvisación y descoordinación con la que se pretende poner en
marcha el expediente digital provocará gravísimas disfunciones a menos
que se dote de los medios y recursos imprescindibles».
El Consejo Fiscal coincide básicamente con estos
planteamientos. El pasado miércoles, este órgano celebró una reunión
tras la cual señaló su «profunda preocupación por las importantes
disfunciones» que está suponiendo la aplicación del sistema Lexnet, y
advirtió de que las dificultades para una actuación eficaz de los
fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad
patrimonial para la Administración.
Los fiscales reclaman a Justicia la creación de un
programa único para los juzgados y las fiscalías. Según ellos, «las
disfunciones detectadas evidencian la imposibilidad de extender el
expediente digital más allá de las experiencias piloto donde con gran
esfuerzo se está aplicando».
Trasvase de costes de los profesionales a la Administración
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalaba días
pasados que el sistema Lexnet había generado en torno a un millón de
comunicaciones desde principios de año. Meses antes, el propio ministro
había cuantificado en 70 euros el ahorro que la digitalización generaba
en cada demanda que presentaban procuradores o abogados.
En la versión de los sindicatos, ese gasto se ha
trasvasado de los profesionales privados a la Administración pública en
coste de papel, reprografía y horas de trabajo. De acuerdo con los
cálculos de UGT Galicia, solo en los juzgados de A Coruña la
generalización del sistema Lexnet ha generado un coste extra de 700.000
euros más.
Para Jorge González Figueiras, de CSIF, si agilizar
la Justicia fuera una auténtica prioridad, se la dotaría de medios.
«Pero la Justicia solo da disgustos. Si comparamos el esfuerzo de las
autoridades para la modernización, por ejemplo, de la Administración
tributaria con el que se emplea con la Justicia... Allí sí que se
funciona con papel cero».
Fuente: lavozdegalicia.es
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